El temor de las empresas por la avanzada de Milei con Malvinas, la nueva grieta en el PJ y la pelea entre Tapia y Toviggino

El lunes empezará una semana mucho más intensa, vertiginosa y delicada en el movimiento del tablero político nacional e internacional, que la que acaba de terminar. Una mamushka de sucesos cuya evolución y consolidación es indefinida pero que le garantiza al Gobierno un estado incipiente de control sobre la agenda, un objetivo siempre muy deseado que venía a los tumbos hasta la cadena nacional.

Se abrió, con los anuncios sobre Malvinas, un interregno para pulir el proyecto de ley que el lunes llegará a la Cámara de Diputados con la reforma de las leyes aprobadas durante el kirchnerismo para sancionar a quienes operen en Malvinas y a la vez en nuestro país.

Las principales petroleras extranjeras que operan en Argentina y también las que tienen domicilio nacional están en estado de reunión y movilización. YPF es una de ellas.

Se produjo una alerta máxima sobre el gigante noruego de ingeniería offshore DOF Group que vendió dos monoboyas imprescindibles para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) una megaobra de infraestructura que impulsa YPF en conjunto con Vista, de Miguel Galuccio, Pan American Energy, de los Bulgheroni, y Tecpetrol, del grupo Techint, entre otras.

El problema es que DOF Group también estaría vendiendo sus productos al proyecto Sea Lion de Malvinas. Hubo en estos días chequeos vertiginosos por comprobar el estado geográfico de situación de las boyas que ya fueron pagadas. Salieron del famoso estrecho de Ormuz y desde ese instante ya se consideran un producto argentino.

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Si eso se complicaba ponía en peligro “22 mil millones de dólares en exportaciones” que van a empezar a llegar cuando se termine la obra, confesó un integrante del círculo chico presidencial.

Es curioso porque, más allá del proyecto que el Gobierno enviará el lunes, donde ampliará los rubros de las compañías a ser sancionadas, personalizará las sanciones en directivos y propietarios de cualquier empresa o sociedad con algún tipo de vínculo con operaciones sobre recursos naturales en Malvinas y diversificará las restricciones hasta alcanzar al sector pesquero —que ya está incluido en otra norma—, ahora esta será una de las actividades económicas que no podrá, según la nueva ley, si se aprueba, operar en Malvinas y en aguas argentinas al mismo tiempo.

Ese punto, el pesquero, está funcionando como una bomba de alcance masivo. El lunes, las cámaras pesqueras ya estaban pidiendo reuniones con referentes del oficialismo en Diputados, en estado de desesperación. Hay ahí una meticulosa convivencia de sociedades que trabajan en Argentina y en Malvinas.

Si se hace lo que el Gobierno dice que va a hacer, perderán sus permisos de pesca. Esto significaría un tsunami en la industria y, sobre todo, una enorme oportunidad de reasignación de permisos, quién sabe a quién.

El Presidente, dice un funcionario que habló esta misma semana con él sobre el tema, está decidido a avanzar. A buscar convertir la causa Malvinas en una oportunidad geopolítica de otro orden, una especie de demostración cambiada del lugar que ocuparía Argentina según su expectativa o su análisis del contexto actual.

Esto incluye pronósticos inesperados mucho más propios de películas de ciencia ficción que de análisis esperables de la coyuntura pero está pasando. Es real.

En una disertación la semana pasada en Buenos Aires, el politólogo Andrés Malamud proyectó filminas de un estudio de la Fundación Global Challenges titulado “Sin lugar para esconderse. Resiliencia regional y vulnerabilidad global ante el riesgo de una catástrofe nuclear”.

Ahí se analizan papers científicos sobre riesgos -actualmente verosímiles- de reducción profunda de la luz solar por guerra nuclear, erupción volcánica o impacto de objeto cósmico; de un apagón general de infraestructura y electricidad por ciberataque o accidente de pulso electromagnético y el conocido riesgo de otra pandemia.

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