Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la… Ver más
La Asamblea Nacional tramitará un proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil que incorpora un capítulo específico para los drones y plantea su registro, autorización y control por parte de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). La propuesta fue aprobada para segundo debate el 20 de septiembre de 2026 por la Comisión de Desarrollo Económico y contempla nuevas reglas para aeronaves no tripuladas en Ecuador.
El proyecto incluye disposiciones para drones de uso privado y público, con excepciones para equipos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicio Nacional de Aduana. La DGAC tendría facultades para registrar, autorizar, controlar y fiscalizar estas aeronaves. Además, el texto prevé su incorporación al Registro Aeronáutico Nacional.
La propuesta también establece controles para los drones que ingresen desde otros países. Según el texto difundido, un equipo adquirido en el exterior deberá cumplir con los requisitos técnicos y administrativos antes de su nacionalización o liberación por la autoridad aduanera. La medida busca identificar los equipos que operen dentro del espacio aéreo nacional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el registro obligatorio. La propuesta plantea que las aeronaves no tripuladas estén identificadas y que sus operaciones puedan ser rastreadas. La asambleísta Valentina Centeno explicó que el proceso se plantea de forma simplificada y 100 % en línea.
La iniciativa también contempla permisos para operaciones comerciales, autorizaciones para pilotos a distancia y pólizas de seguro, de acuerdo con las condiciones de cada actividad. Además, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participarían en tareas de control dentro de sus competencias.
Sin embargo, estas obligaciones no parten de cero. La DGAC ya aplica la regulación RDAC 101 para los sistemas de aeronaves no tripuladas. Esta norma establece, entre otros requisitos, el registro de drones de 250 gramos o más. Para operaciones profesionales o comerciales también exige permisos y certificaciones específicas.
La DGAC informó que entre el 5 de mayo y el 15 de diciembre de 2025 registró 1.032 drones. El trámite se realiza en línea y permite identificar al propietario, el modelo, el número de serie, el peso y la finalidad de uso de cada equipo.
El proyecto plantea, además, restricciones para determinadas zonas y actividades. Una de ellas se relaciona con los incendios forestales. Operar un dron cerca del espacio aéreo de un incendio sería considerado una infracción muy grave, salvo cuando el equipo sea utilizado por servicios públicos que participan en el combate del fuego.
Las infracciones muy graves contempladas en la propuesta podrían recibir multas de 21 a 30 salarios básicos unificados o la suspensión temporal del permiso o certificado de operación por entre tres y seis meses. Estas medidas forman parte del nuevo régimen sancionatorio incluido en el proyecto.
También se contempla la coordinación entre la DGAC, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Aduana. El proyecto establece, además, mecanismos para actuar cuando un dron sea utilizado en un delito, incluida su incautación dentro de las competencias legales de cada institución.
Centeno señaló que el registro también responde a casos en los que los drones han sido vinculados con actividades delictivas. La legisladora mencionó un operativo en el que fueron detenidos dos hombres que tenían un dron grande presuntamente adaptado para transportar explosivos. "Un dron está al servicio de la delincuencia organizada", afirmó.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate con ocho votos el 20 de septiembre. La propuesta reúne en un solo texto disposiciones de la Ley de Aviación Civil y del Código Aeronáutico. Además, incorpora reglas sobre nuevas tecnologías y actualiza el régimen de control y sanciones del sector.
Según Centeno, el proyecto forma parte de la agenda prevista para el Pleno de la Asamblea del 25 de septiembre de 2026. La aprobación del informe no significa que la nueva ley ya esté vigente, pues todavía debe continuar el trámite legislativo correspondiente.
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