Consolidación fiscal 2026: entre la disciplina y el crecimiento

El Paquete Económico 2026 llegó al Congreso con un objetivo claro, el lograr un superávit primario de 0.5% del Producto Interno Bruto y estabilizar la deuda pública en 52.3% del PIB. En palabras llanas, el gobierno se compromete a gastar menos de lo que ingresa. Después del déficit más alto en cuatro décadas, esta meta es un mensaje contundente a los mercados. Pero la pregunta que me hago es si esta disciplina no nos está saliendo demasiado cara.

Porque la consolidación fiscal en México se ha logrado recortando presupuestos de salud y educación. Entiendo que en el corto plazo eso ajusta las cifras. Pero el costo de oportunidad es brutal. Menos recursos para formar médicos, para mantener escuelas dignas, para equipar hospitales, eso no es un número en una hoja de Excel, es capital humano que no se desarrolla y movilidad social que se frena. Es como curar una fiebre con una dieta que te deja sin energía.

El diagnóstico se complica con las proyecciones económicas. Hacienda estima un crecimiento de 2.3% este año. Los analistas privados proyectan apenas 1.07%. Esa diferencia no es técnica, es política. Si la economía no crece a ese ritmo, la recaudación será menor y el superávit se convierte en una meta imposible. ¿Qué sigue? Más recortes. Menos gasto, menos crecimiento, menos recaudación.

Y como si fuera poco, Estados Unidos muestra señales claras de desaceleración. Si el vecino del norte tose, nosotros nos resfriamos. Eso golpea nuestros ingresos fiscales vía comercio exterior y remesas.

Pero aquí quiero detenerme y ser especialmente duro con un actor que sistemáticamente ha esquivado su responsabilidad, el sector empresarial mexicano. No me refiero a las pymes que luchan por sobrevivir, sino a las grandes corporaciones que tienen capacidad de pago y que han hecho de la elusión fiscal una práctica cotidiana. Mientras el gobierno recorta presupuestos en salud y educación, estas empresas siguen aprovechando privilegios fiscales y resquicios legales para no pagar lo que les corresponde. Es un escándalo silencioso que no puede seguir tolerándose.

México es el país de la OCDE con la menor presión fiscal, apenas 17% del PIB. Y no es porque seamos pobres, es porque quienes más tienen han construido un sistema a su medida para no contribuir. La evasión y la elusión fiscales le cuestan al Estado mexicano entre 500 mil y 800 mil millones de pesos al año. Esa cantidad es más del doble de lo que se gasta en educación superior. La falta de pago de unos cuantos está financiando, por omisión, el rezago educativo, la falta de medicinas y la infraestructura deficiente del resto. Es insostenible, es inmoral y es un lastre que nos hunde.

El gobierno hace un esfuerzo titánico por consolidar las finanzas. ¿Y las grandes empresas? Siguen jugando al escondite con el fisco, abriendo empresas fachada en paraísos fiscales y utilizando estrategias de planeación fiscal agresiva. Ya basta de simulación. Ya basta de que los mismos de siempre se nieguen a poner su parte mientras el Estado se desangra y los más vulnerables pagan las consecuencias.

Todo esto nos lleva a una encrucijada. La consolidación fiscal es necesaria, pero no puede ser un fin en sí misma. Necesitamos una reforma fiscal integral que cierre las puertas a la evasión y la elusión, que elimine privilegios. Pero esa reforma debe tener dientes. Debe incluir sanciones ejemplares. Debe poner en el banquillo a los que han hecho de la evasión fiscal un modelo de negocio.

La lección es contundente, la disciplina por sí sola no construye futuro. La construimos entre todos, o no la construye nadie. Las grandes empresas deben entender que su responsabilidad no termina en la generación de empleos; incluye también su contribución fiscal. Si ellas no pagan, son los niños sin escuela, los enfermos sin medicina y los jóvenes sin oportunidad quienes terminan pagando la factura. Eso no es solo injusto; es una deuda histórica que el país les está cobrando.

El verdadero desafío no es consolidar las cuentas públicas, sino consolidar el futuro de México. Y eso requiere voluntad y la valentía de poner el crecimiento sostenible en el centro de la política fiscal. No es un ejercicio técnico; es una decisión política que definirá el país que heredarán nuestros hijos. No podemos fallarles.