100 días de De la Espriella: balance en seguridad, salud y capital político, ¿qué ha logrado y qué tiene pendiente?

En la biografía de varios presidentes famosos de la historia hay una constante que se revela desde el inicio del mandato: todos los días hay que apagar incendios. Y en un país como Colombia, ni se diga. Al presidente Abelardo De la Espriella le ha tocado hacerlo, pero desde su primer “día hábil” como mandatario: el 10 de agosto, cuando la tierra tembló y dejó el lamentable saldo de 300 muertos y más de 260.000 afectados, además de los retos que implica la reconstrucción, hoy bajo escrutinio. En contexto: El Fondo Milagro terminó en su propio terremoto: los episodios que llevaron a los cambios en su gerencia Se cumplen 100 días de mandato de De la Espriella y en cada jornada hay un tipo de incendio distinto por resolver, ya sea por la herencia del gobierno de Gustavo Petro en temas tan complejos como la seguridad, la salud, el déficit fiscal, pero también por la propia dinámica de un país dividido políticamente. La mitad votó por De la Espriella, por su promesa de la “patria milagro” y no de la “patria miseria”, cuya bandera principal es combatir al crimen para mejorar la seguridad. En la práctica, según datos del Ministerio de Defensa —disponibles para los primeros dos meses del mandato—, el Gobierno ha logrado disminuir la frecuencia de algunos delitos de alto impacto. Comparando los meses de agosto y septiembre de 2026, los homicidios bajaron de 1.190 casos en agosto a 966 en septiembre; las masacres, de 30 a 23; los secuestros, de 42 a 24; el hurto a personas, de 23.158 a 19.621; y los actos terroristas, de 123 a 98. Es un avance. Pero la apuesta por la seguridad y los retos en salud, que son dos asuntos fundamentales para los colombianos, no son los únicos temas de la agenda. El Gobierno ha trazado en estos primeros 100 días una hoja de ruta que a nivel narrativo pareciera concentrarse en la seguridad; sin embargo desde todas las carteras se hacen esfuerzos y apuestas, aunque no se comuniquen de la mejor manera, lo que ha suscitado críticas de varios sectores que reclaman mayor intervención de ministros y otros funcionarios en el debate público. Lo cierto es que estos primeros 100 días de mandato dejan ver a un jefe de Estado presente. Y aunque parezca una obviedad u obligación, veníamos de cuatro años de ausencias, “agendas privadas” y caos en la forma de gobernar. De la Espriella, en cambio, está en el día a día de la agenda nacional y ha delegado al vicepresidente José Manuel Restrepo —figura clave del gabinete— para que viaje al exterior mientras él recorre el país de norte a sur con su puesta en escena que debe traducirse en soluciones para las comunidades. A nivel político, no la tiene fácil. Su gobernabilidad aún es muy frágil pues prácticamente depende de las mayorías que logre conformar con el Centro Democrático en el Congreso. Ese partido, que hace parte de la coalición, ha sido crítico de algunas apuestas del Gobierno, lo que también equilibra la cancha. Aún así, con cambio de ministro incluido tras la salida de Rodrigo Lara en Interior, el Gobierno logró sacar adelante la ley de sometimiento, que es un marco legal clave para combatir a los delincuentes. Están pendientes, entre otros, el estatuto antiterrorista, la ley antimermelada y que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia, que es una promesa simbólica de un presidente costeño que ha tenido que ceder ante la fría Bogotá. Estos primeros 100 días son más que 100 incendios. Y está por verse si en el resto de mandato Abelardo de la Espriella logrará apagarlos todos, lo que sería el verdadero milagro. La lucha de frente contra el crimen, en contraposición a la política de negociaciones de su antecesor Gustavo Petro, ha sido el eje del proyecto político del presidente Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días de mandato, al punto de que ha invertido gran parte de su estrategia comunicativa en posicionar una narrativa de sheriff, es decir del comandante con atuendo militar que encabeza operativos y se carea con los delincuentes, de pistola al cinto y radio en la mano. Desde sus días de