Sólo hace poco más de un mes que se retiró la Verja de Gibraltar. El pasado 15 de julio. Tras un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, España y el Peñón eliminaron los controles fronterizos físicos para personas y mercancías. Desde ese ... día está permitido el libre tránsito sin necesidad de mostrar pasaporte o DNI. Y ese tiempo ha bastado para que Gibraltar dé otro bocado a la soberanía nacional de España sin que nadie diga nada. Esta vez de 47.000 metros cuadrados. En los próximos 18 meses, el Gobierno de la Roca va a volver a ocupar aguas españolas para construir ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez. Pérdida de territorio con los ecos soberanistas de Marruecos sobre Ceuta de fondo y sin soluciones a la invasión de inmigrantes ilegales.
El pasado 15 de julio, Pedro Sánchez dio la bienvenida a las nuevas relaciones con la colonia británica y dijo que era un día en el que se hacía historia. «Cae el último muro de Europa continental», aseveró el presidente del Gobierno, que también afirmó que el Campo de Gibraltar se reconciliaba con su auténtico destino de «ser puente y no barrera; ser horizonte y no frontera». Un «horizonte» que el Peñón ocupa cada vez que quiere expandirse y que va a volver a hacer.
La vida sin la Verja de Gibraltar: del tráfico fluido a una «merma de derechos laborales»
Las nuevas relaciones con la colonia británica trae acceso libre de transeúntes para los 15.000 trabajadores que cruzan a diario, aduana y más rellenos sobre aguas española. Ahora en la última avanzadilla se hacen para dar otro bocado con una nueva promoción inmobiliaria de rascacielos junto al mar. El nuevo proyecto inmobiliario lo anunció el propio Fabián Picardo, ministro Principal, que dijo que se van a levantar en el 'Westside'.
Es en el lado opuesto a donde construyó, también con polémicos rellenos, las promociones de lujo. En esta nueva expansión van 2.300 viviendas protegidas en esa pastilla ganada al mar de 47.000 metros cuadrados. Al otro lado del Peñón donde Picardo hizo su propio paraíso para ricos. Y lo hace en aguas españolas.
«Gibraltar siempre ha crecido creando la tierra que su gente necesita, y cada generación de gibraltareños que se ha beneficiado de una vivienda asequible lo ha hecho porque una generación anterior estuvo dispuesta a construir», dijo Fabián Picardo, que obvia que todas esas ampliaciones de terreno son en territorio español hurtado a través de los años.
Las autoridades de Gibraltar ocultan los acuerdos de cesión a Gran Bretaña en 1713. Según lo regido en el Tratado de Utrecht, España cedió a los británicos la plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, su puerto, defensa y fortalezas. El acuerdo no incluía las aguas que rodean al Peñón. Sólo las aguas de la ensenada histórica, sobre las que se han hecho ampliaciones del puerto y donde se seguirán ampliando para hacer estas viviendas.
El nuevo desarrollo urbanístico ocupará la mitad norte del puerto interior frente a 'Westview Park'. Es un nuevo barrio de viviendas protegidas. El Gobierno del Peñón ha adelantado que un número específico de esos domicilios se construirán adaptadas a los servicios y necesidades de los más mayores. En la política de viviendas del Peñón hay fuertes ayudas sociales y esto permitirá que este grupo de edad pueda trasladarse a estos pisos. Picardo dijo que así se pretende liberar otras viviendas públicas de mayor tamaño para destinarlas a familias o parejas jóvenes en crecimiento.
Una denuncia de Verdemar fue llevada por el PP Europeo ante el comisario de Medio Ambiente para pedir el cese de los accidentes de buques que llegan a Gibraltar en las aguas españolas protegidas por la Red Natura 2000 que lo rodean. Según los datos ofrecidos trasiegan 4,5 millones de toneladas de hidrocarburos por esta zona, al mismo tiempo que fondean entre 400 y 500 buques mensualmente para dar servicios a la Roca. Y en eso se narraban, al menos,
13 accidentes graves
por la ejecución de maniobras ilegales como el 'bunkering'. Además, según los denunciantes, no son el único problema ambiental, ya que Gibraltar no cuenta con un sistema de depuración de aguas. Esto hace que los más de 35.000 vecinos que tiene el Peñón viertan cada año unos tres hectómetros cúbicos de aguas residuales al Estrecho.
«Este proyecto está dedicado íntegramente a viviendas asequibles. Alojará a nuestras familias jóvenes, ofrecerá alojamiento adecuado para nuestros mayores y también proporcionará la educación de los niños que crezcan allí», concluyó Picardo, que también dijo que se construirá un colegio en la zona para los niños de esas 2.300 nuevas viviendas asequibles en la parte opuesta a las viviendas de lujo para una población de 35.000 habitantes.
Y eso con los ecos resonando en los juzgado por el 'Eastside Project', que se presentó en 2025 como un complejo compuesto por un hotel, viviendas, zona comercial y puerto deportivo sobre rellenos en aguas españolas. Las autoridades españolas alegaron que las obras podían tener consecuencias graves para el ecosistema marino y las playas de La Línea de la Concepción. Sin embargo, la Comisión Europea rechazó en 2009 las primeras quejas. Entonces se amparó en los informes británicos que avalaban el proyecto original, modificado para ampliarlo en 2020.
La guerra estaba abierta y, en 2008, España logró incluir esas aguas como Zona de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000. En 2012 se convirtió en Zona de Especial Conservación (ZEC). Las declaraciones prohibían cualquier obra que pudiera dañar el ecosistema. Ahí Gibraltar obvió las restricciones y continuó adelante para hacer sus rascacielos de lujo para los que buscan su fiscalidad.
El Gobierno de Rajoy trató de parar el proyecto en 2013 con una prohibición de exportación de materiales de construcción al Peñón. Esta decisión encareció las obras, pero no las paró. Los materiales se buscaron en Argelia. Pero ahí el megaproyecto quedó parado por problemas financieros.
En 2020 con los rellenos de las diez primeras hectáreas ya afianzadas, la multinacional TNG Global Foundation, que tiene sede en Vietnam, adquirió los derechos del proyecto para ejecutarlo. En España ya gobernaba el PSOE y Pedro Sánchez estaba aplicando una política más laxa a las relaciones con Gibraltar tras el Brexit, que se aprobó en referéndum en 2016 y entró vigor desde 2021.
Ahí Gibraltar dejó de ser parte de la Unión Europea, lo cual lo exoneraba, a su juicio, de cumplir con los preceptos de la UE sobre la protección ambiental de esas aguas, que son españolas y europeas, pero Gibraltar reclama como propias. El conflicto llegó al punto que la Fiscalía de Algeciras acordó efectuar denuncia criminal ante el Juzgado de Algeciras para que se investigaran los rellenos de Gibraltar en aguas españolas.
