La alta inflación complica y tensa los convenios colectivos

Siempre tendrá la opción de volver a rechazarlas a través del apartado ‘Privacidad’ que encontrará en la esquina inferior derecha.

Inflación por encima del 3% (3,2% en la actualidad), clima de gran incertidumbre económica global (Ucrania, Estrecho de Ormuz, aranceles, automoción...), unido a un absentismo laboral creciente han tensado y complicado la negociación colectiva sectorial de la provincia en el presente año. Se están desarrollado rondas de negociación interminables y, aún así, cuatro de los grandes convenios provinciales -el de limpiezas, el de las bodegas y distribución de bebidas, y el del comercio de la alimentación y el mixto- siguen en proceso de pacto o atascados e incluso al borde de acudir al Serla bajo la amenazada de huelga.

Este el caso del convenio de bodegas, vinos y distribuidores de bebidas, que hoy -tras media docena de encuentros entre patronal y sindicatos- se citará ante el órgano de mediación para desbloquear un acuerdo que afecta a 231 empresas, entre ellas todas las bodegas de Ribera del Duero y del Arlanza, más los distribuidores de hostelería, y a sus 1.877 trabajadores.

El principal punto de diferencia entre las partes es el salarial para un acuerdo de 4 años. Los sindicatos plantean una subida de salarios aplicando el IPCreal del año anterior, eso sí, sin tope alguno, algo que no quiere la parte empresarial y menos en estos momentos en el que los precios se pueden disparar de un día para otro.

Detrás de esta reivindicación de los trabajadores, detalla Alberto Quintano, secretario provincial de Industria de CCOO, están los antecedentes del convenio que caduca (surgido tras la crisis de la covid) y en los que la inflación laminó el poder adquisitivo de los trabajadores.

Las cláusulas de revisión o de actualización han desaparecido y son imposibles de recuperar, las empresas no quieren costes laborales disparados y, sobre todo, que estos sean imprevisibles, como lo es el 'grifo' que abre y cierra el estrecho del petróleo, en plena guerra entre Irán y Estados Unidos, o los antojos del inquilino de la Casa Blanca a la hora de reajustar los aranceles.

«Los convenios largos dan seguridad a las empresas en momentos de incertidumbre para conocer costes. Desaparecen las cláusulas, pero la parte empresarial también oferta cuantías más amplias para no tener que someterse a futuras revisiones», explica Llarena, que matiza que todo esto se produce en unos años con «IPC altos» que encarecen los precios y la vida. «Es algo que tenemos en cuenta para una negociación que mira a 2030».

Ocurre algo parecido con los salarios en Limpiezas, con más de 4.000 trabajadoras y 213 empresas en juego. En este caso, y tras nueve reuniones y un alto riesgo de acabar en el Serla, están en juego unos salarios bajos y unas empresas con grandes plantillas que dependen de contratos públicos para la limpieza de oficinas de la Administración, colegios, hospitales, etc.

Sobre la mesa se pone la Ley de Indexación que, básicamente, blinda al Estado ante una subida de los costes laborales de las empresas a las que contrata. Es el mismo Estado, critican desde la patronal, cuyo Gobierno eleva el salario mínimo por decreto, disparando los costes de las compañías que prestan sus servicios en un ámbito público.

Todos los convenios firmados hasta la fecha -comercio del metal, fabricación de muebles y carpintería, cargas fraccionadas y paquetería y, recientemente, el de hospitalización y sanidad privada- abren un periodo de vigencia de 4 años e incluso de 5 (hasta 2030).

(Más información, en la edición impresa de este martes de Diario de Burgos)

Edificio PROMECAL Burgos, Avda. Castilla y León 62-64 09006 Burgos, España Telf: 947 26 83 75