campaña, prometió que sería “el primer soldado de la Patria”, y lo ha llevado al extremo de estampar en una bomba su firma y la frase “Bienvenidos a la patria milagro”. El artefacto fue arrojado desde un avión Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial a un campamento del frente 33 de las Farc en Tibú, Norte de Santander, el 9 de noviembre, matando a cuatro presuntos delincuentes. “¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí?”, les preguntó horas después a seis sobrevivientes, esposados en una base militar. Otra de las promesas que ha cumplido fue la creación de los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana (BOSUR), con los que ha liderado operativos masivos en las ciudades, que han dejado cerca de 620 capturados en Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga. Tal cual lo había prometido, acabó con la política de “paz total” de Petro, con sendos decretos que suprimieron las mesas de diálogos, y logró que el Congreso le aprobara la Ley de Sometimiento, con la que ofrece a los grupos criminales otra opción para alcanzar un desarme con beneficios jurídicos, sin necesidad de negociaciones. Es destacable, en términos de seguridad, la reactivación de la cooperación militar con Estados Unidos e Israel, una relación que venía maltrecha, y que ahora se traduce en mayores recursos para la capacitación, la maquinaria de guerra y el intercambio de Inteligencia. Con los norteamericanos y otros 17 países de la región se constituyó la Coalición de las Américas contra los Carteles, que suma esfuerzos en la lucha contra la delincuencia transnacional. La ofensiva generalizada contra el crimen se ha traducido en unas 32.000 capturas y la firma de 167 extradiciones, entre ellas la de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de los Comandos de Frontera y exnegociador de la “paz total”. El Gobierno ha autorizado ocho bombardeos en este tiempo, que impactaron a las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. El más mortífero fue el del 30 de agosto en Miraflores, Guaviare, que dejó 23 muertos del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia fariana que comanda Néstor Vera (“Iván Mordisco”). Ese hecho dejó una de las imágenes más emblemáticas y polémicas de lo que lleva la administración, cuando De la Espriella se grabó caminando triunfante entre los cadáveres embolsados. En cuanto a los objetivos de alto valor estratégico, se destacan las bajas de José Pérez Villanueva (“Cholo”) y Naín Pérez Toncel (“Bendito Menor”), de “los Pachenca”; Duván Castillo Cortés (“Max Max”), jefe de explosivistas del bloque Occidental del EMC; y Juan Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), cabecilla del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). A la fecha, el Gobierno se atribuye la captura o muerte de 36 cabecillas de distintas organizaciones. Aun así, no ha conquistado los trofeos de guerra que De la Espriella declaró como objetivo militar antes de ponerse la banda presidencial: Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), del EMBF; Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”) y Carlos García Téllez (“Andrey Avendaño”), del ELN; al igual que “Iván Mordisco”, del EMC. Tampoco ha disminuido la violencia en los sitios críticos, como Cauca, Valle, Norte de Santander y Arauca, donde cada semana no faltan los atentados a la Fuerza Pública, secuestros y bombazos. El jefe de Estado no ha logrado que despegue su plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos, a pesar de que dijo que lo haría desde el primer día, y todavía no es claro cuál es su estrategia antidrogas. La lista de pendientes también incluye los buques-cárcel de la Armada, que por ahora no registran avances; y la eliminación del Inpec, para reemplazarlo por otra entidad carcelaria, que ni siquiera está en el borrador de algún proyecto de ley. De la Espriella tiene razón cuando dice que los daños que una administración produjo en un cuatrienio no se pueden resolver en apenas 100 días. Esas afectaciones heredadas son palpables en el sector Defensa, cuando hay que enfrentar grupos armados que crecieron hasta sumar 29.000 integrantes, administrando grandes fortunas