La mirada de Washington sobre la Argentina: la ley de Milei que preocupa, la definición sobre Malvinas y tres escenarios para 2027

Javier Milei llegó el miércoles a Washington para encontrarse con una Argentina que entusiasma. La de los proyectos petroleros y gas en Vaca Muerta, los minerales críticos y las inversiones que prometen cambiar la escala de las exportaciones. El jueves recibió aplausos y una distinción por su defensa de la libre empresa en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca. Ese mismo día, por la tarde, frente al Congreso argentino hubo piedras, gases y enfrentamientos durante la movilización por el financiamiento universitario.

Las dos escenas condensaron la distancia entre las expectativas que despierta el país afuera y los conflictos que atraviesan su transformación adentro. Son las dos Argentinas que el Gobierno necesita acercar antes de 2027. En Washington las observan con atención: quienes celebran las oportunidades de inversión también se preguntan si el costo de la transición puede poner en riesgo la continuidad del programa.

El Presidente llevó una respuesta confiada. Calificó los resultados sociales de su gestión como un milagro, defendió la apertura aun cuando genere efectos distintos entre sectores y se mostró convencido de que los argentinos volverán a elegir su modelo. Su certeza electoral, sin embargo, no clausura el debate en los despachos políticos y financieros estadounidenses.

En los ámbitos políticos, diplomáticos y financieros de Washington, el respaldo al rumbo argentino convive con advertencias. El interés estratégico por la Argentina excede la afinidad entre Milei y Donald Trump. Pero esa alianza tiene límites, y el entusiasmo económico también depende de decisiones que se toman en Buenos Aires.

En Washington, el entusiasmo por las oportunidades de inversión en la Argentina convive con una preocupación concreta: que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la denominada ley por las Malvinas termine levantando nuevas barreras para las empresas y complique los negocios que el propio Gobierno busca atraer.

El temor es que la iniciativa levante nuevas barreras en un mercado que el Gobierno busca abrir. La preocupación no se limita a una discusión diplomática: apunta al alcance económico de las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas y a cómo podrían afectar las decisiones empresariales.

La preocupación tiene una explicación concreta: la industria petrolera depende de una red internacional de proveedores especializados que no siempre permite separar los negocios de Malvinas de los proyectos argentinos. Las restricciones sobre esas compañías podrían encarecer servicios, demorar inversiones o dificultar campañas de exploración. El efecto podría alcanzar incluso a las operaciones de las propias empresas argentinas.

El cruce ya tiene ejemplos públicos. La firma Bluewater fabricó las monoboyas del oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por un consorcio encabezado por YPF, y tiene vínculos con Sea Lion. Fugro, también investigada por sus actividades relacionadas con las islas, anunció un contrato para el proyecto Argentina LNG de YPF y sus socios.

El Gobierno exhibe como un resultado favorable que grandes proveedoras hayan descartado trabajar en Malvinas para priorizar el mercado argentino. Pero la superposición de contratos muestra el riesgo de que el endurecimiento de las sanciones termine complicando también los proyectos energéticos que busca impulsar dentro del país.

La situación es seguida con atención en distintas oficinas públicas de Washington, donde se considera que la previsibilidad de las reglas y el acceso a los mercados son condiciones centrales para sostener el interés empresarial.

Milei anunció la iniciativa el 3 de septiembre, en una cadena nacional que combinó el rechazo al avance del proyecto petrolero Sea Lion con la expectativa abierta por declaraciones de Trump sobre una posible revisión de la posición estadounidense. La elaboración del texto tuvo a Legal y Técnica en el centro de la redacción y a Santiago Caputo entre sus impulsores políticos. El proyecto incorporó, además, modificaciones en seguridad y defensa que exceden las sanciones por recursos naturales.

La iniciativa todavía debe atravesar el Congreso. El miércoles 14, el oficialismo no consiguió cerrar un acuerdo para firmar dictamen y continuó negociando cambios con los bloques aliados.

La paradoja es que la inquietud aparece en sectores que acompañan la apertura argentina y esperan avances en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, conocido como ARTI. Durante la visita presidencial, Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional para habilitar el envío del entendimiento al Congreso.

El interés comercial convive con la búsqueda de garantías frente al calendario político. En ese punto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es valorado como una herramienta para sostener los proyectos aun durante la incertidumbre electoral.

La apuesta de Estados Unidos por profundizar la relación con la Argentina es decidida. La afinidad entre Milei y Donald Trump acelera ese acercamiento, pero el interés también responde al valor estratégico de los recursos argentinos. Ese respaldo, sin embargo, no implica un cambio de posición frente a Malvinas: en Washington no se prevé abandonar la neutralidad en la disputa por la soberanía de las islas.