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Desde este verano, Estados Unidos ha añadido otra palanca para ejercer presión continuada sobre México. La Administración Trump rechaza una revisión de larga duración del tratado comercial existente con sus vecinos y, en cambio, opta por obligatorias revisiones anuales. Así, introduce una mayor incertidumbre sobre ... los vínculos económicos entre ambos países e incrementa la posición de fuerza de Washington en otros ámbitos de pulso con México, como la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio.
Trump ya obligó en su primer mandato a profundos cambios en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, incluso renombrándolo como 'Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá' (T-MEC).
Este tratado, en marcha desde el 1 de julio de 2020 y con una vigencia de 16 años prorrogables, tenía previsto un posible mecanismo de revisión en 2026: para el 1 julio de este año podían acordarse algunos cambios para el siguiente periodo, o bien permutar a una dinámica de revisión anual.
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Aunque tanto México como Canadá preferían una decisión de largo recorrido y no sujeta a cortos ciclos coyunturales, la Administración Trump ha impuesto la táctica de atar en corto a sus vecinos. Y no solo eso: en lugar de negociaciones a tres bandas, como venía siendo gran parte del procedimiento, Washington ha establecido dos mesas estrictamente separadas, una para negociar con México, que acapara el grueso del comercio en América del Norte, y otra con Canadá.
La mesa de EE.UU. con México acaba de tener su tercera ronda en la capital mexicana y tiene convocada una cuarta para septiembre en Washington, sin que de momento haya perspectivas de un acuerdo final. Este se encuentra atascado sobre todo en las reglas de origen para los productos de la industria de la automoción, uno de los puntos más trascendentes del tratado, y en las trabas mexicanas para el acceso a su mercado eléctrico.
México, muy dependiente del comercio con EE.UU., no encontrará mercado alternativo que pueda asumir el volumen de ventas a EE.UU.
México depende especialmente del comercio con EE.UU., país al que destina en torno al 80% de su exportación y al que compra casi el 50% de sus importaciones. Puede intentar diversificar sus proveedores, pero no encontrará mercado alternativo que pueda asumir tal volumen de ventas. Y como estas adquisiciones que el país norteamericano hace en México le suponen a Washington un elevado déficit comercial (principal cuestionamiento de Trump hacia el TLCAN, primero, y ahora hacia el T-MEC), la presión de EE.UU. se dirige a que su vecino del sur se abra más a los productos y servicios estadounidenses.
El titular de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, cree que puede estar en condiciones de presentar una propuesta final antes de que termine 2026, por lo que no habría acuerdo hasta el próximo año. Si bien, mientras tanto, el T-MEC sigue adelante en sus actuales previsiones, estirar la negociación genera una incertidumbre que México desearía evitar, pero que Washington aprovecha para presionar al Gobierno de Claudia Sheinbaum en otros asuntos.
Precisamente, las abundantes extradiciones de narcos concedidas en el último año por México a petición de la Justicia estadounidense, sumadas a una política migratoria muy alineada con Washington, evidencian el propósito de Sheinbaum de apaciguar a Trump en varios aspectos polémicos. Muestra de esta postura es que, pese a las quejas por la muerte de 17 migrantes de origen mexicano a manos del ICE –la Policía antiinmigración de EE.UU.–, la relación no ha sufrido ningún colapso diplomático.
Las negociaciones, por otra parte, se han visto torpedeadas por la política de aranceles de la Casa Blanca. Si bien cerca del 85% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. siguen con arancel cero, al estar incluidas en el T-MEC, Washington aplica aranceles de entre el 10% y el 50% a distintos productos mexicanos que quedan fuera del tratado o no lo cumplen (las más elevadas son sobre acero, aluminio y cobre).
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