Pekín acusó a Chile y Bélgica de alterar las reglas multilaterales al presentar una candidatura conjunta para instalar en Valparaíso la Secretaría del Tratado de Alta Mar, con parte de su infraestructura técnica en Bruselas. La Cancillería chilena rechazó los cuestionamientos y defendió la propuesta como una fórmula de cooperación internacional. La controversia estalla a pocos días de la visita del presidente José Antonio Kast a China, principal socio comercial de Chile, y revela una competencia diplomática por la conducción de un organismo clave para la protección de los océanos
Una controversia diplomática inesperada se abrió entre Chile y China a pocos días de que el presidente José Antonio Kast viaje a Asia para participar en la cumbre de líderes de la APEC y reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. El motivo no es comercial ni está relacionado directamente con las inversiones, sino con la disputa por la sede de un organismo internacional encargado de implementar uno de los acuerdos más importantes de las últimas décadas para la protección de los océanos.
El gobierno chino cuestionó duramente la decisión de Chile y Bélgica de unir sus candidaturas para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ, por sus siglas en inglés.
La propuesta, anunciada el 6 de noviembre, contempla instalar la Secretaría Ejecutiva en Valparaíso, mientras Bruselas albergaría la infraestructura técnica del mecanismo de intercambio de información y determinadas reuniones de los órganos subsidiarios.
China, que también aspira a recibir la sede del organismo en la ciudad de Xiamen, considera que esta fórmula vulnera las reglas del acuerdo y pretende condicionar decisiones que corresponden al conjunto de los Estados participantes.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, formuló el jueves 12 de noviembre una serie de cuestionamientos que exceden las habituales diferencias entre países que compiten por albergar una institución internacional.
Según la diplomática, Chile y Bélgica negociaron bilateralmente materias que deberían ser resueltas por la Conferencia de las Partes del tratado, el organismo multilateral encargado de adoptar las principales decisiones sobre su funcionamiento.
La portavoz sostuvo que ambas naciones habían actuado sin consultar al resto de los Estados y calificó la iniciativa como una falta de respeto a la autoridad de la conferencia.
Uno de los principales reparos chinos se refiere a la decisión de separar geográficamente la Secretaría Ejecutiva y el mecanismo de intercambio de información, conocido como Clearing-House Mechanism.
Este último constituye una pieza importante del acuerdo, pues permitirá compartir información científica, tecnológica y administrativa relacionada con la conservación de la biodiversidad marina.
Pekín argumenta que establecer ambos componentes en continentes diferentes podría elevar los costos operativos, dificultar la coordinación institucional y aumentar las obligaciones financieras de los países participantes.
China también cuestiona que la candidatura conjunta sea presentada como un paquete que los demás Estados deberían aceptar o rechazar, en lugar de decidir separadamente sobre las distintas funciones del organismo.
En su declaración, Mao Ning acusó a Chile y Bélgica de politizar el proceso de selección y de intentar dividir a los países participantes en bloques enfrentados.
Son acusaciones del Gobierno chino, no conclusiones establecidas por una instancia internacional. Hasta ahora no se ha informado de una resolución de la Conferencia de las Partes que declare contraria al tratado la propuesta chileno-belga.
La Cancillería chilena respondió este viernes defendiendo la legitimidad de la candidatura conjunta y reconociendo expresamente el derecho de China a competir por la sede.