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Desde que regresó en enero de 2025 al poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha basado su política en una estrategia que está llevando al límite pero que le ha supuesto más quebraderos de cabeza que beneficios tangibles. El jefe de la Casa Blanca ha convertido las amenazas maximalistas en una herramienta recurrente de su Gobierno con el objetivo de negociar y amedrentar a los diferentes adversarios para obligarlos a moverse.
Una de las últimas advertencias del líder republicano consistió en imponer posibles embargos comerciales para presionar a la FED a bajar los tipos de interés. Sin embargo, antes amenazó con anexionar Canadá y Groenlandia, recuperar el canal de Panamá, apropiarse de Gaza o destruir la civilización iraní.
Ese modo de actuar alcanzó un nuevo nivel cuando el mandatario norteamericano advirtió a la Reserva Federal, una institución independiente, de que si no reduce los tipos de interés, dejará de comerciar con países con los que EEUU mantiene déficits. Sin embargo, su amenaza no dio resultado, ya que el pasado miércoles el organismo le plantó cara y subió los tipos un cuarto de punto por primera vez en tres años.
Aun así, este órdago resume a la perfección una estrategia utilizada repetidamente durante los casi 20 meses transcurridos desde su segunda investidura: plantear inicialmente consecuencias extremas, desde aranceles prohibitivos hasta la absorción territorial o la destrucción militar, para presionar a Gobiernos, instituciones o individuos.
En algunos casos, la retórica ha alcanzado dimensiones apocalípticas. El pasado 7 de abril, durante la guerra con Irán, el dirigente advirtió que «una civilización entera morirá esta noche» si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. Hoy, más de seis meses después de que empezara el conflicto, Washington está inmerso en un callejón sin salida y el estratégico paso sigue siendo la llave que bloquea el diálogo.
También amenazó con destruir todos los puentes y centrales eléctricas iraníes, algo que tampoco hizo. El Papa León XIV calificó de «verdaderamente inaceptable» la amenaza contra el pueblo persa.
Sin embargo, el maximalismo también ha alcanzado a tradicionales aliados estadounidenses. El magnate ha insistido desde el comienzo de su mandato en que Canadá debería convertirse en el estado número 51 y, cuando el primer ministro, Mark Carney, le espetó en mayo de 2025 que su país «nunca estará en venta», respondió: «Nunca digas nunca».
Con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, otro socio de la OTAN, declaró ante el Congreso en marzo de 2025: «De una forma u otra, vamos a conseguirla». También valoró una intervención militar, pero el jefe de la Casa Blanca la descartó poco después.
Además, en su discurso de investidura, anunció que EEUU se haría con el canal de Panamá, para semanas después añadir a Gaza a sus ambiciones territoriales al proponer que Washington tomara el control de la Franja, trasladara a los palestinos a otros países y desarrollara el enclave como un resort turístico.
Aliados de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han quitado peso a las amenazas más extremas del presidente y han presentado sus palabras como parte de una táctica negociadora.
«Trump no va a empezar lo que ve como una negociación o conversación renunciando de antemano a instrumentos de presión; es una táctica habitual del mundo empresarial aplicada a la política exterior», declaró su mano derecha en enero de 2025, cuando el líder causó alarma en Europa con sus pretensión de anexionarse Groenlandia.
La coerción económica constituye otro de los instrumentos favoritos del republicano. Ha amenazado con aranceles de al menos el 100 por 100 contra los países BRICS si intentan sustituir al dólar y del 200 por ciento sobre vinos y otras bebidas alcohólicas europeas.
El pasado febrero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya anticipó la posibilidad de recurrir a medidas comerciales más drásticas después de que el Tribunal Supremo limitara la capacidad de Trump para imponer gravámenes
Las intimidaciones tampoco se limitan al exterior. El líder de EEUU amenazó con retirar a Harvard su exención fiscal y ha reclamado actuaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones contra medios y periodistas críticos. Del mismo modo, ha cuestionado la autoridad de los tribunales cuando sus decisiones interfieren con la agenda presidencial.
