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La Cámara baja comienza a analizar la iniciativa del Gobierno que amplía las sanciones por la explotación de recursos en las islas y contempla penas de hasta 20 años de prisión. El oficialismo busca avanzar con el dictamen la próxima semana.
Diputados comienza a debatir el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei, una iniciativa que endurece las sanciones contra empresas y que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.
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El proyecto será analizado desde las 12 en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La primera reunión será de carácter informativo y contará con la exposición de funcionarios y especialistas.
El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado. La intención es volver a reunir a las comisiones el martes 6 de octubre para intentar emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, en una sesión que también podría incluir proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado fundamentalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos. La nueva iniciativa amplía el alcance a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
El texto establece sanciones administrativas y comerciales para las personas y empresas que incumplan la normativa. También crea un Registro Público de Infractores, que tendrá consecuencias sobre la posibilidad de contratar con el Estado y de desarrollar determinadas actividades económicas en el país.
El capítulo penal es uno de los aspectos centrales de la iniciativa. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen de determinadas actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas por la Argentina. También alcanza a quienes colaboren con esas operaciones.
A su vez, incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados por el nuevo régimen. La herramienta apunta a permitir el avance de procesos judiciales aun cuando los acusados se encuentren fuera del territorio argentino.
Más allá del régimen específico para las actividades económicas en las islas, la iniciativa incorpora un conjunto de modificaciones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional.
Entre ellas figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá como objetivo coordinar las respuestas estatales frente a amenazas que involucren dimensiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. El proyecto también contempla mecanismos de protección de infraestructura crítica.
Ante situaciones consideradas graves e inminentes, el esquema propuesto contempla la adopción de medidas de emergencia sobre operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior. El alcance de esas atribuciones es uno de los puntos que concentra parte de las críticas opositoras.
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Tegucigalpa, Honduras. “Honduras está generalmente abierta a la inversión extranjera, y el Gobierno de Asfura (Nasry) ha manifestado públicamente que reconoce la importancia de la inversión extranjera para generar nuevas oportunidades, crear empleo y estimular el crecimiento económico”. Así reseña un párrafo del documento de 29 páginas publicado el 29 de septiembre por el Departamento de Estado de Estados Unidos denominado “Declaraciones sobre el clima de inversión para 2026: Honduras”. Subraya que Honduras mantiene "ventajas competitivas que la harían atractiva para una mayor inversión privada nacional e internacional”. El informe destaca que más de 200 empresas estadounidenses operan en Honduras, en sectores como la manufactura, textiles y autopartes. “Tras las elecciones generales de noviembre de 2025, el gobierno del presidente Nasry Asfura ha manifestado una política favorable a las empresas, haciendo hincapié en la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos”. De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH) , la economía creció 3.8% en 2025 y para 2026 se pronostica que cerrará entre 3% y 4%. La “Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos de agosto 2026” indica que el PIB real será de 3.5%. Roberto Lagos, presidente del BCH, consideró “positivo” el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe del Departamento de Estado señala que Honduras mantiene varias ventajas, entre ellas su ubicación estratégica, cerca de los mercados estadounidenses con un puerto de aguas profundas (Cortés); fuertes protecciones comerciales y de inversión en virtud del Cafta-RD. Además, una posición macroeconómica generalmente sólida, respaldada por el progreso continuo del programa del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI); una rica dotación de recursos naturales; una fuerza laboral amplia y competitiva en costos con un grupo de trabajadores calificados. “El Gobierno de Asfura ha priorizado la atracción de inversión extranjera mediante medidas específicas para aumentar la flexibilidad laboral y agilizar el acceso a divisas”, sostiene el informe. Destaca el rol de agencias como el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas y otros organismos de promoción de inversiones. El informe hace hincapié en los desafíos estructurales que limitan la inversión en Honduras . Destacan la aplicación y cumplimiento inconsistentes de las políticas e incentivos fiscales; las disputas territoriales; altos costos de electricidad y suministro poco fiable. Además, las preocupaciones relacionadas con la delincuencia y la seguridad; la corrupción; brechas en la educación de la fuerza laboral; infraestructura de transporte logística deficiente. “Los índices de delincuencia y violencia siguen siendo elevados, lo que incrementa los costos y desincentiva las inversiones”, subraya el informe. “Los inversores internacionales señalan que ciertas políticas históricamente han hecho que el clima de inversión de Honduras sea menos atractivo, aunque la percepción mejoró tras la toma de posesión del Gobierno de Asfura, el 27 de enero de 2026”, reza otra parte del documento. En ese sentido, el nuevo Gobierno aprobó el reingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la renovación del Régimen de Importación Temporal (RIT) , la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una nueva ley para el sector eléctrico (pendiente de la publicación en La Gaceta). Según el Departamento de Estado de EE UU, el Gobierno hondureño en los últimos años ha simplificado los trámites administrativos para la creación de empresas, ofreciendo muchos procesos en línea. “Los inversionistas informan que el acceso a dólares estadounidenses a través del Banco Central de Honduras ha mejorado tras los recientes ajustes de política monetaria”, sostiene el informe. Añade que el Banco Central simplificó el acceso a divisas al reducir los requisitos de documentación; las empresas han reportado menos dificultades para obtener divisas en comparación con años anteriores y, en general, informan una mayor capacidad para satisfacer sus necesidades cambiarias