Tragedia, colonia y metamorfosis política

Venezuela vive una tragedia histórica. El mundial de futbol había logrado desplazar de los grandes medios de comunicación internacional la situación colonial que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela desde el 3 de enero, mientras una parte importante de la izquierda continental y mundial agradecía esta salida del foco mediático, porque ya no encontraban argumentos para justificar la entrega que hace la Junta de administración colonial del país a los designios de Trump. Esta Junta de Administración Colonial está liderada por los hermanos Rodríguez (Delcy, Jorge) y Diosdado Cabelllo.

El 1 de mayo de 2026 será recordado como el momento en el cual comenzó a diluirse la ilusión que tenían amplias capas de la población trabajadora, respecto a que el nuevo momento político anunciado por la dupla Delcy-Trump, permitiera mejorar sus condiciones salariales y materiales de vida. El salario mínimo siguió anclado en menos de 0,4 de dólar mensual y la bonificación de los ingresos –sin incidencia salarial– no alcanzó los 200 dólares mensuales, además que estos bonos no les llegan a todos los trabajadores y trabajadoras. Mientras ocurría esto, el dólar se volvía a disparar (actualmente superior a los 745 bolívares), incentivando la inflación en un país donde cada producto de la cesta básica puede llegar a costar dos o tres veces más que la media regional.

Venezuela, de la mano de Marco Rubio volvió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial; aunque el Delcinato pretenda justificarlo como la única posibilidad de recuperar los 5000 millones de dólares retenidos por el FMI y que corresponden a Venezuela, la realidad es que esto implica un nuevo ajuste estructural de la economía. El antecedente más reciente de un paquete de medidas económicas y políticas contra la clase trabajadora, que no tenía nada que envidiar de las recetas neoliberales, lo aplicó Maduro, entre 2018-2025. Pero lo peor es que los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello,guardan absoluto silencio sobre el mantenimiento de las sanciones y el bloqueo de las cuentas internacionales de Venezuela que ha aplicado Estados Unidos desde el primer gobierno de quien ahora definen como socio, Donald Trump.

El 13 de mayo de este año, el gobierno venezolano daba a conocer el inicio de la reestructuración de la deuda venezolana en diálogo con el FMI, estimada para ese momento en 170 000 millones de dólares, cifra que contrasta con los 82 000 millones de dólares de ingresos que tendrá el país en 2026, según estimaciones del propio organismo multilateral. El 26 de mayo Delcy Rodríguez anunciaba la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, para hacerlo más eficaz, es decir, una reforma del Estado al estilo de las recomendaciones del FMI, centrada en achicar el Estado con el pretexto de hacer más eficiente el gasto público.

El 24 de junio, horas antes de desencadenarse la tragedia telúrica, el Financial Times anunciaba que el gobierno venezolano daría a conocer el monto de la deuda externa del país, reestimada en unos 240 000 millones de dólares, cifra que compite con la que originó la crisis de la deuda en Grecia, el país más endeudado de la Eurozona. Esta cifra explica la prisa de la Junta de administración colonial por reestructurar el gobierno y hace presumir despidos, cierre de instituciones públicas y la intensificación del corralito sobre el salario de la clase trabajadora local.

En Venezuela la relación trabajo-salario ha llegado a lo que algunos expertos del tema consideran como nueva esclavitud, o la desaparición del salario real y su sustitución por el concepto de ingresos (bonificaciones), como parte de la estructura económica local, causando la pérdida de derechos adquiridos, la precariedad de los montos por vacaciones, aguinaldos (treceavo mes) o la imposibilidad de contar con una pensión de jubilación que permita comprar por lo menos un remedio en las farmacias.

Con una nueva ley de Hidrocarburos, aprobada en modo fast track por el parlamento colonial de los hermanos Rodríguez y compañía, se reducen los ingresos petroleros venezolanos por barril, de 10 a 1,7 dólares, algo que hace añorar la ley del sector aprobada por la socialdemocracia en la década de los cuarenta del siglo XX. Todo parece indicar que, a corto plazo, se abre paso a una profundización trágica del ya conocido colapso de todos los servicios públicos. En solo una década (2014-2024) Venezuela perdió los elementos más palpables de la modernidad institucional burguesa, entrando a una fase deretorno a la pre-modernidad, a tal punto que la oferta electoral de 2024 se centró en la posibilidad de garantizar agua potable, electricidad, transporte público, seguridad policial, horario semanal en las escuelas y universidades que solo abrían sus puertas durante dos días.

Aunque parezca increíble, la diáspora migratoria, calculada en unos seis millones de venezolanos y venezolanas, ha logrado con sus remesas ayudar a solventar la crisis de ingresos, pero no hay dinero que logre mantener poder adquisitivo ante el avance desenfrenado de la inflación.

