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Economista, ingeniera comercial y licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado en CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Central de (ver mas)

La autora de esta columna sostiene que Estados Unidos convirtió los minerales críticos en una política que ha sobrevivido a Obama, Trump y Biden. Dice que Chile enfrenta ahora una prueba semejante: que gobierno y oposición sean capaces de preservar una estrategia más allá de la alternancia y evitar que el país siga siendo estratégico por lo que tiene bajo tierra y sustituible en todo lo que ocurre después.

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas puede leerse como otro episodio del acercamiento entre el gobierno chileno y la administración estadounidense. En materia de minerales críticos, esa lectura resulta demasiado corta. Estados Unidos no comenzó a preocuparse por las tierras raras con Donald Trump. En 2012, bajo Barack Obama, llevó ante la Organización Mundial del Comercio las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, tungsteno y molibdeno. En 2014 obtuvo un fallo favorable. Cambiaron después presidentes, instrumentos y retórica; permaneció el problema estratégico: una potencia industrial no puede ser indiferente a quién controla los insumos y capacidades de los que depende su economía.

Esa continuidad importa más que las diferencias entre administraciones. Obama enfrentó el problema principalmente mediante reglas comerciales y la OMC; el primer gobierno de Trump convirtió la dependencia de minerales críticos en un asunto explícito de seguridad económica; Biden profundizó la política industrial, la resiliencia de las cadenas de suministro y la cooperación con aliados; la actual administración Trump ha vuelto a modificar instrumentos y énfasis. No son políticas idénticas ni forman una trayectoria lineal. La continuidad está en otra parte: los minerales dejaron de ser simples mercancías para convertirse en parte de la infraestructura material del poder económico.

Para Chile, la lección no consiste en imitar a Estados Unidos ni en adoptar su definición de seguridad nacional. Consiste en comprender qué significa realmente una política de Estado. Si la criticidad de ciertos minerales responde a transformaciones tecnológicas, productivas y geopolíticas que sobreviven a los ciclos electorales, la estrategia chilena tampoco puede comenzar de nuevo cada cuatro años.

Hay señales de que esa continuidad empieza a construirse. La Estrategia Nacional de Minerales Críticos de 2026 fue concebida para orientar la acción estatal mediante planes de acción, mecanismos de seguimiento y trayectorias diferenciadas según mineral, territorio, factibilidad técnica y capacidades institucionales. Pero una estrategia aprobada por un gobierno todavía no constituye, por sí sola, una política de Estado. La prueba comienza cuando cambia el gobierno.

Por eso la oposición importa. Su función no consiste en adherir a los instrumentos escogidos por el Ejecutivo, sino en distinguir aquello que considera parte del interés permanente del país de aquello que legítimamente pretende modificar. Fiscalizar el acercamiento con Washington, exigir transparencia o resguardar la autonomía comercial de Chile son funciones propias de una oposición democrática. De hecho, parlamentarios opositores han planteado que los acuerdos sobre minerales críticos con Estados Unidos no deberían traducirse en preferencias de acceso, precios regulados ni restricciones al comercio con terceros. Al mismo tiempo, iniciativas parlamentarias han reconocido el carácter estratégico de los minerales críticos y las tierras raras.

No hay contradicción necesaria entre ambas posiciones. Una política de Estado no exige unanimidad ni congela las decisiones de un gobierno para el siguiente. Exige algo más difícil: acordar qué intereses deben sobrevivir a la alternancia y disputar democráticamente los instrumentos para protegerlos. En minerales críticos, ese núcleo puede incluir la autonomía para comerciar, la diversificación de socios, el resguardo de activos estratégicos, la acumulación de capacidades nacionales y una evaluación económica rigurosa de cualquier apoyo público. Gobierno y oposición pueden discrepar sobre cuánto Estado, qué instrumentos utilizar o con qué socios profundizar la cooperación sin volver a discutir desde cero si el problema existe.

La política exterior chilena ofrece una base para esa continuidad. Chile no ha construido su inserción en minerales críticos alrededor de una sola potencia. A través de distintos gobiernos ha desarrollado instrumentos de cooperación con Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, la Unión Europea y, con renovada intensidad, Estados Unidos. Esa diversificación no es una indecisión que deba corregirse con cada cambio presidencial: es un activo acumulado que conviene preservar.

Desde allí debe entenderse el acuerdo con Washington. En marzo, Chile y Estados Unidos establecieron consultas sobre minerales críticos y tierras raras; en abril suscribieron un memorándum sobre cadenas resilientes y seguras que comprende desde la exploración hasta el procesamiento. El 22 de septiembre, Chile se incorporó además al Escudo de las Américas. No son el mismo instrumento: el Escudo es oficialmente un marco voluntario de coordinación contra el crimen organizado; el memorándum pertenece a la cooperación bilateral sobre minerales. Confundirlos oscurece precisamente lo relevante: seguridad, comercio, tecnología y recursos comienzan a formar parte de una misma arquitectura geoeconómica.

Por eso la pregunta difícil no es si Chile debe elegir entre Estados Unidos y China. Formulada así, la discusión reproduce la dependencia que una política de Estado debería reducir. La pregunta es otra: ¿qué capacidades necesita conservar Chile para mantener grados de decisión propios dentro de cadenas productivas cada vez más disputadas?

Poseer el mineral no equivale a poseer la cadena. Entre una tierra rara bajo suelo chileno y un imán permanente utilizado en un automóvil eléctrico, una turbina o un robot existen extracción, concentración, separación, metalización, aleaciones y manufactura. Cada etapa requiere tecnologías, capital humano, financiamiento, energía, reactivos y compradores diferentes. Un país puede ser geológicamente indispensable y productivamente periférico.

Aclara ofrece una demostración concreta. Su proyecto Penco puede producir tierras raras en Chile, pero la compañía está desarrollando en Louisiana la planta que separará los distintos elementos. Allí proyecta también, mediante Aclara Metals —sociedad constituida en partes iguales con la chilena CAP—, avanzar hacia metales y aleaciones. El recurso puede originarse en Sudamérica mientras el aprendizaje industrial, la ingeniería y las capacidades posteriores se acumulan en Estados Unidos.

No hay anomalía en ello. Estados Unidos utiliza financiamiento, infraestructura, tecnología, demanda y política industrial para atraer hacia su territorio funciones que considera estratégicas. Es coherente con sus intereses. El interés chileno no tiene por qué ser contrario, pero tampoco es idéntico.