México, rehén del gas extranjero

La soberanía energética de México enfrenta una de sus mayores contradicciones en el gas natural. Mientras el país aspira a fortalecer su capacidad productiva, depende del exterior para cubrir alrededor del 91% de su consumo y cuenta con reservas operativas que apenas alcanzarían para dos o tres días si se interrumpieran por completo las importaciones.

La principal fuente de abastecimiento es Texas, cuya cercanía y capacidad de suministro permiten recibir gas a precios considerablemente menores que los de otros mercados. Sin embargo, esa ventaja también representa un riesgo estratégico. Una falla operativa, un fenómeno climático extremo o una decisión que limite las exportaciones estadounidenses bastarían para poner a México en crisis, particularmente en materia de generación eléctrica, actividad industrial y suministro doméstico.

En 2018, la Secretaría de Energía encomendó al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), que dirige actualmente Cuitláhuac García, avanzar hacia un almacenamiento estratégico equivalente a cinco días de consumo nacional, alrededor de 45 mil millones de pies cúbicos. La meta sigue sin alcanzarse en 2026. El almacenamiento disponible depende en buena medida del gas contenido y presurizado dentro de los propios gasoductos, una reserva operativa que dista de ofrecer la seguridad que requiere el país.

A esa carencia se suma el estancamiento de la producción nacional desde 2017, situación que ha profundizado la dependencia de las compras externas. México no sólo necesita producir más, sino contar con infraestructura para almacenar el combustible y enfrentar interrupciones sin poner en riesgo el funcionamiento de su economía.

Los antecedentes confirman que la vulnerabilidad de nuestro país en esta materia. Las contingencias climáticas y operativas registradas en Texas han evidenciado la fragilidad de un sistema de abastecimiento que depende de una región y de una infraestructura que México no controla. Episodios de frío extremo, tormentas y nevadas pueden afectar la producción y el transporte del gas, con consecuencias inmediatas al otro lado de la frontera.

En una emergencia de gran magnitud, México tendría que buscar proveedores alternos, pero a un costo considerablemente mayor. Canadá es una opción, mientras que el gas natural licuado permite recurrir a mercados más lejanos, incluidos Trinidad y Tobago, Perú, Indonesia y Nigeria. Estas alternativas contribuyen a diversificar el suministro, aunque sus costos y las condiciones del transporte reducen su competitividad frente al gas texano.

En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí el reto de corregir las deficiencias estructurales del sector. La apertura a contratos mixtos para impulsar proyectos de generación eléctrica con participación privada puede contribuir a ampliar la inversión. Un esfuerzo semejante será necesario para revertir el estancamiento de la producción nacional de hidrocarburos, con reglas claras, viabilidad financiera y objetivos de largo plazo.

La infraestructura es fundamental y en ese sentido, obras como el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, una obra de aproximadamente 715 kilómetros, de los cuales alrededor de 690 son submarinos, permite transportar más de mil 300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Desde Tuxpan, Veracruz, el sistema se enlaza con la infraestructura que contribuye al abastecimiento del sureste, incluido el gasoducto Mayakan, fundamental para la península de Yucatán.

La soberanía energética no se mide únicamente por la propiedad estatal de las empresas ni por el discurso político. También depende de la capacidad real para garantizar el suministro, almacenar combustibles, elevar la producción nacional y reducir la exposición a decisiones externas.