Un elemento importante, solo explicable como parte de la derrota histórica de la revolución bolivariana, es la simpatía que tuvo en la mayoría de la población la captura, secuestro y encarcelamiento en Estados Unidos de la pareja presidencial Maduro-Flores. A diferencia de 2002 cuando la población se volcó a las calles y derrotó el golpe de Estado contra Hugo Chávez Frias, en esta oportunidad solo se observaron menguadas concentraciones administradas por la cada vez más reducida base social del Madurismo, que en su liderazgo mutó rápidamente al Delcinato colonial. Las simpatías por la operación militar gringa tenían que ver con la situación material de vida de la clase trabajadora y el silogismo interpretativo que hacían: “si la desaparición del salario y la precariedad de la situación material de vida como efecto de las sanciones norteamericanas, tiene un origen en la rivalidad entre Maduro y Trump, si Maduro ya no está eso va a cambiar para mejor”. El común de la población pensó que se levantarían las sanciones, Venezuela podría vender libremente el petróleo y los ingresos permitirían mejorar su situación económica. Pero lo que ha ocurrido es el mantenimiento de esa precariedad e incluso su empeoramiento, lo que está convirtiendo las simpatías en desencanto y molestia con los gringos, aunque ello todavía no se torna en un movimiento antiimperialista con influencia de masas.

Terremotos

Pero cuando se pensaba que las cosas no podían empeorar más, la realidad terminó por demostrar lo contrario. Dos terremotos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Ritcher, sacudieron Caracas y el litoral de La Guaira el 24 de junio, un evento sísmico que los expertos califican como un “doblete”. Decenas de edificios colapsaron, otros quedaron inhabitables o con severos daños, siendo La Guaira ubicada frente al mar, la zona más afectada. Miles de muertos y cifras aún no estimadas de desaparecidos revelan la magnitud de la catástrofe.

Como en una película de horror, las primeras horas no contaron con la presencia del Ejército y los altos funcionarios en el escenario de los terremotos. Solo bomberos locales, defensa civil y un numero cada vez más creciente de ciudadanos y ciudadanas asumió por su cuenta la atención a las víctimas. Junto a la infraestructura colapsada por el terremoto, quedó sepultado el discurso de la alianza cívico-militar como motor del cambio en Venezuela.

Pero en política no hay vacío que se sostenga; por ello, un mar de manos y cuerpos solidarios construyó una cadena humana de auxilio, haciendo llegar desde todos los rincones del país medicinas, alimentos, ropas, enseres y herramientas rústicas para ayudar a rescatar a las personas atrapadas. Los equipos pesados de salvamento tardaron más de 36 horas en llegar, al tiempo que lo comenzaban a hacer las brigadas internacionales de ayuda, quienes fueron el motor de la labor humanitaria técnicamente calificada y testigos de lo que ocurría allí.

Casi todo el litoral de La Guaira quedó reducido a escombros, cayendo por igual urbanismos construidos por el sector privado como por el gobierno. Las denuncias de las y los afectados, quienes habitaban en apartamentos y casas de interés social entregadas por el gobierno nacional, muestran imágenes de errores estructurales de fabricación que demandan una investigación pública para determinar su certeza y eventuales responsabilidades.

Ante el abandono gubernamental continuado que siguió a las horas y días de la tragedia, la respuesta fue contundente de parte de la gente sencilla. Inmediatamente ocurrida la tragedia –lo cual contrasta con la inoperancia gubernamental– se generó una marea de solidaridad ciudadana, que se negaba a entregar los víveres y medicinas al gobierno porque desconfiaba de que llegarían a las víctimas. Caravanas, tras caravanas de motorizados voluntarios y autoorganizados conformaron un puente permanente de auxilio. La tardía respuesta oficial fue además torpe, pretendiendo detener esta marea solidaria, pero los retenes, alcabalas y piquetes policiales-militares de contención fueron superados, traspasados e ignorados por la ciudadania. Esta situación de rebeldía popular también expresaba profunda desconfianza en todas las formas institucionales e incluso en las organizaciones políticas, confiando solo en lo que hacían y entregaban directamente, de sus manos a los afectados. La consigna de “solo el pueblo salva al pueblo” comenzó a ser repetida por la gente de distintas inclinaciones ideológicas.

Muy pocos políticos se atrevieron a estar directamente en el lugar del desastre, desalentados quizá por el rechazo captado en cámaras para las redes sociales, que generó la visita de Jorge Arreaza (excanciller e integrante de la dirección del PSUV) y Nicolas Maduro Guerra (hijo de Maduro) a quienes la ciudadanía abucheó e increparon por la inoperancia del gobierno y los problemas de las viviendas sociales que cedieron ante los terremotos.