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El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que las casas de altos estudios están habilitadas a cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente. Lo hizo a través de X y en referencia al DNU 366/2025.
El Gobierno defendió el cobro de aranceles a extranjeros en las universidades nacionales.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que las universidades nacionales están habilitadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. El funcionario libertario hizo la aclaración a través de su cuenta de X, en medio de las consultas que recibió por la vigencia de la normativa.
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“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, sostuvo Álvarez, en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que modificó la Ley de Educación Superior y habilitó a las instituciones de gestión estatal a establecer retribuciones por los servicios educativos para los extranjeros que no estén alcanzados por la gratuidad.
La aclaración del funcionario se produjo en un contexto que el propio Gobierno vincula con una supuesta “campaña anti Argentina” en redes sociales. Según explicó Álvarez, las consultas recibidas lo llevaron a precisar el alcance del marco normativo vigente.
Desde la administración de Javier Milei sostienen que las universidades tienen la facultad de establecer un esquema de cobro para quienes ingresen al país con el objetivo de cursar estudios y no cuenten con residencia permanente. La medida está contemplada en la normativa vigente y su aplicación queda sujeta a las decisiones que adopte cada institución.
La discusión volvió a instalarse a partir de los cuestionamientos de distintos sectores al financiamiento de las universidades públicas y al impacto que tiene la presencia de estudiantes extranjeros sobre el sistema educativo.
El Gobierno plantea que la posibilidad de establecer aranceles no implica eliminar la gratuidad de la educación superior para los ciudadanos argentinos ni para los extranjeros que cuenten con residencia permanente. La diferenciación se vincula con la condición migratoria de los estudiantes.
El Ejecutivo también sostiene que las universidades cuentan con autonomía para definir sus políticas y que, dentro de ese marco, pueden establecer criterios específicos para el cobro de servicios educativos a determinados grupos de estudiantes.
La discusión se da en paralelo al debate por el financiamiento universitario, uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios. Las universidades vienen reclamando una actualización de sus partidas presupuestarias y una recomposición de los salarios docentes y no docentes.
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