Luego de recibir cambios de los bloques aliados, el oficialismo en el Senado postergó una semana más el dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocido como “super-RIGI”. Un plenario de comisiones se reunió este miércoles pero La Libertad Avanza decidió un cuarto intermedio hasta la semana próxima porque aún no consiguió las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto. A último momento los aliados del PRO, la UCR y el peronismo federal buscaron incorporar más cambios.
La iniciativa que impulsa el Gobierno ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora se discute entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General de la Cámara alta. Este jueves el plenario sesionó desde las 13 hasta las 14.30, momento en que el libertario Agustín Monteverde anunció el cuarto intermedio. “El dictamen aún está circulando, no tiene todavía todas las firmas”, aseveró el senador del PRO Martín Goerling Lara en diálogo con SenadoTV. El oficialismo busca apurar una sesión en septiembre, pero aún tiene que negociar más cambios con los opositores dialoguistas.
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Los cambios que el Gobierno aceptó incorporar al proyecto, por pedido del PRO y la UCR, tienen que ver con que los proyectos de grandes inversiones en data centers cuenten con subestaciones eléctricas propias y que haya un piso de proveedores locales. Este miércoles, tras la comisión, se conocieron más modificaciones planteadas: un requisito extra para la obligación de compra de insumos a proveedores locales y un piso más alto para los bienes transables de desarrolladores locales.
“Estamos hablando de grandes inversiones que, sin este tipo de legislación, son difíciles de captar. A su vez, nos van a generar la posibilidad de tener grandes empresas que van a derramar en empresas satélites y van a lograr un círculo virtuoso”, afirmó en el debate el libertario Bartolomé Abdala. “El proyecto tiene muy bajo nivel de empleo y gran uso de recursos naturales de carácter estratégico, como reservas de agua dulce y energía. En la nueva redacción, nada se dice respecto a la certificación de las condiciones ambientales e infraestructura”, cuestionó el senador peronista Jorge Capitanich.
El proyecto aprobado por Diputados incorporó, a propuesta de la bancada del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, un programa de desarrollo de proveedores locales. La iniciativa establece que el 20% de la inversión deberá destinarse a contrataciones de bienes o servicios en el país.
Ahora, los senadores incorparon una cláusula para que dentro de las compras nacionales solo sean aceptados los bienes transables.
Otro de los cambios contempla requisitos para los proyectos que requieran un uso extremadamente elevado de energía, como la instalación de centros de datos. En esos casos, cuando el consumo pueda impactar en el servicio energético del municipio o la región donde se instale la empresa, los proyectos deberán contemplar su propio autoabastecimiento energético.
Desde el Pro, un sector del radicalismo y Provincias Unidas exigieron este mismo miércoles la incorporación de la obligación de compra de insumos a proveedores locales, incluso, cuando el producto nacional sea hasta un 15% más costoso que el importado. Y también un 40% en bienes tranzables de desarrolladores locales.
La iniciativa contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad por unos 30 años, para inversiones de al menos US$1.000 millones en industrias consideradas “del futuro” o todavía no desarrolladas en el país.
Entre los principales beneficios, el proyecto propone reducir el impuesto a las Ganancias al 15% y establecer una amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
También contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
Los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, mientras que los dividendos tributarán una alícuota del 7%, que se reducirá al 3,5% luego de cuatro años de adhesión al régimen.
Además, se plantea la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.
En cuanto a las divisas, el proyecto establece una disponibilidad progresiva de los dólares provenientes de las exportaciones. A partir de los tres años, los inversores podrán disponer del 100% de esas divisas.
