La marejada que atraviesa el sector del automóvil en España ha encontrado en la firma española Seat su última señal de alarma que para ... el Partido Popular es el síntoma de un problema estructural mucho más grave. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha alzado la voz para exigir un «giro profundo» en las políticas del Ejecutivo central hacia la industria del motor, y ha advertido de la pérdida de competitividad de España frente a otros mercados.
Desde la formación popular han querido cerrar filas con la marca histórica, expresando un respaldo unánime a Seat, a su plantilla, a la red de proveedores y a la planta catalana de Martorell. Sin embargo, Nadal advierte de que el debate no va solo de Seat.
Para el PP los últimos datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) pintan un escenario preocupante, ya que en el primer semestre de 2026, la producción de vehículos en España cayó un 1,7% y las exportaciones retrocedieron un 3,3%.
Más alarmante aún es el desplome del saldo comercial de la automoción, sumando vehículos y componentes, que se redujo un 84,1%, quedándose en unos escasos 501 millones de euros. Nadal afirma que «no estamos ante el problema de una empresa, sino ante una batalla industrial donde España tiene talento, plantas competitivas y una cadena de proveedores extraordinaria, pero no puede dar por hecho que las inversiones del futuro van a venir solas».
Según Nadal la raíz del problema está en el olvido sistemático de las políticas de oferta. Para que un consorcio automovilístico adjudique una plataforma a una planta española, evalúa factores fríos como el precio de la energía, la capacidad de las redes eléctricas, los impuestos, la productividad y la agilidad burocrática. En la mayoría de estos puntos, acusan al Gobierno de haber añadido piedras en la mochila del sector en lugar de restar incertidumbre.
Un ejemplo de este cortocircuito es la infraestructura de carga. A cierre del segundo trimestre de 2026, España contabilizaba 17.821 puntos de recarga instalados pero totalmente inoperativos por falta de conexión o trabas administrativas, lo que representa casi la cuarta parte de la infraestructura desplegada.
En el apartado comercial y de cara al comprador, la crítica del PP apunta directamente a los planes de incentivos como el MOVES III, caracterizado por la incertidumbre y la tramitación tardía. Citan como prueba que en 2025 el plan tuvo que restablecerse en abril con efectos retroactivos a enero, paralizando las ventas durante meses.
Los populares reclaman un viraje en la postura diplomática de España en Bruselas. Critican que el Ejecutivo apoyase sin fisuras la prohibición europea de vender turismos y furgonetas de combustión para 2035 sin defender una descarbonización flexible, realista y con neutralidad tecnológica. Nadal critica que una ayuda que se anuncia en diciembre y no se puede solicitar hasta agosto no es eficaz, y una ayuda que selecciona tecnologías desde un despacho no es neutralidad tecnológica, por lo que pide incentivos directos y predecibles para renovar un parque automovilístico cada vez más envejecido.
Para respaldar la urgencia de su mensaje, el PP recuerda que la fuga de proyectos industriales en la automoción española no es una amenaza fantasma, sino una herida abierta en los últimos años con el cierre de la fábrica de Bosch en Lliçà d'Amunt para trasladarse a Polonia, los ajustes de plantilla en Ford Almussafes con 626 salidas pactadas en 2024, y la cancelación del proyecto de ICL y Dynanonic en Sallent, que contemplaba 285 millones de euros en componentes para baterías.
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