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El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos añade una nueva dimensión al debate sobre la ocupación israelí: no se trata únicamente de una cuestión militar o territorial. La expansión y consolidación de los asentamientos en el territorio palestino ocupado descansa también sobre una arquitectura económica compleja, integrada por bancos, constructoras, empresas energéticas, operadores turísticos, compañías tecnológicas y grupos internacionales.
La actualización de septiembre de 2026 de la base de datos de la ONU identifica 214 empresas procedentes de 11 países implicadas en actividades vinculadas a los asentamientos israelíes considerados ilegales por el derecho internacional. De ellas, 61 han sido añadidas este año, mientras que cinco fueron retiradas tras concluirse que ya no participaban en las actividades examinadas.
La imagen habitual de la colonización suele asociarse a viviendas construidas en colinas de Cisjordania. Sin embargo, el informe muestra una realidad mucho más amplia.
Las actividades analizadas por la ONU abarcan la construcción de asentamientos, el suministro de infraestructura, los servicios de transporte, la explotación de recursos naturales, las operaciones financieras, las telecomunicaciones, la vigilancia, el tratamiento de residuos y el turismo.
En otras palabras, los asentamientos funcionan como verdaderos ecosistemas económicos.
La propia ONU recuerda que estas actividades se desarrollan en el marco de una situación que la Corte Internacional de Justicia volvió a considerar contraria al derecho internacional en su opinión consultiva de julio de 2024.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la persistencia de importantes entidades financieras israelíes en la base de datos.
Según la clasificación de la ONU, estas entidades participan en actividades vinculadas al mantenimiento y desarrollo económico de los asentamientos, incluyendo operaciones bancarias y financieras.
El señalamiento de los bancos es especialmente significativo porque revela cómo la infraestructura financiera constituye una condición esencial para la expansión colonial: créditos hipotecarios, financiación empresarial, servicios de inversión y apoyo a desarrollos inmobiliarios.
La categoría más numerosa corresponde a promotores inmobiliarios, constructoras e ingenierías.
La ONU considera que estas actividades facilitan directa o indirectamente la construcción y expansión de los asentamientos, así como la infraestructura asociada.
Uno de los capítulos más sensibles afecta al sector turístico internacional.
Estas plataformas son cuestionadas por facilitar la promoción y reserva de alojamientos o servicios situados en asentamientos israelíes construidos en territorio ocupado.
La controversia excede el ámbito jurídico. Para numerosos expertos en derechos humanos, el turismo en los asentamientos contribuye a normalizar una situación considerada ilegal por la comunidad internacional, transformando espacios de conflicto y desplazamiento en destinos comerciales.
La base de datos incluye asimismo empresas vinculadas a telecomunicaciones y sistemas de seguridad:
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