Diputados: tras la marcha atrás del Gobierno, el oficialismo aprobó por más de dos tercios la nueva ley de Discapacidad

Tras una jornada de frenéticas negociaciones, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo proyecto sobre Discapacidad. Luego de ceder en varios puntos más, el oficialismo logró imponer su texto con más de dos tercios de los votos, incluidos los del peronismo. Así el texto quedó blindado de cara al debate en el Senado o un eventual veto de Javier Milei.

El texto se aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (de la Izquierda). El rechazo lo encabezaron ocho cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria en sintonía con el pedido de las organizaciones de su provincia que se quejaron de que no fueron convocadas al debate y desconfían de que el gobierno incumpla. También votó en contra la ex libertaria mendocina Lourdes Arrieta.

Durante toda la tarde, la legisladora libertaria Laura Rodríguez Machado -quien capitaneó la discusión del tema en comisiones- mantuvo reuniones con legisladores de las bancadas federales y de Unión por la Patria para definir los últimos retoques, que permitieron sellar el consenso. Tras los cortocircuitos, en el oficialismo aseguran el texto final cuenta con el visto bueno de la Casa Rosada.

En el recinto, Machado agradeció a "la mesa política por el apoyo e independencia" que da a su bloque y sentenció: "La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal".

El diputado misionero y jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad -quien es hipoacúsico- se convirtió en el principal representante del colectivo de organizaciones y ofició de mediador.

Fue él quien enumeró en el inicio del debate cada uno de los cambios que pedían. "Vamos a aceptar todas las modificaciones", confirmó el libertario Gerardo Huesen, presidente de la comisión de Discapacidad, y el recinto estalló en aplausos.

Después el peronista Juan Marino confirmó que Unión por la Patria acompañaría. "Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones", afirmó. Sin embargo, le advirtió al Ejecutivo que "para que se supere la emergencia, Milei tiene que cumplir la ley".

Como contó Clarín, la oposición consiguió imponer el tema en la agenda parlamentaria cuando presentó, con amplio consenso, un proyecto encabezado por Marino para extender la emergencia en discapacidad -que vence en diciembre- por un año más y consiguió emplazar a las comisiones para obligar a tratarlo.

Pero en un giro de estrategia, La Libertad Avanza, en vez de rechazar la movida, se plegó y propuso un proyecto "superador" que elimina el concepto de emergencia, pero sostiene los puntos centrales de esa ley: mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones, y la pensión no contributiva, junto a la posibilidad de obtenerla a la par de un trabajo registrado.

La movida significó una marcha atrás radical con respecto al ajuste al área de Discapacidad planteado por el propio poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso que, entre otros puntos, impedía que quienes tengan un trabajo registrado cobren una pensión y eliminaba el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría a las obras sociales y empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de las terapias.

Sin embargo, frente a la desconfianza sobre las intenciones reales del Gobierno, los aliados condicionaron su apoyo a que se especifique en el proyecto la fuente de financiamiento, de lo contrario, el texto sería "letra muerta".

En la previa a la votación anunciaron la incorporación de las partidas para financiarlo (la Oficina de Presupuesto del Congreso estimo el costo en $598.912 millones para 2027) junto a otros cambios exigidos.

Entre ellos, se modificó la delegación que se le otorgaba al Ejecutivo para estipular los requisitos necesarios para acceder a una pensión por discapacidad y quedaron especificados en la ley. Por ejemplo: no percibir ingresos económicos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.

A su vez, garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad (el actual Incluir Salud), y fija plazos concretos para pagar las deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total dentro de los 90 días corridos.

Con todos los agregados hechos la discusión se volvió política, por el relato. El oficialismo festejaba que ganó la pulseada porque impuso su proyecto, pero la oposición sentenciaba que ellos lo obligaron a "dar vuelta" su dictamen.