Agricultura ordena la retirada del 12% de la producción de aceite de oliva para frenar el desplome de los precios

Las almazaras tendrán que retirar el 12% de la producción de aceite de oliva de esta campaña y almacenarla para evitar el desplome de los precios. El Ministerio de Agricultura ha activado este viernes por primera vez el mecanismo de retirada previsto en la norma de comercialización del aceite, que interviene el mercado en previsión de que una sobreoferta haga caer unos precios que ya están en mínimos. Las almazaras tendrán que decidir ahora qué tipo de producto es el que retiran en una medida que comenzará a aplicarse este mismo mes y el aceite inmovilizado no podrá regresar al mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.

La resolución llega en un contexto marcado por las previsiones de una cosecha especialmente abundante. Los aforos de las comunidades autónomas elevan la producción nacional hasta 1.602.596 toneladas, un 23% más que en la campaña anterior y el cuarto volumen más alto de toda la serie histórica. Andalucía concentra el 79% de esa producción, con Jaén (575.000 toneladas) y Córdoba (339.700 toneladas) a la cabeza. A ello se añaden unas existencias iniciales de 357.040 toneladas, un 23,3% superiores a las registradas al comienzo de la campaña anterior.

El Ministerio ha comprobado que la suma de las existencias iniciales y la producción prevista supera el 120% de la media de las seis campañas anteriores, un periodo en el que se incluyen dos campañas especialmente cortas debido a la sequía. Y en una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios establece la retirada de ese 12% de la producción; el porcentaje podría haberse elevado hasta el 20%. El dato se ha calculado sobre la diferencia entre los recursos estimados (existencias y previsión) para la campaña 2026/2027 y el 120 % de la media de los dos valores máximos de la comercialización de las seis últimas campañas.

El porcentaje fijado se aplicará a la producción que cada almazara declare mensualmente. La obligación comenzará con la correspondiente a noviembre de 2026, por lo que quedarán fuera de este mecanismo tanto el aceite declarado en octubre como el producido en los meses anteriores. En total se almacenarán 188.000 toneladas para la próxima campaña, en la que la producción del olivar será menor.

Las empresas podrán conservar el producto en instalaciones propias o ajenas. La cantidad almacenada tendrá que representar en todo momento el 12% de la producción acumulada desde noviembre. De este modo, el volumen retirado deberá ajustarse cada mes a medida que avance la campaña y aumente la producción declarada por cada operador.

Según recoge la resolución del Ministerio, los operadores afectados deberán estar en condiciones de facilitar a la autoridad competente toda la información y documentación necesarias para demostrar el cumplimiento de la orden y de la resolución que establece el porcentaje de retirada. Los controles prestarán una atención especial a la cantidad efectivamente almacenada y a las instalaciones utilizadas para conservarla, con independencia de que sean propiedad de la almazara o pertenezcan a terceros. Las empresas tendrán que mantener actualizada la documentación que permita relacionar el volumen producido con la cantidad apartada del mercado.

La resolución también contempla la creación de un grupo técnico de seguimiento, coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Este órgano será el encargado de aprobar el plan de control de la retirada obligatoria de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a disposición de los interesados un documento explicativo para la aplicación práctica de la norma con el objetivo de aclarar dudas. El documento está disponible en este enlace.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido en Montilla (Córdoba) que el almacenamiento obligatorio de aceite de oliva permitirá ordenar el mercado y actuará como “una garantía para la retribución de los olivicultores”. Planas ha presentado la retirada como “una medida normal” y compatible con las normas europeas, justificada por las fuertes oscilaciones de la producción entre campañas. El ministro considera que su aplicación resulta especialmente relevante para proteger al olivar tradicional, que soporta costes superiores y puede afrontar problemas de rentabilidad si los precios caen por debajo de determinados niveles.

También ha reivindicado la apertura de nuevos destinos para el aceite español. En este sentido, ha destacado que los acuerdos comerciales con Mercosur e India amplían las posibilidades de venta en el exterior y constituyen “medidas de comercialización muy interesantes y muy importantes” para el sector.

El ministro ha vinculado esta intervención con los apoyos de la Política Agrícola Común y las ayudas para compensar el incremento de costes. Todas estas medidas, ha sostenido, buscan respaldar a los productores, al sector primario y a la industria agroalimentaria, además de facilitar la entrada en nuevos mercados.

El almacenamiento obligatorio ha dividido al sector. La industria envasadora y refinadora rechaza la medida, mientras que las organizaciones agrarias la respaldan, aunque consideran insuficiente la retirada del 12% de la producción.

La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) recurrirá la resolución. Su director, Primitivo Fernández, sostiene que la respuesta al exceso de producción debe pasar por la apertura de nuevos mercados y considera que la retirada es una solución “con muchos defectos” que no resolverá los desequilibrios a largo plazo.

Desde las organizaciones agrarias, el responsable de Aceite de Asaja, José Ugarrio, reclama medidas que garanticen la rentabilidad ante unos precios que, en algunos tipos de olivar, no cubren los costes. El responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, y el secretario general y responsable de Aceite de UPA Andalucía, Jesús Cózar, valoran la intervención, pero creen que el porcentaje fijado puede resultar insuficiente.

El miembro de la Ejecutiva de Unión de Uniones, Anastasio Yébenes, confía en que contribuya a frenar la caída de los precios y a evitar fuertes oscilaciones en el mercado. Y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía también apoya la medida, aunque critica la exclusión de la producción de octubre.