Cambios en las estructuras productivas: la experiencia de Australia

Las estructuras económicas de los países evolucionan de manera continua, y la Argentina no es una excepción. Nuestra estructura productiva actual difiere radicalmente de la de hace 50 o 100 años y, sin duda, será muy distinta dentro de las próximas décadas.

Estos cambios responden principalmente a avances tecnológicos, aunque también influyen factores demográficos y culturales, guerras, catástrofes y variaciones en la demanda global de bienes y servicios.

La velocidad de esas transformaciones varía enormemente entre países. China urbanizó a más de 300 millones de personas en apenas unas décadas, mientras que los países del Medio Oriente pasaron de estructuras prácticamente feudales a economías diversificadas impulsadas por el petróleo. En contraste, algunas comunidades amazónicas han cambiado muy poco a lo largo del tiempo.

La economía argentina enfrenta hoy un proceso de transformación de sus estructuras productivas, impulsado por la creciente demanda mundial de sus recursos —energía, minería y alimentos de alta calidad— y por políticas orientadas a la apertura económica y a la reducción de distorsiones impositivas y regulatorias.

Estos cambios generarán —y ya están generando— ganadores y perdedores. No serán indoloros. Sin embargo, la alternativa —mantener el statu quo— implica estancamiento, marginalidad y pérdida de oportunidades para millones de personas.

Frente a esta perspectiva, han surgido críticas que alertan sobre un supuesto “retorno al modelo agroexportador” o la construcción de “un país para 20 millones de habitantes”, condenando al resto a la exclusión. Estos argumentos suelen ignorar los resultados de la estructura económica vigente durante las últimas décadas: bajo crecimiento, inflación crónica, pobreza estructural y una proporción significativa de la población fuera del sistema formal.

Una transformación productiva bien gestionada, basada en productividad, innovación y capital humano, puede generar empleo de calidad y elevar el bienestar general, tal como lo demuestra la experiencia de otros países.

A comienzos del siglo XX era habitual comparar las trayectorias de Argentina, Australia y Canadá: tres países de inmigración reciente, vastos recursos naturales y enorme potencial de desarrollo.

Hacia 1870, la población argentina era similar a la australiana —alrededor de 1,8 millones de habitantes— y equivalía aproximadamente a la mitad de la canadiense. El ingreso per cápita argentino, medido en dólares internacionales de 2011 ajustados por poder adquisitivo, era aproximadamente la mitad del australiano y un 15% inferior al canadiense.

Para 1900, la población argentina casi se había triplicado, superando a la australiana en un 25% y acercándose a la canadiense. El PBI se multiplicó por 5,5 veces y el ingreso por habitante se duplicó, con una tasa de crecimiento anual cercana al 2,5%. Fue un desempeño extraordinario en apenas tres décadas.

Los siguientes setenta años mostraron resultados más modestos —influidos por las guerras mundiales y la Gran Depresión—. La población argentina se quintuplicó y superó ampliamente a la de Australia y Canadá, mientras que el ingreso per cápita creció alrededor de un 1,3% anual. Australia avanzó algo más; Canadá, considerablemente más.

A partir de 1970, las diferencias se ampliaron de manera dramática. El ingreso per cápita argentino creció apenas 0,87% anual, mientras que Australia lo hizo a una tasa cercana al 2% y hoy triplica el ingreso por habitante de la Argentina. Canadá también superó ampliamente nuestro desempeño.

Analizar la transformación australiana —de una economía altamente protegida a una economía abierta y dinámica— resulta clave para pensar el futuro argentino.

Hacia 1970, Australia era una de las economías más cerradas del mundo: prohibía exportar hierro, mantenía controles de cambio, tenía grandes empresas y bancos estatales y contaba con una legislación laboral extremadamente rígida.

El punto de partida simbólico de las reformas fue la reducción unilateral del 25% de los aranceles, implementada el 18 de julio de 1973 por el gobierno laborista de Gough Whitlam. La medida fue adoptada de manera sorpresiva, incluso sin conocimiento previo del secretario del Tesoro. Inicialmente buscaba contener la inflación, aunque luego derivó en un proceso reformista mucho más profundo que se extendió durante tres décadas.