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CIPER DIFUNDE EL REPORTAJE QUE HACÍA EL PERIODISTA ROLANDO RODRÍGUEZ CUANDO SUFRIÓ UN ATENTADO EN PANAMÁ
Esta es la nota en la que trabajaba el periodista Rolando Rodríguez cuando su residencia, en la ciudad de Panamá, fue objeto de un atentado con explosivos durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, un ataque que puso en riesgo la vida de su esposa, Nadia. En solidaridad con Rolando Rodríguez, su familia y el diario La Prensa, 33 medios de comunicación de 15 países han decidido unir esfuerzos en una gran alianza para replicar y difundir la investigación que presentamos a continuación.
¿Qué tienen en común la construcción y modernización de torres y líneas de electricidad con la venta de instrumentos musicales al Estado? A primera vista nada. Pero detrás de ambos negocios están los mismos personajes, algunos de los cuales tienen un oscuro pasado. Y ahora están de vuelta, detrás de contratos que representan cientos de millones de dólares.
Para entender la complejidad de esta historia hay que retroceder hasta la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando un puñado de empresas recibía contratos de todo tipo del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN) y cuando empezaba a investigarse en Brasil la célebre Operación Lava Jato, que en Panamá derivó en el “caso Odebrecht”.
En ambos procesos apareció Roberto Carretero Napolitano, uno de los tres hermanos panameños que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton el año pasado. Los otros dos son Ramón y Vicente Carretero Napolitano.
En el caso Odebrecht, Roberto Carretero –y su hermano Ramón– fue investigados por el Ministerio Público por su rol en la sociedad Jiu Shun International Co. Ltd., constituida en Islas Vírgenes Británicas.
Aunque ambos aparecían como dueños de Jiu Shun, en el año 2008 Roberto Carretero cedió a su hermano –y socio– sus acciones de la offshore, mediante un contrato que tramitó el abogado Lictor Reyna, quien la había constituido en 2005.
A las cuentas bancarias de Jiu Shun arribaron millones de dólares de sociedades de cartón pertenecientes a la Caja 2 de Odebrecht, poseedora de una intrincada red de empresas fantasmas –nacionales y extranjeras– usadas para pagar coimas a funcionarios locales y extranjeros.
En septiembre de 2020, el Ministerio Público le formuló cargos a Roberto y Ramón Carretero, y en octubre de ese año, según la vista fiscal del caso, ambos tuvieron oportunidad de hacer sus descargos. Roberto, ante los fiscales del caso, se declaró inocente de lavado de activos y eventualmente obtuvo un sobreseimiento provisional solicitado por los propios fiscales.
Pero durante su indagatoria, Roberto Carretero confesó hechos que hoy revisten importancia. Afirmó que él era propietario de otras sociedades, según plasma la vista fiscal del caso Odebrecht, elaborada el 9 de abril de 2021. Específicamente, señaló como suyas las sociedades “Inversionista La Construcción” (cuyo nombre real es Inversionistas de Construcción, S.A.) y World Brands International.
Ahora hay que revisar el otro caso, en el que también fue acusado Roberto Carretero: la venta de instrumentos musicales al PAN, destinados a escuelas del Ministerio de Educación (Meduca). En este caso, Carretero, tras un proceso judicial de varios años, fue sobreseído por los tribunales de justicia.
El PAN –bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli (q.e.p.d.) en el gobierno de Martinelli– invitó a 13 empresas a participar en la compra de instrumentos musicales para las bandas colegiales. Todas las empresas invitadas resultaron ser de un solo dueño: Roberto Carretero, quien lo admitió cuando le pusieron las pruebas enfrente.
Sí, todas eran de él: Knight, Corp., Suministros del Pacífico, Corp., Proveedora General de Abastos, S.A., Proyectos Ideales, S.A., Importaciones Generales del Istmo, S.A., Eco Caribe, S.A., Global Spec, Corp., Inversiones de Construcción, S.A., Digimart International, Corp., Pan American Construction, Corp., Cloney Trading, Inc., Nulato Commercial, Inc. y Country Max, S.A. Lo admitió a los fiscales, pero dijo que no cometió delito alguno.
Nótese que entre esas sociedades estaba –una vez más– Inversionistas de Construcción, S.A., aunque, como en el caso anterior, su nombre estaba mal escrito.