El caso de las videocámaras chinas y trabajo forzoso que pone a México bajo escrutinio del T-MEC

Organizaciones civiles señalan que el caso es el primero surgido desde la ciudadanía en México para intentar activar mecanismos previstos en el tratado comercial.

El caso de las videocámaras chinas y trabajo forzoso que pone a México bajo escrutinio del T-MEC. Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, durante la segunda ronda de conversaciones en Ciudad de México, rumbo a la revisión del T-MEC, el lunes 20 de abril de 2026. (Cortesía: Secretaría de Economía)

Ciudad de México — Un caso de cámaras de vigilancia importadas de China, vinculadas a un caso de posible trabajo forzado en ese país, puso a México bajo escrutinio de Estados Unidos en un momento en el que la administración de Donald Trump atiende la revisión del T-MEC y analiza imponer nuevos aranceles.

México quiere evitar el arancel mínimo de 10% que Estados Unidos propuso el 2 de junio para la mayoría de sus socios por trabajo forzoso. Sin embargo, en 2023 el Gobierno mexicano desechó una denuncia de importación de cámaras de vigilancia vinculadas a trabajo forzado en China, que fue gestionada por las organizaciones de la sociedad civil ProDESC y Empower.

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El caso se trata de la importación a México de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de las marcas Dahua y Hikvision, provenientes de empresas en cadenas de suministro en la región de Xinjiang, China. En el lugar, la ONU identificó el uso de campos de adoctrinamiento en los que minorías étnicas son forzadas a trabajar.

Las videocámaras fueron adquiridas por el gobierno de Ciudad Juárez, Chihuahua en 2022, y motivaron a Empower a realizar una denuncia en agosto de 2023 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Sin embargo, la dependencia desechó la denuncia en noviembre de ese mismo año.

Para las organizaciones denunciantes, el caso cobra relevancia porque es el primer ejercicio ciudadano en México para intentar activar el mecanismo previsto en el artículo 23.6 del T-MEC, que obliga a los Estados Parte a prohibir la entrada de mercancías producidas mediante esquemas de explotación laboral.

“Sabemos que la representación diplomática de Estados Unidos está al tanto de este caso”, dijo a Bloomberg Línea Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC. “No pretendemos generar controversia con las autoridades, sino que lo que hemos ofrecido es que este caso sirva para identificar precedentes que contribuyan de mejor manera a la implementación de este tipo de mecanismos”.

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Cuando Estados Unidos anunció el arancel de 10%, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el marco de las investigaciones de la Sección 301 sobre prácticas relacionadas con la falta de aplicación efectiva de la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

En ese informe, USTR cita el documento “Diagnóstico laboral del T-MEC” de ProDESC en el que se menciona el caso de las cámaras de vigilancia de dichas marcas, que actualmente se ofertan en plataformas de comercio electrónico.

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El coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC explicó que, ante la negativa de la Secretaría del Trabajo de atender la denuncia del caso, se presentó una demanda ante tribunales en enero de 2024 para efecto de que la Secretaría admita la petición de las organizaciones para investigar el caso.

“La demanda se presentó en enero de 2024 y fue admitida hasta noviembre 2025, es decir, casi dos años para lograr la admisión de una demanda”, dijo Torres.