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La Unión Europea y México han firmado este viernes los acuerdos que estrechan su alianza comercial y política, en una apuesta por el multilateralismo y la supresión de barreras arancelarias en contraposición a las tensiones geopolíticas y económicas con la Administración estadounidense de Donald Trump.
"Los acuerdos que cerramos en Ciudad de México son una auténtica declaración geopolítica, una demostración de nuestro compromiso con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas", ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han viajado a la capital mexicana para firmar los acuerdos junto a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.
El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, ha destacado tras la firma que "en un momento de creciente incertidumbre global, la UE y México apuestan por la apertura, la colaboración y la ambición"; al tiempo que ha puesto en valor que la modernización del acuerdo comercial vaya a fortalecer la fiabilidad de las cadenas de suministro, crear nuevas oportunidades para las empresas e inversores y acercará a las economías de ambas regiones".
Sefcovic ha querido también celebrar especialmente la consagración de una "mayor cooperación en materia de minerales críticos, dado que México es un proveedor líder de varias materias primas esenciales".
La Unión Europea y México cuentan desde el año 2000 con un Acuerdo Global que sienta las reglas de sus relaciones comerciales y políticas, pero les ha llevado una década negociar una revisión que actualice el marco de asociación acorde a las nuevas necesidades y tensiones geopolíticas que ahora se materializa en la firma de dos acuerdos, el de asociación y el comercial.
El primero necesitará superar procesos de ratificación en todos los parlamentos nacionales para entrar en vigor, mientras que el comercial, de competencia europea en el caso de los 27, requiere únicamente el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos).
En estos 25 años desde que se estableció el primer acuerdo global, el comercio de bienes entre la UE y México se ha cuadruplicado y, en la actualidad, más de 43.000 empresas europeas exportan a México, en su mayoría pymes, mientras que más de 11.000 empresas de la UE operan en el país.
El nuevo régimen aborda un amplio abanico de áreas como la seguridad y justicia, el desarrollo sostenible y el cambio climático, la transformación digital y los Derechos Humanos; con el compromiso de reafirmar la defensa de valores compartidos como son el Estado de derecho, el multilateralismo y la protección de derechos fundamentales.
En este marco, la UE y México prevén mantener un diálogo periódico de alto nivel sobre Derechos Humanos, seguridad y justicia y sobre cómo afrontar, prevenir y combatir la corrupción.
En cuanto al acuerdo comercial, el objetivo es "impulsar significativamente" el acceso al mercado mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, la mejora del acceso a los mercados de contratación pública y la apertura de oportunidades de inversión y servicios.
En particular, el pacto eliminará los altos aranceles sobre exportaciones clave de la UE, especialmente productos agroalimentarios, y mejorará las condiciones para sectores como la maquinaria, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte.
Asimismo, garantizará la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas, para salvaguardar los productos regionales distintivos de alimentos y bebidas en el mercado mexicano. En concreto, México protegerá 232 bebidas espirituosas y otras 336 Indicaciones Geográficas Europeas para vinos, cervezas y alimentos.
Los nuevos acuerdos incluyen compromisos jurídicamente vinculantes en materia de derechos laborales, protección del medio ambiente, cambio climático y conducta empresarial responsable, además de recoger el compromiso compartido de promover el empoderamiento económico y los derechos de las mujeres. Además se crea un mecanismo de solución de controversias para hacer cumplir dichos compromisos.
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El Ministerio de Economía ratificó que la reducción de los derechos de exportación no dependerá de la recaudación fiscal y sumó nuevos cultivos al esquema.
El Gobierno anunció que hacia el fin de la jornada enviará cuatro proyectos de ley al Congreso que constan de una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y la modificación al Etiquetado Frontal. Se trata de un anuncio que terminó de cerrarse en un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei ayer por la mañana en la Quinta de Olivos. Así, el Poder Ejecutivo manda al Congreso el tercer paquete de reformas desde que inició el período de Sesiones Ordinarias de este año. Adorni preveía hacer el anuncio hacia el fin de esta semana, algo que finalmente hizo a través de un mensaje en su cuenta oficial de X. “En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó el ministro coordinador minutos después de las 17 horas. El mensaje fue difundido después de que Adorni terminara con su agenda de reuniones en Casa Rosada. Antes había estado con el canciller Pablo Quirno y a ese encuentro se le sumó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En total, el encuentro duró una hora. Ayer fue hacia la Residencia Presidencial de Olivos para acordar con el Presidente la prioridad que le iban a dar a cada una de las iniciativas que el Ejecutivo tiene en carpeta y espera darle movilidad en ambas cámaras del Congreso. Lo único que se había dado a trascender en los últimos días es que no iba a haber un proyecto con mayor prioridad que el denominado Súper-RIGI, que no es otra cosa que una iniciativa hermana del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que se sancionó en conjunto con la Ley Bases. La versión ampliada buscará generar incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos. Aunque no venía siendo comunicado ampliamente, finalmente el Gobierno acelera con su propia versión de la Ley de Ludopatía que la oposición había querido impulsar el año pasado en el Congreso. En ese entonces, la iniciativa había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pero desde La Libertad Avanza no estaban de acuerdo con su redacción final, la cual buscaba aplicar fuertes restricciones a la publicidad de las casas de apuestas, el establecimiento de jornadas educativas sobre el tema, regulaciones sobre los medios de pago, límites diarios de gasto y la elevación de penas para titulares de casas de apuestas que incumplan la normativa. La Casa Rosada aclaró oportunaente que no quería eliminar la publicidad de las casas de apuestas, pero sí regular la discrecionalidad con la que los menores acceden a las apuestas en forma digital. El enfoque principal es la regulación de las apuestas entre los jóvenes y la prevención de la adicción en este grupo. El Gobierno anunció la reforma de la ley de etiquetado frontal con un proyecto que busca reducir o, en el mejor de los casos para el oficialismo, eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases y permitir nuevamente la utilización de dibujos animados, celebridades o figuras deportivas como recursos de marketing en los productos, cambios que actualmente están prohibidos. Además, busca modificar el cálculo de nutrientes críticos que determinan la presencia de los sellos y simplificar los trámites administrativos vinculados a la aplicación de la ley. La más novedosa de todas las propuestas impulsadas por el Gobierno es la Ley de Lobby, la cual busca trasparentar el lobby como una actividad de incidencia en las políticas legislativas. Se trata de una iniciativa que impulsa con particular interés el sector ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo, inspirados en la experiencia que rige en Estados Unidos. El denominado “cabildeo” está regulado por ley y es considerado una herramienta legítima para enriquecer el debate en el Congreso y otros ámbitos de poder. En Chile, la Ley 20.730 establece la obligatoriedad de la publicidad de la actividad de lobby, definiéndola como la gestión profesional de intereses ante funcionarios públicos para influir en decisiones, políticas o programas. Esta ley exige que las reuniones y gestiones de lobby sean registradas, incluyendo los intereses representados, los asistentes y una síntesis de lo tratado. En lo que refiere al caso argentino, a fines de 2003, el decreto 1172 (de Acceso a la información Pública) buscó acercar algunas pautas sobre el tema. Entre los considerandos de este decreto puede leerse que “la publicidad de la Gestión de Intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información”. Fuente: Infobae La entrada El Gobierno anunció el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso se publicó primero en CHACODIAPORDIA.COM .