Las cifras que no cuadran del lavado de activos en Ecuador

Una autoridad municipal, identificada con un nombre ficticio por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), registró 3,2 millones de dólares en el sistema financiero. Casi el triple de lo que declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI). El 86% ingresó en efectivo, desde jóvenes de entre 20 y 32 años sin perfil económico propio. Eran empleados de dos empresas proveedoras del municipio donde este funcionario fungía como alcalde. Una de esas empresas tenía como accionista a una prima suya.

Con parte de esos recursos, el funcionario compró una casa de 1,7 millones de dólares y cinco vehículos de gama alta. Gafilat registra el caso -con delitos de falsificación de documentos bancarios, malversación y evasión fiscal- en su Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2025. No es un caso aislado. Es el retrato de un delito que, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), se convirtió en el motor financiero que sostiene al resto de las economías criminales: el lavado de activos en Ecuador.

El lavado de activos en Ecuador, como en el resto del mundo, disfraza el dinero de un delito para que parezca lícito. Puede venir de narcotráfico, corrupción, minería ilegal o extorsión. El objetivo es que ese dinero circule sin levantar sospechas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el proceso ocurre en tres fases. En la colocación, el efectivo ilícito entra al sistema financiero. La estratificación, pues el dinero circula mediante transferencias, compras y ventas que dificultan su rastreo. Y en la integración, el dinero reaparece como inversión, una empresa o propiedad aparentemente legítima.

No hay una cifra consensuada. Al tratarse de una actividad clandestina, las cifras disponibles corresponden a estimaciones indirectas. No hay mediciones observables del fenómeno. La Unodc calcula que el lavado equivale al 2% y el 5% del PIB mundial. En Ecuador, eso representaría entre 3 910 y 6.516 millones de dólares al año, según el OECO. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) estimó en 2021 unos 3 500 millones de dólares anuales para el país. Fue el último estudio formal antes de la ola reciente de datos. Un análisis de Revista Gestión de abril de 2026 llegó a una cifra distinta: 5 000 millones de dólares, cerca del 4% del PIB de 2025. Ese cálculo partió de las toneladas de droga incautadas.

El OECO encuestó a 49 representantes del sector justicia y seguridad. Según la percepción de esos participantes, los sectores más asociados al lavado son:

Las modalidades cambian según el territorio. En Guayas, el dinero entra por la compra y reventa sucesiva de bienes raíces, y por apuestas deportivas en aplicaciones. Pichincha: entra por autos de contrabando que las redes legalizan como autos espejo, y por criptomonedas: el taller de caracterización de esa provincia (2025) registró seis cajeros de criptomonedas en Cuenca, Guayaquil y Quito. En Esmeraldas: ingresa por negocios fachada de transporte y comercio minorista. En Orellana, el imán es el oro de la minería ilegal que las redes mezclan con oro legítimo antes de exportarlo. Así lo documentan los talleres de caracterización del OECO en esas provincias.

Gafilat documenta el patrón del testaferrismo en un caso de corrupción carcelaria. Un policía en servicio activo movía depósitos en efectivo. Retiraba ese dinero el mismo día, mediante cheques. Su hermana replicaba la misma transaccionalidad, sin un perfil económico que la justificara. El monto identificado: 5,1 millones de dólares. Otro caso que documenta Gafilat en Ecuador es la operación Pampa. Una red enviaba cocaína desde Colombia hacia Europa, a través de Ecuador. Legalizaba las ganancias comprando vehículos e inmuebles mediante empresas fachada. A inicios de febrero de 2024, la Policía ejecutó el operativo: 57 allanamientos simultáneos -40 en Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay, y 17 en España- con 30 detenidos. Las autoridades incautaron 2 377 kilos de droga. Las investigaciones atribuyen a la estructura operaciones de lavado por unos 15 millones de dólares.

El informe Una aproximación a la medición del lavado de activos en Ecuador: Magnitud, modalidades y tipos”, de OECO fue más allá del cálculo general de la Unodc. Intentó poner un rango de dólares a tres mercados criminales que más alimentan el lavado en Ecuador.

El tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, calculado a partir de 211 toneladas que las autoridades incautaron en 2025 (415 millones de dólares) y, de una tasa de interdicción estimada entre 30% y 60%. Esto se ubicaría entre 692 y 1 384 millones de dólares.

La minería ilegal, calculada con 387 puntos de explotación irregular que registró la Agencia de Regulación y Control Minero y las cifras de exportación irregular de oro, rondaría entre 1 000 y 1 385 millones de dólares. Y la corrupción -calculada por el BID a partir de un porcentaje de desviación de fondos públicos, no de una medición directa- se estimaría entre 731 y 1 244 millones de dólares.

El lavado de activos es materia penal: está tipificado en el art. 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En 2024, la Corte Nacional de Justicia, mediante la Resolución No. 20-2024, aprobada por el Pleno de la Corte el 23 de octubre, estableció como precedente jurisprudencial obligatorio que el delito de lavado de activos es autónomo. Por ello, ya no se requiere una sentencia condenatoria previa por el delito fuente para procesar o condenar por lavado de activos. Basta que la Fiscalía demuestre, incluso mediante prueba indiciaria, el origen ilícito de los bienes o recursos investigados.

Pero, pese a la magnitud del fenómeno, la capacidad del Estado para judicializarlo sigue siendo baja. Según el Consejo de la Judicatura, Ecuador acumula 161 procesos ingresados por lavado de activos desde 2021 hasta junio del 2026. Los ingresos tuvieron su pico más alto en 2024: 47, pero un año después cayeron a 27 y en el prime semestre de 2026 suman 17.

En los seis años analizados, la cifra de causas en trámite superó cada año a la de causas resueltas -el backlog más reciente, en 2026, es de 39 causas activas. De las 156 causas ya cerradas, cerca de seis de cada diez terminaron con un auto resolutivo -una providencia que resuelve una parte del proceso, pero no el fondo del asunto: sobreseimiento, extinción, entre otros, según la ficha técnica de la Judicatura para materia penal- y cuatro de cada diez con una resolución, es decir, la decisión que sí finaliza el proceso: sentencia ratificatoria de inocencia, sentencia condenatoria o acuerdo conciliatorio.

El caso más grande de 2026 confirma que, cuando el Estado sí judicializa, los montos son altos. En mayo, un tribunal condenó a 10 años de prisión a cinco familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, en el caso Blanqueo Fito. Entre los sentenciados están Yandry Macías, hermano del cabecilla, y Verónica Briones, su pareja. Según la Fiscalía, el grupo lavó más de 25 millones de dólares, a través de al menos cuatro empresas. Entre ellas QueenWater S.A., una embotelladora de agua que llegó a ser proveedora del sistema nacional de prisiones. El tribunal ordenó disolver esa compañía y otra más.

En febrero de 2026 entró en vigencia el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos (Decreto Ejecutivo 298). El reglamento crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (Conclaft), una instancia que, según José Julio Neira, integra a 22 instancias del Estado. También define por primera vez conceptos técnicos como “beneficiario final” y “operaciones inusuales o sospechosas”.