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Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y COAG llevarán el próximo 28 de octubre a Madrid el "desánimo" que atraviesan los agricultores y ganaderos de Castilla y León ante una sementera que califican como "la más cara de la historia", con unos costes de producción que alcanzan entre 900 y 1.000 euros por hectárea de secano. La movilización, que partirá de la Puerta de Alcalá y recorrerá las calles de la capital hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será la quinta protesta impulsada por las organizaciones de la Comunidad para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones.
El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL en la Comunidad, Jesús Manuel González Palacín, y el coordinador general de COAG de Castilla y León, Lorenzo Rivera, presentaron hoy esta convocatoria nacional, que se celebrará bajo el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir' y reunirá a agricultores y ganaderos que se desplazarán hasta Madrid tanto a pie como con tractores, informa Ical.
Dujo advirtió que el sector agrícola atraviesa una situación "ruinosa" después de una campaña marcada por los elevados costes de producción, los bajos precios del cereal y una cosecha que dejó pérdidas superiores a los 300 millones de euros en Castilla y León. Según explicó, los fertilizantes alcanzan los 600 euros por tonelada, mientras que el cereal se comercializa a una media de 220 euros por tonelada, lo que obliga a obtener producciones difíciles de alcanzar para cubrir los gastos.
"Necesitaríamos 4.500 kilos de media para empatar y nadie trabaja para empatar, trabajamos para ganar", aseguró el presidente del Asaja, quien señaló que una producción media de 5.000 kilos por hectárea "no corresponde con la realidad del conjunto de Castilla y León".
Esta falta de rentabilidad está provocando, según sus estimaciones, una importante reducción de la superficie destinada al cereal. Frente a los dos millones de hectáreas que históricamente se sembraban en la Comunidad, el pasado año se cultivaron 1,55 millones y en la actual campaña podrían no alcanzarse los 1,2 millones de hectáreas.
"Los agricultores hoy estamos desanimados por la sementera", reconoció Dujo, quien explicó que muchos productores están optando por aumentar las superficies de barbecho recurrir a cultivos alternativos, como el girasol, vezas y forrajes, ante la imposibilidad de mantener la rentabilidad del cereal.
El responsable de Asaja recordó que las cuatro movilizaciones anteriores permitieron conseguir ayudas estatales para fertilizantes y gasóleo que cifró en unos 160 millones de euros para Castilla y León. Sin embargo, reprochó a la Junta que todavía no haya atendido la petición de las organizaciones de habilitar una partida extraordinaria de 150 millones de euros para afrontar la crisis de rentabilidad. "Hasta el momento el Gobierno de Castilla y León no ha puesto un solo euros para ayudar a los agricultores y ganaderos de esta región", denunció.
Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, destacó la importancia de la unidad de acción alcanzada entre las organizaciones convocantes y aseguró que supone un "ejercicio de responsabilidad en un momento crítico" para el sector.
"Hay que aparcar nuestras diferentes, que es verdad que las tenemos, pero el interés del sector está por encima del interés de las organizaciones", defendió González Palacín, quien defendió que "nunca había existido tanto desencanto entre los agricultores de Castilla y León".
En este sentido, advirtió de que el encarecimiento de los costes de producción está llevando a numerosos profesionales a plantearse abandonar la siembra del cereal y sustituirla por cultivos menos costosos. "Si no hay ayudad de una forma importante va a haber mucho trasvase a cultivos con menos costes, se va a reducir de forma importante el cultivo del cereal y va a aumentar de forma irresponsable la dependencia de cereales a terceros países", señaló.
González Palacín denunció también la competencia que "representan las importaciones precedentes de países que no cumplen las mismas exigencias sanitarias y medioambientales que los productores europeos". Por ello, reclamó reforzar los controles fronterizos y garantizar que todos los productos comercializados en la Unión Europea respeten los mismos requisitos.
Entre las principales reivindicaciones destacó la implantación de un gasóleo profesional que contemple una reducción del IVA hasta el mínimo permitido por la normativa comunitaria, la eliminación del cobro inicial del impuesto especial sobre hidrocarburos y una bonificación directa en el momento del repostaje.
Según explicó, esta última medida debería compensar al menos el 70 por ciento del sobrecoste del combustible, lo que supondría una rebaja de entre 40 y 50 céntimos por litro. "No podemos seguir produciendo con el precio del gasóleo como está", insistió.
Asimismo, reclamó una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que agricultores y ganaderos reciban precios que cubran sus costes de producción. "Tenemos una ley con muy buenas intenciones, pero que en la realidad no da resultados", afirmó, antes de solicitar sanciones "más eficaces" y mecanismos que obliguen a las empresas a regularizar los contratos "cuando se detecten pagos por debajo de los costes".