La frase es dura y no admite eufemismos: “No es casual que la cifra de fallecimiento de jubilados sea mayor que durante la pandemia”. Quien la pronunció es Ávalos, presidenta del Centro de Jubilados de ATE, y lo hizo para describir lo que considera el peor momento de la obra social más grande de América Latina.
Según la dirigente, el colapso del Pami ya se traduce en hechos concretos: cese de médicos de cabecera, suspensión de clínicas, prestaciones y farmacias. “Todos los jubilados, en todo el país, carecen de atención y ya están informando que para ser atendidos tendrán que abonar”, advirtió. No es una amenaza futura: es lo que está pasando ahora.
Ávalos apuntó contra lo que definió como un “manejo de casta” de los recursos del organismo. Denunció que el gobierno nacional “establece sobreprecios, nombra jerárquicos a sueldos millonarios, tranza con laboratorios y grupos concentrados de salud”, mientras paga insumos como anteojos, prótesis, pañales y sillas a precios exorbitantes. Sobre el destino de los fondos, sostuvo que “se puede suponer que están yendo al mantenimiento del dólar para garantizar el carry trade y las importaciones, o al pago de la deuda con Trump y con el FMI”.
La situación territorial es igual de grave. Se cierran dependencias y los jubilados deben viajar kilómetros para conseguir atención, farmacias o laboratorios. Muchos médicos de cabecera abandonan sus puestos ante la rebaja en sus honorarios, y las asociaciones médicas realizan medidas de fuerza en rechazo al retraso en los pagos del organismo. El sistema, en muchos puntos del país, directamente no funciona.
El golpe más duro llega por el lado de los medicamentos. Más de dos millones de afiliados quedaron excluidos de la cobertura de entrega gratuita de fármacos, según denunció Ávalos. Ahora deben gestionar subsidios sociales o trámites de excepción para acceder a remedios que antes recibían sin costo. El gobierno asegura haber girado fondos para regularizar deudas, pero las demoras y el colapso en clínicas y consultorios externos continúan.
Frente a este panorama, las organizaciones de jubilados presentaron un pliego de reclamos histórico. Entre los puntos centrales: “Basta de 47 años de intervención en el Pami, que se cumpla la ley, apertura de los libros, investigación de contratos y de personal con sobresueldo, juicio y castigo a los funcionarios responsables del robo y vaciamiento del Pami”. También exigen la restitución inmediata de medicamentos sin costo y la ampliación del listado de atención e insumos. La crisis prestacional del Pami no es un rumor ni una proyección: es el presente de millones de jubilados argentinos que aportaron toda su vida y hoy no encuentran respuesta.
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