Empleados de las cárnicas denuncian presiones por la huelga: "Dicen que nos quitarán 250 euros al día si no vamos"

El sindicato UGT-FICA advierte de que algunos trabajadores han recibido mensajes sobre posibles represalias si se suman al paro estatal convocado en el sector del 9 al 13 de noviembre que coincide, además, con la huelga por la vivienda del 11N El sector cárnico se prepara para la huelga: “No estamos dispuestos a seguir siendo trabajadores a la carta” Las presiones empresariales para que los trabajadores no secunden una huelga siguen siendo una realidad. En el sector cárnico, CCOO y UGT han convocado cinco jornadas de paro en toda España, del 9 al 13 de noviembre, una movilización que coincidirá el próximo miércoles con la huelga por la vivienda. Sin embargo, desde UGT-FICA de Catalunya denuncian que los empleados de algunas compañías de esta industria están recibiendo mensajes que les advierten de posibles represalias si se suman a la protesta. La huelga en las cárnicas, una industria de peso en la economía catalana que acumula polémicas laborales y medioambientales, reclama mejoras para las plantillas tras el bloqueo de las negociaciones con las patronales para renovar el convenio colectivo estatal. La UGT asegura que en los últimos días se han sucedido llamadas, reuniones y comunicaciones en las que se ha advertido a los trabajadores de las posibles consecuencias de secundar la huelga. Entre ellas, menciones a despidos vinculados a una hipotética pérdida de clientes por el seguimiento del paro. El sindicato considera que estas prácticas son “absolutamente intolerables” y recuerda que el derecho a la huelga está reconocido tanto por la Constitución como por la legislación laboral. La secretaria del sector agroalimentario de UGT-FICA de Catalunya, Alicia Buil, explica que han detectado casos de cargos intermedios que preguntan a los trabajadores si tienen intención de hacer huelga, así como intentos de algunas compañías de cerrar acuerdos a la baja con los comités de empresa para desactivar la movilización. “Es un sector en el que hay muchas personas extranjeras recién llegadas y muchas de ellas no conocen sus derechos y tienen miedo”, señala. El sindicato prefiere no dar por ahora los nombres de las empresas implicadas, pero asegura que está recopilando pruebas para denunciar estas presiones ante la Inspección de Trabajo. “Esto también es un toque de atención”, advierte Buil. Un trabajador del sector que pide mantener el anonimato relata cómo han llegado estas presiones a algunos de sus compañeros: “Los coordinadores [de la sala de despiece] dicen que nos quitarán 250 euros por cada día que no vayamos a trabajar”, explica. Según las tablas salariales del último convenio, para el periodo 2024-2025, un oficial de primera del sector cárnico cobra 21.393 euros anuales de sueldo base. Con este rango salarial, un empleado dejaría de percibir alrededor de 80 euros en su nómina por ausentarse de su empleo durante una jornada, una cifra que dista mucho de los mencionados 250 euros. “Los encargados están hablando con la gente para convencerles de que no vamos a conseguir nada. Te meten miedo diciendo que, si la empresa pierde clientes, luego tendrán que prescindir de trabajadores”, afirma este empleado. El secretario general de CCOO de Industria del Vallès Oriental, Maresme y Osona, César Palacios, señala que su organización no ha detectado estas presiones “con tanta intensidad” en las empresas en las que tienen representación sindical. No obstante, sí tiene constancia de que se producen más en centros de trabajo donde no hay comité de empresa. “La simple pregunta de si vendrás a trabajar o no ese día ya condiciona”, añade. La industria cárnica española cerró 2025 con una facturación superior a los 42.000 millones de euros y genera más de 124.000 empleos directos, según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE). Esta entidad y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), las dos patronales que negocian el nuevo convenio del sector, denuncian la “irresponsabilidad” de CCOO y UGT por bloquear el acuerdo con su convocatoria estatal de paros. De hecho, han presentado una demanda contra ambos sindicatos ante la Audiencia Nacional por una “presunta vulneración del deber de negociar de buena fe”, que ya ha sido admitida a trámite. Sobre las presuntas presiones a los trabajadores, el secretario general de FECIC, Ignasi Pons, asegura que las organizaciones del sector entienden que “el derecho a la huelga se debe respetar, tanto para quien quiere hacerla como para quien no”. El directivo considera que estos hechos podrían responder a “un caso puntual” y niega que reflejen el clima generalizado en el sector. “No tengo esta percepción. El viernes estuve reunido con los delegados sindicales para intentar desbloquear el paro y este tema ni salió”, afirma. Subidas salariales y menos sobrecarga laboral Entre las principales reivindicaciones de esta huelga para el nuevo convenio colectivo destacan las subidas salariales que permitan compensar el encarecimiento del coste de la vida y repartir con las plantillas los mayores beneficios que, según estas organizaciones, han obtenido las empresas del sector en los últimos años. La propuesta de CCOO y UGT en la mesa negociadora pasa por un incremento salarial mínimo del 5% anual durante los tres años de vigencia del convenio (2026, 2027 y 2028). Los sindicatos también exigen recuperar la cláusula de revisión salarial, que permitiría ajustar los incrementos pactados a la evolución del IPC. Frente a estas demandas, la última oferta de la patronal tras una reunión de seis horas el pasado viernes es una subida del 4% para 2026, acompañada de “una cláusula de revisión salarial sin tope”, así como incrementos del 2,5% para 2027 y del 2% para 2028 y 2029 (proponen alargar un año más el convenio), con mecanismos adicionales de revisión salarial de hasta el 2,5% para cada uno de estos tres ejercicios. “Nos hemos pasado un año haciendo propuestas y todo ha parecido poco”, lamenta Pons, de FECIC. Más allá de las reclamaciones salariales, los sindicatos rechazan la propuesta de la patronal de ampliar la bolsa de horas hasta las 165. Este mecanismo permite reducir la jornada en épocas del año con menos actividad y ampliarla cuando aumenta la producción. Actualmente, esta bolsa es de 145 horas y la jornada diaria máxima está fijada en diez horas. CCOO y UGT también coinciden en su preocupación por los elevados ritmos de trabajo. “Queremos saber qué velocidad se está exigiendo en las líneas de sacrificio”, reclama Palacios. El representante sindical recuerda que se trata de una profesión en la que se utilizan herramientas peligrosas, como cuchillos muy afilados, y advierte de que la sobrecarga laboral puede aumentar el riesgo de accidentes laborales. El sector cárnico arrastró durante años la polémica por el uso de falsos autónomos contratados a través de cooperativas de trabajo, una práctica que generó conflictos laborales y actuaciones de la Inspección de Trabajo y que las empresas se comprometieron a corregir. “Nos achacan que hay mucho absentismo en el sector, pero la gente no aguanta cinco días a la semana al ritmo al que se la somete”, sostiene un trabajador. Asegura que las plantillas y los salarios no han crecido al mismo ritmo que la producción de una industria que ha seguido expandiéndose pese a contextos adversos, como el brote de peste porcina africana (PPA). “Cuando abrió la planta de despiece donde trabajo empezamos procesando 2.000 cerdos y ahora llegamos a los 4.500”, explica. Pons replica que “la situación del sector es la que es” y recuerda que algunas empresas —como el matadero Patel, en Osona (Barcelona)— están ahora en ERTE por el impacto de PPA, que ha afectado a sus exportaciones. “La facturación es una cosa y el margen es otra”, concluye el directivo.