por la bonanza del narcotráfico y la minería ilegal de oro. Por la floja administración y recortes presupuestales, “solo el 46% de la capacidad militar está disponible para realizar operaciones”, según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, lo que implica un descuido en el mantenimiento y compra de medios de transporte y logística. El rezago se sufre particularmente con la ausencia del Escudo Antidrones, con el que tanto cacareó el gobierno anterior, porque los ataques terroristas con estos aparatos siguen siendo el pan de cada día. Vea también: ¿Cómo califican los colombianos al presidente Abelardo? La vara para medir al presidente De la Espriella en materia de salud se la puso él en la campaña presidencial de la que salió vencedor. “Yo con $10 billones en 90 días estabilizo el sistema y no dejo que nadie se quede sin medicamentos y sin tratamientos. Y además, puedo pagarles a las EPS (entidades promotoras de salud) que lo están haciendo bien y a los médicos y al personal clínico y hospitalario”, prometió. Hoy, a 100 días de iniciado su Gobierno, se puede asegurar que su plan en salud tiene el mérito de estar adelantando un “plan de choque” que prioriza a los pacientes más críticos y de haber marcado un camino totalmente opuesto al de su antecesor, pero tiene el pendiente de la incertidumbre por encontrar de dónde sacar los recursos para sostener un sistema que heredó destruido y con la contingencia inesperada del terremoto del 10 de agosto. Estos más de tres meses han estado marcados por su intento de estabilizar un sistema golpeado por las deudas y las barreras para acceder a medicamentos, citas y procedimientos. A la par, retomó el buen trato con las EPS, organizaciones de pacientes y otros actores del sector que, para el Gobierno Petro, eran enemigos. Sin embargo, también ha tenido sobresaltos, como la estabilidad en los cargos. La dirección de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) está en calidad de encargo de la viceministra de Protección Social, Marcela Brun, luego de que Iván Sánchez fuera declarado insubsistente cuando corría el segundo mes de su gestión. Esa entidad es clave, pues es el “banco de la salud” que se encarga de manejar la plata que sostiene el sistema. Y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tuvo el nombramiento fugaz de Hannah Escobar, a quien la ministra Ana María Vesga le pidió la renuncia luego de una campaña de desprestigio que sufrió en redes sociales por parte de influenciadores aberladistas por sus posturas liberales (como en favor de la interrupción voluntaria del embarazo). También ha estado marcado por mensajes cruzados. De la Espriella anunció que las EPS “inviables” deberían liquidarse ordenadamente, mientras Vesga habló de estabilizarlas. Según la Contraloría, de 23 EPS en operación solo cuatro —Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura— cumplían las condiciones financieras. La organización Pacientes Colombia advirtió que, por ejemplo, liquidar Nueva EPS (11,4 millones de afiliados) podría quebrar el sistema. Caminos para solucionar A junio de 2026, las 23 EPS analizadas por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud reportaban activos por $21,65 billones y pasivos por $40,35 billones: déficit patrimonial de $18,7 billones, 63% mayor que un año antes. Entre tanto, las cuentas por pagar sumaban $19 billones y las provisiones $20,4 billones. A corte de junio de 2026, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) acumulaban deudas por $27,8 billones, según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas: 8,2% más que seis meses antes y con 60,5% vencidas. Nueva EPS encabezaba la lista, con $8,35 billones y $5,94 billones en mora. Nueve aseguradoras intervenidas o vigiladas concentraban el 65,7 % de la deuda total. La falta de pagos, vale recordar, provoca cierres de servicios, restricciones, demoras y saturación de los servicios de urgencias. La apuesta principal del Ministerio de Salud fue el “Plan de Choque” para 1.069.196 pacientes con medicamentos, citas o procedimientos pendientes. Prioriza enfermedades de alto costo, crónicas y de riesgo, además de mujeres gestantes. Además, para