En medio de un total rechazo de parte de los moradores de la frontera colombo-ecuatoriana, Ipiales en el sur de Colombia y Tulcán en el norte del Ecuador, sigue la guerra de los aranceles, situación que en estos momentos le causa un grave perjuicio al comercio binacional.
Ni siquiera sirvió la medida ordenada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que en el término de 10 días, se hiciera un levantamiento de los aranceles de manera reciproca, puesto que el plazo en ese sentido se venció el pasado 21 de mayo, sin ningún resultado positivo.
Al respecto es de anotar que más de la mitad de lo que Ecuador le vende a Colombia, son alimentos, pescado y materas primas con diversos grados de procesamiento.
Mientras tanto, Colombia le vende a Ecuador, manufactura en un 11,9 por cuento, cosméticos en un 10,5 por ciento, medicamentos por un 6,8 por cuento, energía eléctrica en un 4,3 por ciento y agroquímicos en un porcentaje del 3,9 por ciento.
Estas diferencias en los productos que comercializan entre si los dos países, tiene una implicación directa en el impacto de los aranceles. Es así, como cuando Ecuador grava las importaciones colombianas, de manera inmediata se encarecen los medicamentos, los insumos agrícolas, los cosméticos y la energía, en detrimento de los compradores ecuatorianos.
En la otra cara de la moneda, cuando Colombia grava las exportaciones ecuatorianas, afecta de manera directa al sector pesquero, forestal y agroindustrial.
Como se recordará, el comienzo de lo que ahora se denomina como la “la guerra de los aranceles” lo dio Ecuador, gravando la entrada de productos colombianos, una decisión que el presidente Daniel Noboa justificó por lo que calificó como la falta total de seguridad en el lado colombiano de la frontera.
Noboa señaló al respecto que, por ello, esa zona es afectada de manera grave por la presencia de grupos alzados en armas, narcotráfico, minería ilegal y contrabando.
Sin embargo, para agravar las deterioradas relaciones entre los dos presidentes, hace algunas semanas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió al exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, como un preso político, comentario que como se dice de manera popular, no le gustó ni cinco a Noboa, quien calificó este hecho como una interferencia indebida a su gobierno.
Al respecto, lo que afirma el Gobierno del Ecuador es que con la llegada de Gustavo Petro al poder y su política de “paz total”, Colombia abrió procesos de diálogo o acercamiento con distintos actores armados y criminales. Aunque esa estrategia fue presentada como una apuesta de pacificación interna, en Ecuador la situación fue leída desde otra perspectiva: como un problema de seguridad regional que podía trasladar costos hacia su frontera, lo que, en efecto está ocurriendo en estos momentos.
Lo que señalan los analistas internacionales es que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, utilizó el castigo de los aranceles como una manera de presionar para que Colombia atienda su frontera.
La escalada diplomática fue progresiva. El 21 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció una tasa de seguridad del 30% a las importaciones desde Colombia, bajo el argumento de falta de cooperación de Colombia. La medida entró en vigor el primero de febrero y abrió una escalada comercial que, en los meses siguientes, se trasladó al plano institucional de la Comunidad Andina.
Lo que siguió fue una secuencia de ocho decisiones en menos de cuatro meses.
El 21 de enero de 2026, Ecuador anunció la tasa de seguridad del 30%. Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, el argumento fue la falta de cooperación de Colombia en seguridad fronteriza. El 1 de febrero entró en vigor.
El 24 de febrero, según el Decreto 0170, el gobierno colombiano respondió con un 30% a 73 subpartidas ecuatorianas, entre ellas arroz, frijol, plátano, cacao y pescado.
