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El Gobierno de Estados Unidos acaba de cruzar, en apenas dos semanas, una línea de hondas consecuencias económicas: la de decidir arbitrariamente qué modelos de inteligencia artificial pueden venderse, a quién y en qué condiciones. Hace quince días, el Departamento de Comercio obligó a ... Anthropic, mediante una directiva de control de exportaciones, a clausurar el acceso a sus dos modelos más avanzados (Fable 5 y Mythos 5) para cualquier extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos (incluidos sus propios empleados sin pasaporte norteamericano), ante lo cual la compañía optó por desconectarlos directamente para todo el mundo.
Esta misma semana, ya no Comercio, sino la Casa Blanca ha pedido a OpenAI que limite el despliegue de su próximo modelo, GPT-5.6, a un puñado de clientes que el propio Gobierno irá autorizando uno a uno antes de consentir su comercialización masiva. OpenAI ha aceptado, aunque su consejero delegado se ha apresurado a aclarar que no es el modelo que desearía a largo plazo.
Que ciertos modelos con capacidades ofensivas en ciberseguridad susciten reparos de seguridad nacional es, en sí mismo, discutible pero no demencial. Lo preocupante es el cómo: una intervención discrecional, sin marco normativo previo, ejercida por agencias distintas y con criterios opacos, que coloca al funcionario en la posición de decidir, caso por caso, quién puede vender y quién comprar la tecnología más estratégica de la década. El Estado no se limita a arrogarse la potestad de escoger ganadores y perdedores: condiciona el acceso mismo al mercado a su visto bueno político.
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Y aquí es donde el problema, que arranca siendo jurídico y geopolítico, deviene económico. Si estas compañías no pueden comercializar a gran escala sus modelos, el incentivo para seguir invirtiendo al ritmo frenético actual se debilita. Y esa inversión es, recordémoslo, la que sostiene toda la cadena: menos desarrollo de modelos significa menos demanda de cómputo; esto es, menos centros de datos y, por tanto, menos demanda de GPUs y de memoria (cuyos precios atraviesan una escalada histórica: los contratos de DRAM se encarecieron casi un 95% en un solo trimestre).
El matiz decisivo es que la Bolsa cotiza hoy bajo el supuesto de que esa demanda seguirá acelerándose. Las grandes tecnológicas destinarán este año del orden de 700.000 millones de dólares a infraestructura (un 77% más que en 2025), y se estima que durante los próximos años superará el billón de dólares.
Pero el bloqueo de Trump amenaza con frenar ese flujo inversor y, por tanto, perjudicar a compañías como Nvidia (proveedora de GPUs) o Samsung, SK Hynix o Micron (proveedores de memoria). El día en que la inversión en centros de datos se congele, los ingresos de estas compañías se desmoronarán y sus valoraciones (las más caras y concentradas del parqué) se vendrán abajo, arrastrando consigo a buena parte del mercado.
La paradoja final es de manual: en nombre de la seguridad, Washington amenaza con detonar uno de los mayores ciclos inversores de la historia y, de paso, con regalar la delantera a China. No hay mejor aliado del rival que el proteccionismo doméstico dispuesto a dispararse en el pie.
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