El gobierno suspendió decreto que desreguló los puertos

El gobierno alcanzó ayer un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y la reanudación inmediata de las tareas de asistencia a la navegación. La medida permitirá comenzar a normalizar la operatoria portuaria, afectada por un paro que mantenía detenidos a más de 150 buques.

Como parte del entendimiento, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, que había desregulado los servicios de practicaje y pilotaje, y conformar una mesa de trabajo para revisar los distintos aspectos de la actividad.

La instancia será coordinada por el gobierno y contará con representantes de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. Las conversaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos incluidos en la normativa.

Los prácticos (pilotos de puerto), por su parte, retomarán sus tareas de manera inmediata luego de haber interrumpido la asistencia a embarcaciones argentinas y extranjeras en rechazo a la desregulación.

El acuerdo de ayer se produjo después de que la Prefectura Naval Argentina intimara a 536 profesionales de practicaje y pilotaje a retomar sus actividades. El organismo había advertido que el incumplimiento podía derivar en sanciones disciplinarias y eventuales denuncias penales.

El conflicto comenzó con la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que reemplazó el régimen vigente desde 1991. La normativa creó un registro abierto de profesionales, habilitó a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) a fijar tarifas máximas.

También eliminó la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibilizó las condiciones para el traslado de los profesionales y amplió los casos en los que las embarcaciones pueden quedar exceptuadas de contratar el servicio.

En rechazo a esos cambios, los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado que paralizó gran parte de la actividad portuaria. La medida afectó al comercio exterior y generó advertencias sobre posibles dificultades de abastecimiento ante las demoras en el transporte.

Hasta ayer se estimaba que el conflicto comprometió contratos externos, el abastecimiento hacia la Patagonia sur y costos de entre U$S 50.000 y U$S 100.000 diarios por barco detenido.

Solo ayer se habían sumado al polo exportador del Gran Rosario más de 45 barcos a la espera de los servicios de practicaje (los que hacen las maniobras de ingreso y salida de buques en terminales portuarias), que se suman a los 140 registrados el lunes.