Lo que trascendió como un “comentario desafortunado” de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, durante un almuerzo con dirigentes ganaderos en la Exposición Rural de Palermo se transformó, pocas horas después, en un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y la cadena de la carne.
El anuncio que Sturzenegger hizo a empresarios de forma coloquial y generó el mayor rechazo propone modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
El mecanismo que tramó el jefe desregulador, se filtró a través de un borrador del proyecto de ley al que accedió El Cronista y que abarca un amplio abanico de medidas.
El cambio central en el IPCVA consiste en reemplazar el actual aporte obligatorio que realizan productores y frigoríficos por un sistema de contribuciones voluntarias, acompañado por otras fuentes de financiamiento como donaciones, legados, ingresos por servicios y rentas del propio fondo.
La iniciativa no elimina el instituto, pero sí modifica el mecanismo que sostiene su funcionamiento desde su creación por la Ley 25.507. El proyecto establece un período de transición durante 2027, con una reducción gradual de los aportes obligatorios, hasta disponer que a partir del 1° de octubre de 2027 cesen definitivamente las contribuciones compulsivas, que pasarán a ser voluntarias.
El texto también instruye al Senasa y a la Secretaría de Agricultura a dejar de recaudar esos aportes desde esa fecha, cerrando el actual esquema de financiamiento.
La propuesta provocó una rápida reacción de prácticamente toda la cadena bovina.
En un comunicado conjunto, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro— junto con las principales cámaras frigoríficas (ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA) expresaron su respaldo institucional al IPCVA y cuestionaron la modificación impulsada por el Gobierno.
Las entidades destacaron que el instituto constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de la cadena y advirtieron que el nuevo esquema “pondría en riesgo” su continuidad.
La definición más contundente del documento sostiene que “las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, al considerar que un sistema basado exclusivamente en aportes voluntarios no garantizaría los recursos necesarios para sostener su actividad.
El comunicado también recuerda que los principales países productores y exportadores de carne —como Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay— cuentan con organismos de promoción similares, financiados mediante aportes sectoriales e incluso complementados con recursos públicos.
Actualmente, el IPCVA se financia mediante contribuciones obligatorias de productores y frigoríficos, fijadas por la Ley 25.507, recursos que permiten desarrollar campañas de promoción de la carne argentina en el mercado interno y en el exterior, realizar estudios técnicos, generar inteligencia comercial y colaborar con la apertura de nuevos mercados.
Mientras el Gobierno busca reemplazarlos por mecanismos voluntarios, la cadena cárnica sostiene que ese cambio comprometería una de las pocas herramientas de promoción sectorial construidas y sostenidas por consenso durante más de dos décadas.
El debate, sin embargo, excede el futuro del instituto. La propuesta forma parte del paquete de desregulación que impulsa Sturzenegger y refleja una diferencia de fondo sobre el rol de los aportes obligatorios administrados por entidades público-privadas.
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