La imbatible corrupción y el tsunami judicial que condiciona a mileístas y kirchneristas

El estilo disruptivo que percibió el electorado en 2023 y que llevó a Javier Milei imprevistamente al poder parece haber quedado acotado a algunas decisiones de política económica y al lenguaje encolerizado presidencial; de lado quedaron, el concepto de lucha contra la casta y la corrupción, y el cambio como eje de una gestión que se asemeja demasiado a las anteriores, tanto peronistas como no peronistas.

Hay un mandamiento tácito en la política argentina que esgrime que las denuncias de corrupción son partícipes necesarios en cualquier gobierno, pero penetran la coraza presidencial en dos momentos claves: cuando la economía no funciona o cuando el desgaste es pronunciado y conduce a un clima de hartazgo. Este último abrazó al menemismo y al kirchnerismo, tras una década de gestión.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es uno de los actores que por sus actitudes, horrores comunicacionales, mentiras admitidas y su confesión como evasor, ha conseguido que una de las principales preocupaciones de la sociedad frente a la administración libertaria sea la corrupción.

Que Milei haya movilizado a su gabinete a Rosario para el acto por el Día de la Bandera y en honor a Manuel Belgrano con el objetivo político de respaldar una vez más a su arrumbado jefe de Gabinete, resulta un despropósito que pone en duda la perspectiva del Gobierno. Si hay un prócer que se ha caracterizado por su honestidad, transparencia y valores es Belgrano; excepto por llevar el mismo nombre, Manuel, Adorni sería la antítesis del creador de la Bandera nacional.

De acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional en todo el mundo publicado en febrero de este año, la Argentina había caído al puesto 104 sobre un universo de 182 países. No sería extraño que hoy, a partir de la influencia del Adornigate, el país estuviera peor. A modo de referencia, en el 2018 también durante el tercer año de mandato, en ese caso de Mauricio Macri, el país escaló al lugar 85, en un claro reflejo de una mayor transparencia.

Pocas veces se ha observado un tsunami de denuncias y causas judiciales cruzadas, como ocurre hoy, que involucran a un gobierno anterior y a otro en funciones. Tal vez el único antecedente desde el retorno a la democracia sea el del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, en el que convivieron el escándalo por las coimas en el Senado con las denuncias de la corrupción menemista.

En este carnaval grotesco hay expedientes de todos los colores: mileístas, kirchne-mileistas y, por supuesto, kirchneristas puros.

El Adornigate encabeza los casos libertarios por su masiva repercusión desde hace 100 días y los datos grotescos que generaron picos de interacciones en la red X: uso de explicaciones fallidas como “deslomarse”, jubiladas o ex policías prestamistas, pagos millonarios en dólares y en efectivo al contratista, el fabuloso hallazgo de dólares en una caja de zapatos que "le dejó" su padre o ganancias inverosímiles en criptomonedas que descansan en un pendrive o billetera fría.

El Presidente debe afrontar, sin estar imputado aún, la pesquisa por la supuesta estafa en el lanzamiento de la cripto LIBRA en el que están involucrados opacos empresarios digitales como Mauricio Novelli y Hayden Davis que habrían destinado unos 5 millones de dólares para el lanzamiento e implicaron a Milei, según lo que surge del celular del primero. Mientras que en la causa ANDIS, el propio Ministerio de Salud admitió un esquema de sobreprecios en el área de discapacidad cuando Diego Spagnuolo estaba a cargo. El exfuncionario aparece en un audio, cuya veracidad aún debe ser peritada, detallando una práctica de corrupción que implica a Karina Milei y Lule Menem.

Especialistas y ex funcionarios sospechan de la existencia de métodos de corrupción heredados por los libertarios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que seguirían vigentes. De allí surge el caso de Facundo Leal, quien fuera titular de ARSAT en la gestión K y responsable del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en la gestión M, hasta febrero de este año.

Si bien se vincula a Leal con la gestión de Fernández y su detención responde a una denuncia del gobierno mileísta por el robo de equipamiento tecnológico en Arsat, nadie sabe explicar por qué primero se lo premió con la dirección de la ORSNA libertaria y en febrero volvió a Arsat donde era planta permanente. Tampoco, cuál es el origen de los 2,6 millones de dólares que se le encontraron a Leal. Fue su chofer, desde 2020, quien detalló ante la justicia un esquema de entregas de mochilas, supuestamente con dinero de la corrupción.

Algo extraño también ocurre en la causa por el rulo financiero del que presuntamente se beneficiaron personajes como Elías Piccirillo (ex de Jésica Cirio), Francisco Hauque o Martín Migueles. En medio del cepo y del desfasaje del tipo de cambio, conseguían dólares al precio oficial y los vendían al mercado negro a precio blue. Sin embargo, el fiscal Piccardi no ha tenido, aseguran, la mayor colaboración de parte de organismos del actual gobierno como ARCA o el Banco Central, para dar con los funcionarios que estaban involucrados en el otorgamiento de los permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Los recientes videos atribuidos a Jésica Cirio que ella negó, pero que muestran fajos de cientos de miles de dólares guardados en un vestidor en tiempos en que todavía era pareja de Martín Insaurralde, conforman una imagen obscena.

Otra investigación en curso que sigue frenada desde hace seis meses, con varias ramificaciones apunta contra el tándem de AFA Claudio Tapia-Pablo Toviggino. Una red que combina desvío de fondos millonarios en el exterior producto de los ingresos por la Selección; sociedades fantasma; un monotributista y una jubilada como dueños de una mansión; y una financiera, a cargo de Ariel Vallejo, con vínculos con los clubes e investigada por presunto lavado de activos. Una trama que también asocia al kirchnerismo y al mileísmo a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El funcionario acaba de ascender a Agustín Rubiero, un juez que fue integrante del Tribunal de Apelaciones de la AFA. El padre del ministro, Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. Y hay sospechas por la decisión de Juan Mahiques de desplazar, apenas asumió, al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Daniel Vítolo, que pretendía auditar los balances de la AFA. Casualmente, la Cámara Nacional en lo Civil acaba de respaldar el traslado de la sede de la AFA a la Provincia para que esa auditoría nunca ocurra. ¿Por qué el Gobierno no va a fondo contra la AFA?