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Nevaco Global
19 de junio de 2026

El populismo en la economía

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En la literatura macroeconómica clásica, el matiz económico del populismo lo define como un enfoque que privilegia el crecimiento y la redistribución del ingreso en el corto plazo, subestimando los riesgos de inflación, déficits fiscales y restricciones externas. No obstante, un análisis científico contemporáneo exige superar esta visión unidimensional y reconocer la profunda relatividad y asimetría conceptual que rodea al término.

La etiqueta de “populista” suele asignarse de manera asimétrica, dependiendo del beneficiario del flujo de recursos. Cuando las medidas se orientan a mitigar las vulnerabilidades de las clases de menores ingresos, mediante subsidios directos o transferencias monetarias, la ortodoxia económica suele encasillarlas como desvíos fiscales irresponsables que distorsionan los precios relativos. En contraste, cuando intervenciones de idéntica naturaleza fiscal —como exenciones tributarias, rescates financieros o subsidios sectoriales— se dirigen a las élites corporativas o clases pudientes, la narrativa hegemónica las rebautiza como “incentivos al crecimiento”, “estímulos a la competitividad y a las exportaciones”, o “fomento a la inversión extranjera”.

Esta dualidad demuestra que la connotación de “populismo” es, en gran medida, elástica y políticamente condicionada. La racionalidad económica detrás de ambas concepciones responde a la captura de rentas y a la búsqueda de legitimidad. Esto hace que las fronteras entre el incentivo productivo y la dádiva política sean muy  difusas en los sistemas de economía de mercado, especialmente  de los países de menor desarrollo.

La historia económica global ofrece ejemplos donde la desconexión entre la política monetaria/fiscal y las capacidades reales de la estructura productiva ha conducido a crisis sistémicas profundas. Pero también se encuentran casos donde la intervención estatal ha sido indispensable para la subsistencia social.

En el plano de los desastres macroeconómicos, la experiencia de Venezuela durante la década de 2010 representa un caso particular de estudio La destrucción del sistema de precios, que condujo a un ciclo hiperinflacionario destructivo, respondió a la fijación artificial de precios y la expansión monetaria incontrolada para financiar el gasto corriente.

Por otro lado, existen medidas tildadas en su momento de populistas que lograron aprovechar efectos sociales positivos. El programa Bolsa Família en Brasil  (puesto en marcha en  2003, consolidado en 2004, durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva) demostró que las transferencias monetarias condicionadas, lejos de ser meras dádivas, redujeron la pobreza extrema y mejoraron los indicadores de capital humano (educación y salud). Se demostró que la redistribución puede ser un vector de viabilidad económica a largo plazo.

En el Ecuador, un ejemplo reciente y flagrante es la eliminación temporal de aranceles o impuestos al consumo de cerveza, decretada bajo la justificación de la coyuntura del Mundial de Fútbol. Esta medida, de corte estrictamente electorero y demagógico, carece de toda racionalidad técnica en un país con un déficit fiscal crónico y un sistema de dolarización que exige rigurosidad en la balanza de pagos. Mientras el fisco sacrifica ingresos tributarios mediante estas triquiñuelas para captar simpatía popular, los servicios públicos esenciales colapsan, evidenciando el altísimo costo de oportunidad social que financia el oportunismo de la clase política.

El populismo económico no debe ser interpretado como un simple error de cálculo técnico ni  puede reducirse a una simple “irracionalidad” fiscal. La adopción de estas medidas responde a una doble dinámica: las legítimas aspiraciones de movilidad y subsistencia de las masas desfavorecidas frente a la racionalidad maximizadora de una clase política cuyos horizontes temporales están limitados por el calendario electoral.

En última instancia, la sostenibilidad del desarrollo en las economías periféricas no radica en la eliminación de la política distributiva, sino en la edificación de una arquitectura institucional que subordine los intereses coyunturales de los gobernantes a una planificación económica consistente.

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