Trabajo forzado en la agroindustria y salmoneras: Develan las razones de las sanciones comerciales de EE.UU. a Chile

Existe presencia de trabajo forzoso en las tres etapas de la salmonicultura: piscicultura, centros de cultivo y plantas de procesamiento. La investigación de Fundación Libera y el Centro Ecoceanos se concentró particularmente en los buzos de centros de cultivo, identificando prácticas asociadas a los 11 indicadores de trabajo forzoso definidos internacionalmente.

La decisión de Estados Unidos de proponer un arancel adicional de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile por la falta de medidas efectivas contra el trabajo forzoso, abrió un nuevo frente de presión internacional sobre el modelo exportador chileno, particularmente en la agricultura y la salmonicultura industrial intensiva.

La medida fue anunciada en el marco de una investigación iniciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cuestiona la ausencia de mecanismos robustos para prevenir, detectar y sancionar la producción de bienes elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso. En específico, exige que los países tengan prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso y dispongan de institucionalidad y recursos para combatirlo.

La propuesta ocurre pocas semanas después de que Fundación Libera denunciara formalmente al Estado chileno ante la USTR por presunta tolerancia al trabajo forzoso en sectores exportadores estratégicos.

Acusan que Chile tolera el trabajo forzado en sectores exportadores de salmón y fruta: Fundación Libera ingresa denuncia ante organismo comercial de EE.UU.

Según la investigación presentada por la organización chilena, existen indicios de los 11 indicadores de trabajo forzoso reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en la producción agrícola de frutas de exportación y en la industria salmonera.

La denuncia sostiene que trabajadores migrantes agrícolas en situación vulnerable estarían expuestos a prácticas como engaños contractuales, retención de salarios, restricciones de movilidad, amenazas, jornadas excesivas y condiciones de vida degradantes. Al mismo tiempo, los buzos salmoneros estarían sometidos a un sistema de subcontratación que esconde una vulneración masiva y sistemática de sus condiciones de trabajo, su vida y su seguridad.

La propuesta arancelaria tiene su origen en una investigación iniciada por Estados Unidos en marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El proceso busca establecer si los países investigados han aplicado de manera efectiva prohibiciones o controles sobre productos vinculados al trabajo forzoso.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que durante años empresas y trabajadores norteamericanos han debido competir con productores extranjeros que obtienen ventajas de costos derivadas de estas prácticas laborales.

En su informe presentado ante el USTR, Libera acredita condiciones sistemáticas de engaño en la contratación de trabajadores agrícolas migrantes, aislamiento en predios remotos sin acceso a servicios básicos, restricción de movimiento, retención de salarios y deducciones ilegítimas, jornadas de diez a doce horas diarias seis días a la semana sin pago de horas extra, violencia física por parte de contratistas, amenazas de denuncia a las autoridades migratorias como mecanismo de control, y condiciones de alojamiento hacinadas e insalubres. Los buzos de salmoneras, por su parte, estarían sometidos a un régimen de incumplimiento grave y sistemático de condiciones mínimas de salud y seguridad que ponen en riesgo sus vidas, sin poder ofrecer resistencia.

La criminalización de la migración irregular en Chile consolida un cuadro de esclavitud laboral encubierta, la que cuenta con la complicidad y el amparo legal estatal.

El proyecto del gobierno ultraderechista de José Antonio Kast de duplicar las actuales producciones y exportaciones de salmónidos para el 2040, cuyo principal mercado de destino es Estados Unidos, el cual representa el 40%  del valor del total de las exportaciones  de salmón chilenas (2.500 millones de dólares anuales), sin que implemente urgentes reformas estructurales laborales, sólo profundizará las vulneraciones y abusos documentados sobre los buzos que trabajan de manera desregulada y precarizada en los centros de cultivo intensivo de salmones.  Así también como en los trabajadores agrícolas migrantes pobres, cuyas producciones de vegetales y frutas se destinan mayoritariamente a la exportación.

Las denuncias en relación a la industria exportadora de salmón realizada por Fundación Libera, con apoyo del Centro Ecoceanos, reforzaron las conclusiones de la USTR.

La presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, afirmó que “la gravedad no está en no tener la prohibición de importación, sino que ni siquiera tenemos la prohibición de trabajo forzado doméstica”.

La abogada explicó que Chile carece tanto de herramientas para impedir el ingreso de mercancías producidas bajo explotación laboral, como de mecanismos efectivos para prevenir, detectar y sancionar estas prácticas dentro de su propia economía.