La Unión Europea aprueba su primera ley común para proteger a perros y gatos, reforzar su trazabilidad y combatir el tráfico ilegal de animales
La Unión Europea ha aprobado su primera legislación común destinada a regular el bienestar, la cría, identificación y comercialización de perros y gatos en todos los países miembros, una norma que busca reforzar la protección animal y poner freno al tráfico ilegal de mascotas en el mercado europeo.
El Consejo de la UE dio este jueves el visto bueno definitivo a una normativa que ya había sido respaldada ampliamente por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril y que establece reglas homogéneas para criadores, vendedores, refugios y plataformas digitales dedicadas a la venta de animales de compañía.
Entre las principales novedades figura la obligación de identificar con microchip y registrar en bases de datos nacionales a todos los perros y gatos comercializados como mascotas en la Unión Europea. Además, los anuncios de venta en internet deberán incluir información verificable sobre la identificación del animal para garantizar su trazabilidad y dificultar las operaciones ilegales.
La legislación también introduce requisitos más estrictos sobre las condiciones de cría, alojamiento, manipulación y atención veterinaria. Asimismo, quedarán prohibidas determinadas prácticas consideradas perjudiciales para la salud animal, como la reproducción de perros y gatos con rasgos morfológicos extremos, cría consanguínea en ciertos grados o algunas mutilaciones realizadas con fines estéticos, de exhibición o competición.
Otro de los objetivos de la nueva regulación es cerrar las lagunas legales que permitían introducir animales en territorio europeo como mascotas no comerciales para posteriormente venderlos. Por ello, las nuevas normas afectarán tanto a las importaciones comerciales como a movimientos privados procedentes de terceros países.
La nueva regulación entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque buena parte de las medidas contará con periodos transitorios para facilitar la adaptación de los Estados miembros y del sector. Criadores, vendedores y refugios dispondrán de cuatro años para ajustarse a las nuevas exigencias, mientras que algunas obligaciones para propietarios particulares se aplicarán de manera progresiva en un plazo de hasta quince años.