Los vecinos de City Bell frente a un nuevo reclamo de mayor seguridad

Las voces que se alzaron en el cruce de Camino General Belgrano y 452 no reclaman hoy un retoque cosmético en las estadísticas policiales ni el despliegue transitorio de patrulleros. El reclamo masivo de los vecinos de City Bell, que no es el primero en medio de numerosas situaciones de inseguridad, es un pedido de auxilio ante una realidad inquietante: la vida cotidiana en la zona norte de La Plata ha quedado subordinada a la crueldad desmedida de bandas criminales organizadas.

El brutal episodio sufrido por Antonieta y su esposo —sometidos durante dos agónicas horas a torturas físicas, agresiones con herramientas y amenazas explícitas de mutilación y muerte— sobrepasa por completo la figura tradicional del delito contra la propiedad.

Cuando la saña gratuita reemplaza al mero apoderamiento de bienes materiales, cuando el tormento deliberado se vuelve la metodología habitual de acceso a una vivienda, se cruza una frontera social e institucional de la cual resulta muy difícil retornar.

No existe cifra monetaria ni pertenencia robada que explique o justifique el desprecio por la vida humana que hoy aterroriza a familias enteras dentro de sus propias casas.

La escalada de violencia en City Bell no constituye un hecho aislado ni una trágica casualidad. Los registros periodísticos e informes vecinales dan cuenta de un patrón sistemático de entraderas concentradas en corredores específicos como las calles 21, 22, 449 y 451.

Ante este diagnóstico, la hipótesis de la comunidad es tan clara como alarmante: la marcada permeabilidad en los accesos a la ciudad y la inexistencia de controles estratégicos o “cerrojos” en los descensos de la Autopista Buenos Aires y las vías principales facilitan el ingreso de bandas operativas del Conurbano bonaerense que realizan sus ataques con logística coordinada y huyen velozmente impunes, según denuncian los vecinos.

Siempre se dijo en esta columna que vivir con el miedo instalado como rutina, reforzar rejas, resignar el uso del espacio público y aguardar con angustia la noticia del próximo ataque no es una forma aceptable de ciudadanía; es habitar una comunidad bajo condición de rehenes.

La inercia estatal y la falta de persecución penal efectiva no hacen más que consolidar una zona de liberación de hecho.

La paciencia social ha alcanzado su límite definitivo. Exigir prevención, presencia territorial real y controles permanentes en los ingresos no representa una solicitud de favores políticos, sino la demanda de cumplimiento del deber más elemental del Estado: resguardar la vida, la integridad física y la dignidad de los ciudadanos.

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