El terremoto desnuda el abandono del Chocó: anuncios de reconstrucción, pero comunidades que siguen esperando ayuda

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto no solamente derribó viviendas, edificios, escuelas y vías. También sacó a la superficie problemas que durante décadas permanecieron ocultos bajo la indiferencia institucional: pobreza, aislamiento, falta de infraestructura, violencia, desplazamiento y una deuda histórica con regiones como el Chocó.

Para el presidente Abelardo de la Espriella, que llevaba apenas tres días en el poder cuando ocurrió el desastre, el sismo representa la primera gran prueba de su Gobierno. Pero también constituye una prueba mucho más profunda: demostrar que las promesas de reconstrucción pueden convertirse en obras concretas y que los anuncios oficiales pueden transformarse en alimentos, medicinas, viviendas y asistencia para quienes todavía esperan en los territorios más apartados.

El Gobierno ha anunciado planes ambiciosos. La Presidencia calcula que la reconstrucción de las zonas más afectadas requerirá alrededor de 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 9.600 millones de dólares, de los cuales 24,5 billones corresponderían a daños en edificaciones y 5,5 billones a infraestructura. El Ejecutivo también declaró la emergencia económica, social y ecológica y puso en marcha mecanismos extraordinarios para movilizar recursos.

Pero entre Bogotá y las comunidades afectadas existe una distancia que no se mide únicamente en kilómetros.

Se mide en el tiempo que tarda una familia en recibir una carpa.

Y en la diferencia entre escuchar un anuncio presidencial y comprobar que la ayuda efectivamente llegó.

La administración de De la Espriella sostiene que ha desplegado ayuda humanitaria y que puso en marcha un plan nacional de reconstrucción. El Ministerio del Interior informó, por ejemplo, que habían llegado 18 toneladas de alimentos al Chocó, mientras se gestionaban carpas, medicamentos, alimentos, tanques de agua y maquinaria.

El Gobierno también anunció un programa de reconstrucción que pretende atender a decenas de miles de familias damnificadas mediante la participación del sector público, constructores, entidades territoriales, bancos, aseguradoras y cooperantes internacionales.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que en los territorios afectados todavía existen necesidades relacionadas con albergues, salud, servicios públicos, educación, evaluación de viviendas, censos de damnificados y entrega de ayuda humanitaria. El organismo también ha pedido mayor agilidad y cobertura para determinar el estado de las viviendas y avanzar en los planes de recuperación.

Esto significa que la discusión ya no puede limitarse a cuántos decretos firma el Gobierno o cuántos billones anuncia.

¿Cuánto de esa ayuda está llegando realmente a las comunidades más alejadas?

Porque para una familia que perdió su vivienda, una cifra anunciada desde Bogotá no es un techo.

Para un niño que perdió su escuela, un decreto no es educación.

Para una comunidad sin medicamentos, un plan nacional no es atención médica.

Y para quienes duermen bajo plásticos o en viviendas parcialmente destruidas, una promesa de reconstrucción no sustituye una vivienda segura.