Retroceso ambiental en Sinaloa y la cómplice ausencia del Partido ‘Verde Ecologista’
¿Qué dice el Partido Verde Ecologista de México (en Sinaloa) sobre la reforma a la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa, o sobre lo que ocurre en la Bahía de Ohuira y en Topolobampo? Nada. En lugar de eso, se dedican a realizar loterías de colonia, así como a regalar bolsas y mochilas (de plástico). De vez en cuando plantan un árbol para la foto. El Congreso de Sinaloa recientemente aprobó una reforma a las leyes previamente mencionadas, y dentro del universo de iniciativas, proyectos de decreto, y argumentos presentados por los distintos partidos políticos y ciudadanos que integran la Ley de Residuos/Ambiental y este nuevo dictamen, no aparece ninguna participación, propuesta o pronunciamiento por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sinaloa. Por otro lado, aunque este proyecto legislativo viene envuelto en un papel muy bonito de “economía circular” y “sustentabilidad”, la realidad es que, científicamente, se queda cortísimo y representa un tropezón importante para Sinaloa. Vamos a desmenuzarlo con la ciencia en la mano. El dictamen menciona una iniciativa que propone abrir excepciones a la prohibición de plásticos de un solo uso (como bolsas, platos y vasos desechables) en casos donde las autoridades declaren una “emergencia sanitaria”, una idea que evidentemente nació del miedo colectivo durante la pandemia de Covid-19. En el documento se argumenta que, por motivos de higiene, es contraproducente prohibir estos materiales mientras dure una emergencia. Desde los primeros meses de la pandemia, la comunidad médica internacional demostró que la principal vía de contagio del SARS-CoV-2 son los aerosoles (las gotitas que respiramos y exhalamos), no el contacto con superficies (fomites). De hecho, estudios publicados en revistas de alto impacto como The New England Journal of Medicine (van Doremalen et al., 2020) demostraron que el virus es sumamente estable en el plástico, llegando a sobrevivir de 2 a 3 días en él (un dato que, curiosamente, el propio dictamen menciona, pero interpreta al revés). Utilizar plástico desechable bajo la premisa de que nos protege de un virus respiratorio es un error de concepto. Al institucionalizar esta excepción en la ley, lo único que se logra es abrir una ventana legal para que, ante cualquier brote o emergencia sanitaria futura, los mercados se inunden de nuevo con toneladas de polímeros (plásticos) hipercontaminantes, desmantelando de un plumazo los pequeños logros ecológicos que ya se habían alcanzado. ¿Por qué nos obsesiona tanto quitar los plásticos de un solo uso? Eso de “plástico de un solo uso” es más un invento comercial que una realidad del material, porque la verdad es que casi cualquier bolsa, vaso, botella, o contenedor de plástico “desechable o de un solo uso” aguanta perfectamente que lo laves y lo uses varias veces antes de que de plano ya no sirva. Científicamente, los plásticos (de origen petroquímico) no se reintegran al ambiente; éstos sólo se rompen en pedazos cada vez más pequeños hasta convertirse en microplásticos (partículas de menos de 5 mm) y nanoplásticos. La literatura científica actual es alarmante. Estudios realizados a nivel global han documentado cómo estas partículas ya colonizan los suelos agrícolas, se filtran a los mantos acuíferos y son ingeridas por distintas especies. Investigaciones publicadas en Environmental Science & Technology estiman que un ser humano promedio consume miles de partículas de microplásticos al año a través del agua y los alimentos. Peor aún, la evidencia biomédica reciente ha detectado microplásticos incluso en tejidos pulmonares y placentarios humanos, entre otros. Estos polímeros actúan como disruptores endocrinos (alteran lo hormonal), además de que poseen la capacidad de transportar metales pesados y patógenos. Al flexibilizar su regulación mediante “esquemas voluntarios” o “excepciones sanitarias”, la ley sinaloense ignora el grave riesgo de salud pública y ecotoxicología que esto representa a largo plazo. Otro punto donde la ley cojea severamente es su fe en la autorregulación. El dictamen señala abiertamente que “las regulaciones dirigidas a la prohibición de productos no han sido una solución” y propone en su lugar apostar por “medidas voluntarias” y la “corresponsabilidad” del consumidor. Existe un concepto clásico llamado “La Tragedia de los Comunes”, que demuestra matemáticamente que, ante la falta de regulaciones punitivas y coercitivas estrictas, los actores económicos casi siempre optimizarán sus ganancias individuales a expensas del desgaste del entorno común. Dejar la transición hacia materiales compostables o retornables a “esquemas voluntarios de sustentabilidad” es, en el mejor de los casos, ingenuo. Sin sanciones económicas severas o aranceles disuasorios a los plásticos, el mercado difícilmente elegirá la opción ecológica por encima de la económica. Además, el dictamen sigue validando el uso de materiales “biodegradables” como una gran alternativa, pero reconoce entre líneas que no existe una norma oficial mexicana vigente que certifique qué es realmente biodegradable; asimismo, Sinaloa no cuenta con la infraestructura de compostaje industrial necesaria para procesarlos. Esto solo fomenta el greenwashing (lavado verde), en donde el consumidor compra un producto pensando que no daña al planeta, cuando en realidad terminará enterrado en un basurón municipal exactamente igual que el plástico convencional. Para colmo de males, la ley se topa con un gran muro. El texto admite de manera explícita que la regulación sobre la fabricación y comercialización de empaques y envases de todo tipo de productos es una facultad exclusiva de la Federación. Esto significa que nuestro Congreso del Estado no puede normar el problema desde el origen (la producción industrial). La ley local se limita a diseñar estrategias de mitigación en la fase terminal: cuando el residuo ya fue creado y desechado por el ciudadano. Es el equivalente médico a querer curar una apendicitis poniendo un curita en la piel del paciente. De poco sirve que la ley proponga una “Estrategia Estatal de Separación de Residuos” en orgánicos, inorgánicos y valorizables si el mercado sinaloense sigue saturado de empaques multimateriales (como el TetraPak) que son tecnológicamente imposibles de reciclar con la infraestructura actual de nuestros municipios. Las recientes reformas ambientales tienen intenciones atractivas en el papel, como el impulso a los huertos urbanos, la regulación de plaguicidas peligrosos en ciudades o la obligatoriedad de plantar árboles nativos. Eso se aplaude. Pero al analizar el panorama completo, la ley flaquea en lo más crítico y cede ante la presión del uso de plásticos. La naturaleza no entiende de acuerdos políticos ni de decretos; responde a leyes biofísicas inquebrantables. Adaptar las leyes de la naturaleza a las necesidades del comercio, en lugar de forzar a la economía a respetar los límites ecológicos de nuestro estado, es un grave error de diagnóstico. Si realmente queremos proteger la biodiversidad de Sinaloa y la salud de nuestras familias, necesitamos leyes basadas en evidencia científica rigurosa, no placebos legislativos.
