“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado

Santiago Peña Palacios, de 47 años de edad, fue destituido el viernes 6 de noviembre de su cargo de presidente de la República por la vía del juicio político, por el escándalo financiero conocido ahora como el caso Ueno Bank, e inmediatamente después quedó detenido por orden del Ministerio Público (MP).

Inicialmente, la orden era que permaneciera en su domicilio en el barrio Mbocayaty de Asunción, pero ante la vigilia de manifestantes, la Policía Nacional (PN) tuvo que evacuar al expresidente hasta el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde pasó su primera noche detenido con su esposa, la ahora ya también ex primera dama Leticia Ocampos Villate, de 48 años.

El sábado 7 de noviembre, en horas de la mañana, el expresidente Peña fue llevado a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se llevó a cabo la audiencia de declaración indagatoria, en la que se abstuvo.

En la sede del Ministerio Público, el exmandatario ingresó en una camioneta por un acceso reservado, desde donde fue conducido sin esposas y con una discreta custodia hasta la sala de reunión del titular del Ministerio Público, dónde se hizo la audiencia.

Esta deferencia causó el enojo de varias personas que fueron perjudicadas por el caso Ueno Bank, que se manifestaron frente a la Fiscalía para exigir la devolución de su dinero y castigo para los responsables de esta situación.

Después de esa diligencia, Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio por los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez, quienes requirieron al Juzgado la aplicación de la medida de prisión preventiva.

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El argumento de la Fiscalía es que Peña “cuenta con solvencia financiera autónoma suficiente para sustraerse de la justicia ordinaria”, además de tener “logística, residencias y cuentas fuera de la jurisdicción nacional” y un “acceso inmediato a fondos líquidos no fiscalizados, aptos para financiar traslados o permanencia clandestina sin recurrir a cuentas locales bloqueadas”.

Los fiscales también advierten en su petitorio que “los tipos penales imputados, administración en provecho propio y sesión de confianza, configuran un marco de concurso que da hasta 15 años de privación de libertad” y que “la severidad inexcusable de la sanción esperada debilita el estímulo de sometimiento voluntario al proceso”.

Con esa postura férrea de los fiscales en su contra, el imputado Santiago Peña fue presentado esta tarde al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández, en el edificio del Poder Judicial (PJ), siempre en la capital del país.

Posteriormente, el expresidente fue llevado al Poder Judicial en su imponente camioneta Toyota Land Cruiser negra, blindada, conducida por un chofer militar, aunque también estaba a bordo del teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez, quien al menos hasta hoy seguía desempeñándose como jefe de seguridad de Santiago Peña.

Justamente, el hecho de que conserve un custodio militar podría representar otra irregularidad, ya que Peña no solo fue destituido por mal desempeño de funciones, sino que además ahora es un prisionero con proceso abierto por corrupción.

En todo momento, el vehículo de Peña estuvo escoltado por varios móviles de la Policía, cuyos agentes fueron asignados para la seguridad y el traslado del detenido.

Según los datos obtenidos, Peña fue recibido por funcionarios de seguridad del Poder Judicial en el estacionamiento del subsuelo.

En ese punto, que fue completamente despejado, Peña recibió la inesperada comunicación de que como es un procesado, debía ser esposado para entrar al despacho del juez, tal como establece el protocolo.