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Nevaco Global
16 de noviembre de 2026

El proyecto Malvinas divide aguas en Diputados

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Mientras termina de zanjar las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con pedidos de modificaciones de parte de fuerzas aliadas en artículos muy sensibles, el oficialismo terminó de delinear el temario de la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, donde también se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los votos para sancionar en general el proyecto que aborda la cuestión Malvinas (y que también trae un conjunto de disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional) están garantizados, pero está en riesgo el capítulo 7 del dictamen, que incluye la creación de nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera” y requieren de una mayoría especial de 129 voluntades para su aprobación.

El asunto se conversó con detenimiento en una reunión a puertas cerradas que se desarrolló en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, de la que participaron referentes de bloques aliados.

En ese marco, el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), la radical bonaerense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), reclamaron expresamente eliminar o al menos modificar de raíz el capítulo 7.

En cambio, el PRO se comprometió a apoyar el proyecto plenamente, ya sea que se le apliquen modificaciones o se mantenga igual.

El capítulo en cuestión prevé severas multas a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.

Además propone penas de prisión por “facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”, entre otras medidas.

El principio rector de la iniciativa que la oposición dura se resiste a respaldar es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una supuesta “amenaza externa” o acciones “terroristas”, términos que, según los bloques críticos del Gobierno, aparecen vagamente definidos en el proyecto.

Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un “caballo de Troya” que esconde una inédita concentración de facultades en el Poder Ejecutivo para permitirle tomar medidas de excepción como si fueran normales.

Si bien el proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.

Además, se suavizaron las multas, pasando de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo (lo dispuesto en el texto original) a entre 2 mil y 40 mil.

A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y gobernadores.

Este nuevo órgano, que tiene la tarea primaria de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en “operaciones no convencionales” son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.

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