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La tensión en la cadena agroexportadora argentina volvió a alcanzar un punto crítico, pocos días después del paro de prácticos fluviales que ralentizó el comercio exterior.
En un clima de creciente incertidumbre para la economía nacional, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) lanzó un llamado a la responsabilidad institucional e instó al gobierno nacional a interceder de manera urgente para evitar un cese total de actividades en todas las terminales del país.
La advertencia surge tras la decisión de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) de convocar a un paro general, una medida de fuerza que amenaza con paralizar de inmediato los despachos de granos y derivados hacia el exterior.
La disputa, que se arrastra a lo largo del ciclo paritario anual, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de fricción tras el rechazo sistemático del gremio a la última propuesta económica de los directivos portuarios.
Ante el inminente riesgo de una parálisis logística, las empresas solicitaron formalmente la intervención urgente del ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo para que decreten la conciliación obligatoria bajo el marco de la Ley 14.786, buscando encuadrar el conflicto en una etapa de negociación con paz social garantizada.
En el centro del desencuentro se ubican las proyecciones inflacionarias y el cálculo del poder adquisitivo.
Desde la CPPC sostienen que han actuado con una vocación constante de diálogo y ajustando sus propuestas a los índices macroeconómicos objetivos que marca el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
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Según revelaron las terminales portuarias, el ciclo comenzó en enero de este año con un incremento inicial del 13,7%, al cual se sumaron diversos ajustes para cerrar las brechas del primer semestre.
La oferta final presentada por la cámara empresarial prevé un aumento del 16% sobre los salarios básicos de febrero a aplicarse con los haberes de agosto.
Esta suba elevaría el ajuste acumulado anualizado al 31,99%, una cifra que, según el sector privado, se ubica casi dos puntos por encima de la inflación anual proyectada por el propio Gobierno y organismos técnicos, estipulada en torno al 30,20%.
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Para destrabar el estancamiento, la propuesta empresarial incluyó además el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $359.095 para la tercera categoría —proporcional para el resto de las escalas— a saldarse en dos cuotas consecutivas a partir de este mes.
A esto se le sumó el compromiso formal de redactar una cláusula de revisión para corregir eventuales desvíos de la inflación real al iniciar la paritaria 2027, e incluso la aceptación de abonar por separado los reajustes correspondientes a mayo, junio y julio.
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