aliviar las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores, el Gobierno anunció una compra de cartera a cero interés y con un año de gracia. Sin embargo, no estaba claro de dónde saldrían los recursos. La ministra había solicitado $13 billones, pero las adiciones presupuestales pedidas fueron de $2 billones y otros $3 billones. Estos últimos quedaron en veremos luego de que se cayera el Presupuesto General de la Nación en el Congreso. La crisis siguió reflejándose en casos de pacientes. El bebé Juan José Barroso murió tras esperar 20 días un traslado en Antioquia; mientras que otros usuarios denunciaron tratamientos interrumpidos y falta de medicamentos. Expertos valoraron el enfoque en pacientes críticos, pero advirtieron que continúan las dificultades para quienes necesitan atención rutinaria o crónica, así como las filas y demoras en consultas. Resultados del “plan de choque” Los resultados divulgados por el ministerio han necesitado precisiones. El 6 de octubre, el presidente De la Espriella anunció más de 7,2 millones de medicamentos entregados —31,2% de la meta— a 177.000 pacientes y 120.000 procedimientos resueltos. Después la entidad aclaró que eran unidades y no pacientes. Después informó que, al 14 de octubre, más de 300.000 personas registraban entregas y que el avance de 42,89% medía unidades dispensadas frente a pendientes. Actualmente, el tablero de monitoreo al plan muestra un avance del 30,55% en los registros de cierres de medicamentos y procedimientos pendientes. Discriminado por personas con problemas de acceso a medicamentos, el avance es del 47,65 % y de acceso a procedimientos, del 20,31 %. Según esas cifras, 514.072 personas (27,79 %) tienen cerrados sus pendientes. No obstante, Pacientes Colombia ha criticado que ese tablero no tiene trazabilidad de esas cifras. Por otra parte, el Minsalud expidió una resolución que habilitó a la Adres para otorgar créditos directos a las EPS para pagar deudas. El dinero irá a hospitales, clínicas y proveedores mediante giro directo y cubrirá servicios prestados, facturas validadas y deudas conciliadas. El Gobierno aclaró que no es un subsidio ni condonación, sino que tendrá intereses equivalentes a la inflación y plazos de hasta 12 meses de gracia y otros 12 para pagar. Las EPS deberán autorizar descuentos de sus giros y firmar convenios de desempeño y quedaron excluidas las que están en liquidación o retiro voluntario. La Corte Constitucional ordenó garantizar los recursos para la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata para que las EPS paguen la atención médica de sus afiliados, de 2027 con respaldo técnico y sin supeditarla a restricciones presupuestales. Vesga anticipó en una reunión en el Senado que habría un aumento de entre 12% y 13%, sujeto a estudios. En 2025 dos autos de la Corte Constitucional declararon que la UPC es insuficiente para sostener la demanda de servicios de las EPS y ordenó ajustarla, pero el Gobierno de Gustavo Petro y su ministro, Guillermo Jaramillo, no lo acataron. El exfuncionario tiene abierto un incidente de desacato. En el frente institucional, De la Espriella tendrá que enfrentar en el Congreso la resistida propuesta de la Ley de Rescate Fiscal que plantea subir del 5% al 19% el IVA a los programas de medicina prepagada, que alcanzó casi 1,5 millones de afiliados en 2026, un crecimiento superior al 35 % desde 2023. Entre tanto, los planes voluntarios sumaban 2,2 millones de usuarios en 2024, de los cuales el 66,5 % pertenecía a hogares con ingresos de menos de uno y hasta cinco salarios mínimos. Sin ir más lejos, el balance inicial del Gobierno combina un cambio de interlocución con los actores del sector y medidas para priorizar pacientes y llevar recursos a los prestadores, en un contexto de crisis financiera, deudas crecientes y financiación incierta. Como le dijo un representante de organizaciones de pacientes a EL COLOMBIANO: “después de que en el Gobierno Petro tuvieran una postura de imponer y no resolver, celebramos que en el de Abelardo al menos son de puertas abiertas. Lo que no hay es plata y eso hace que la crisis no se vaya a resolver tan rápido ni que sea sencillo”.