Batalla Cultural y Universidad Pública: Entre Aruba y la UBA

La universidad pública argentina atraviesa el momento más crítico en décadas. Entre 2023 y 2026, las universidades perdieron alrededor del 45,6% de su presupuesto real. Más del 60% de los docentes universitarios y el 80% del personal no docente cobran salarios por debajo de la canasta familiar. Las becas estudiantiles fueron recortadas, los hospitales universitarios ya sienten el impacto del ajuste y varias instituciones alertan sobre riesgo de colapso.

En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. Milei la vetó, argumentando que comprometía el objetivo de “déficit cero”. En 2025, la secuencia se repitió: nueva aprobación legislativa, nuevo veto presidencial. Esta vez, el Congreso reunió las mayorías necesarias para insistir y la ley quedó promulgada. Pero el Ejecutivo se negó a aplicarla: judicializó el conflicto, desconoció la vigencia de la norma e incluso apeló el caso ante la Corte Suprema.

El ajuste sobre la universidad pública se inscribe en un patrón más amplio de la Argentina de Milei: el ajuste no se explica, se moraliza. Cada vez que el gobierno recorta en un área socialmente valiosa o moralmente protegida —la universidad pública, el Garrahan, discapacidad, el CONICET, los jubilados— activa un relato que convierte a esas instituciones en espacios sospechosos, abusivos o manipuladores. En ese marco, el desfinanciamiento deja de aparecer como una decisión política y pasa a presentarse como un acto de reparación moral: se recorta para “poner orden”, “terminar con los curros”, “cortar privilegios”. El objetivo de esta narrativa es legitimar el desmantelamiento de lo público.

Así, la “batalla cultural” del gobierno de Milei se sostiene sobre un mismo dispositivo comunicacional. No ofrece explicaciones complejas ni evidencia robusta, sino marcos narrativos simples, moralmente claros y fácilmente replicables. Y esos marcos siguen una secuencia estable, reconocible, casi mecánica:

Uno de los mayores éxitos del relato libertario fue su poder nominatorio. Como decía Bourdieu, “el que nomina, domina”. El gobierno logró amalgamar elementos disímiles en un significante único, homogéneo y estigmatizante: casta = lo público = ñoquis= parásitos= privilegiados. Esa categoría elástica y difusa permitió dividir el mundo entre “argentinos de bien” que pagan impuestos y “parásitos” que viven del Estado y coartan la libertad de los demás.

Dentro de ese esquema, se distingue entre protagonistas directos y victimarios internos. Estos últimos son presentados como “rehenes”: los estudiantes que “quieren estudiar y no los dejan”, los niños que se atienden en el Garrahan y sufren los “atropellos” de “sindicalistas disfrazados de médicos”, los jubilados que aportaron y no cobran lo suficiente por “culpa” de quienes se jubilaron sin haber aportado, los “discapacitados reales”, los beneficiarios de planes “extorsionados” por punteros.

El resultado es una narrativa de desposesión invertida: los recursos que les faltan a los argentinos de bien serían los que se desvían hacia corruptos, falsos beneficiarios o aprovechados. La ecuación es simple y emocionalmente eficaz: si vos tenés menos, es porque ellos tienen de más.

Cuando el discurso público se organiza alrededor de la identificación constante de “ñoquis”, “adoctrinadores” o “privilegiados”, lo que se erosiona no es solo la reputación de ciertos sectores, sino la legitimidad misma de los derechos sociales universales. Cada política pública deja de percibirse como un derecho colectivo y empieza a ser vista como un potencial fraude. La sospecha se convierte en el marco interpretativo por defecto, y la desconfianza en la infraestructura emocional que vuelve aceptable el ajuste.

El núcleo del argumento oficial es moral, más que económico: resulta inmoral que los pobres del Chaco o el carnicero del Gordo Dan financien con sus impuestos a estudiantes que “abandonan”, “tardan demasiado” o cursan carreras “improductivas”. Para sostener esa premisa, el gobierno construye un estereotipo casi caricaturesco: el estudiante crónico que milita, el “hippie chic palermitano” con su “caprichito” de estudiar Antropología en Puan. Ese personaje funciona como figura retórica, no como descripción sociológica.

La realidad es exactamente la inversa. La mayoría de quienes se atrasan o abandonan son los “deslomados” de verdad: pluriempleados, trabajadores informales, personas que viven a dos horas de viaje y ven cómo el transporte aumenta cada mes, estudiantes que cuidan familiares, que cursan cuando pueden porque trabajan para sostenerse. No fracasan: sobreviven. Y lo hacen en un sistema que no está diseñado para quienes no cuentan con recursos, tiempo disponible o redes de apoyo.

La moralización del financiamiento universitario se apoya en una premisa implícita: la educación debe evaluarse según su rentabilidad privada inmediata. Bajo ese prisma, todo lo que no produce ingresos rápidos es un lujo, un gasto superfluo o un privilegio injustificado. Pero la educación no puede reducirse a esa lógica contable: su valor es social, intergeneracional y estructural. Ningún país que haya logrado desarrollo lo hizo midiendo la universidad como si fuera una inversión financiera individual.

En lugar de proponer políticas que generen las condiciones para que esos estudiantes puedan continuar y recibirse —becas, transporte accesible, horarios compatibles con el trabajo, infraestructura adecuada—, el discurso oficial postula como norma la figura del estudiante full time sostenido por su familia. Esa figura funciona como excusa: permite presentar como “ineficiencia” lo que en realidad es desigualdad estructural. Y al mismo tiempo habilita un modelo de país en el que quienes no tienen capital económico directamente no pueden intentar estudiar.

La moralización, así, cumple una función política precisa: convierte un problema de derechos en un problema de conducta. Si el estudiante que abandona es un irresponsable, si el que tarda es un aprovechado, si el que estudia Humanidades es un caprichoso, entonces el ajuste deja de ser un recorte y pasa a ser un correctivo moral.

Por otro lado, hay que resaltar el punto clave aquí: Argentina tiene un sistema fiscal profundamente regresivo. La mayor parte de la recaudación proviene de impuestos indirectos —IVA, combustibles— que pagan proporcionalmente más los pobres. Este gobierno profundizó aún más este esquema: redujo la alícuota de Bienes Personales, eliminó impuestos a bienes suntuarios y amplió exenciones para multimillonarios como Galperín (quien ni siquiera tributa en el país).

En ese contexto, la pregunta se invierte: ¿quién subvenciona a quién? El laburante pobre del Chaco o el carnicero del Gordo Dan no están financiando la carrera de un estudiante de Antropología. Están financiando la lancha de algún gran empresario, la Tesla de Quintar y la cascada de Adorni.