La desaceleración del IPC permite cambiar el foco de las preocupaciones. Sin abandonar el objetivo de estabilidad, la prioridad pasa ahora por impulsar la industria, el empleo y el crédito, mientras continúan pendientes reformas clave en materia fiscal, tributaria y previsional.
El desafío no pasa tanto por definir el rumbo, sino por ordenar la secuencia y los ritmos.
La desinflación sigue avanzando, aunque como es previsible, sin ajustarse a un proceso lineal y poniendo en evidencia que llevará tiempo converger a aumentos de precios similares a los prevalecientes en otros países. Mientras, la producción a nivel agregado sigue mes a mes a ritmos zigzagueantes y con crecientes brechas entre sectores.
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Por varias razones se impone una reponderación de objetivos: la inflación pierde centralidad como preocupación inmediata y aumenta el interés en lograr una recuperación más vigorosa y homogénea de la producción.
El nivel de actividad económica impacta en el ánimo de la gente y, por transición, en la política. Si bien las heterogeneidades sectoriales dan pie a una multiplicidad de matices, la debilidad en la generación de empleo y el estancamiento en las remuneraciones es una preocupación amplia. Pero también el comportamiento en la actividad económica tiene una incidencia directa sobre la recaudación.
Mientras menos dinámica sea la producción, más complicado resulta sostener el principal basamento del programa económico: el equilibrio fiscal.
Sobre este punto dos evidencias recientes explicitan la severa estrechez fiscal con la que todavía hay que lidiar. La baja en los derechos de exportaciones fue un gesto positivo hacia la producción, pero en dimensiones tan acotadas que no tiene capacidad para generar impactos sustanciales en la competitividad. El anuncio de reducción de las retenciones se dio junto con el de posponer la implementación del FAL.
No se planteó de manera explícita, pero en la estrechez de las cuentas públicas el impacto inicial de reducir retenciones en parte se compensa con la no reducción de las contribuciones patronales destinadas a la ANSES que se prevé en la instrumentación del FAL.
En el informe oficial del FMI correspondiente a la segunda revisión del acuerdo celebrado el año pasado no se escatiman elogios a los logros alcanzados en favor del ordenamiento económico. Pero el documento también es claro y preciso en señalar debilidades y riesgos. No es que se minimicen los avances y los méritos del gobierno de haberlos impulsado, sino que se alerta sobre el cúmulo de distorsiones que todavía subsisten.
Esto lleva a enunciar un listado completo y sistematizado de las acciones necesarias para darle continuidad al programa económico. Una cuestión interesante es que en términos generales la agenda que se desarrolla en el documento no plantea desvíos respecto a las opiniones prevalecientes.
No parece que el principal escollo radique en desacuerdos profundos sobre los objetivos. Las diferencias más relevantes aparecen al momento de definir los tiempos, las prioridades y la secuencia de implementación. Es decir, los puntos de disenso no están tan centrados en cuestiones sustanciales sino en relación con aspectos instrumentales. En particular, sobre el ritmo y secuencia para instrumentar las reformas. Tratándose, en la mayoría de los casos, de transformaciones técnicamente complejas y políticamente sensibles la principal fuente de disensos es la ponderación sobre la viabilidad de las reformas pendientes.
Haber ajustado las cuentas públicas al punto de obtener y sostener el equilibrio fiscal es un logro trascendental. Pero, como se señala en el documento del FMI, quedan pendiente muchas cuestiones cualitativas. Para abordarlas se necesitan reformas que mejoren la eficiencia, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los impuestos.
En materia de gastos una definición muy importante es que el gobierno manifiesta que se seguirá difiriendo en el tiempo la instrumentación de la reforma previsional. Se trata de una decisión con enormes implicancias.
La razón es simple: dado el peso que tienen las prestaciones previsionales dentro del gasto público, postergar su reforma obliga a profundizar los ajustes en el resto de las partidas para seguir fortaleciendo el equilibrio fiscal.
