En ‘Historia canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
La izquierda política ha ido construyendo mitos para tener lugares de memoria que sirvan de incentivo para la movilización en el presente, para cargarse de razón y de justicia histórica. En ocasiones están tan inflados que pierden la perspectiva. Es el caso del llamado Trienio Bolchevique en Andalucía entre 1918 y 1920. Ni trienio ni bolchevique. A lo sumo, mucha conflictividad con el fantasma de la revolución comunista en Rusia en 1917.
Lo cierto es que la expresión «Trienio Bolchevique», acuñada por Juan Díaz del Moral, conviene emplearla con cautela, porque puede inducir a una lectura excesivamente homogénea y, en parte, sobredimensionada del fenómeno. No se trató de un proceso revolucionario en sentido estricto ni de una tentativa de implantación de un modelo soviético en el campo andaluz. Lo que se produjo fue una intensificación de la conflictividad social en un contexto de crisis económica, desigualdad estructural en la propiedad de la tierra y precariedad persistente de las condiciones de vida de la población jornalera, todo ello aprovechado por el PSOE, la UGT y la CNT.
La denominación «bolchevique» respondió a la campaña política de unos y otros más que a la realidad. En determinados sectores conservadores, la referencia a Rusia funcionó como recurso retórico para exagerar el alcance de las protestas y justificar medidas de contención. En sectores sindicalistas de izquierdas, por el contrario, el término tenía un valor simbólico, de movilización y violencia, asociado a la idea de ruptura con el orden existente. Sin embargo, la movilización andaluza no obedeció a un programa leninista ni a una estrategia coordinada de formación de soviets inspirada por los acontecimientos rusos, sino a circunstancias sociales y económicas locales agravadas por la coyuntura internacional.
La cronología del fenómeno también requiere precisión. La expresión «trienio» es útil como fórmula convencional, pero la mayor parte de la conflictividad se concentró entre 1918 y 1919, con prolongaciones y repercusiones hasta 1921 en algunos lugares. La intensidad del movimiento no fue uniforme en todo el territorio ni en todo el periodo. Hubo zonas de mayor agitación y otras en las que la movilización fue más limitada. Por ello, conviene entender el fenómeno como un ciclo de conflictividad y protestas, no como un movimiento revolucionario comunista al estilo soviético.
Uno de los factores centrales fue la coyuntura económica generada por la Primera Guerra Mundial. La neutralidad española favoreció las exportaciones agrarias e industriales, lo que provocó inflación y el aumento de los precios de los productos básicos, traduciéndose en una pérdida de capacidad adquisitiva para los asalariados agrícolas. Los salarios crecieron menos que el coste de la vida y, en algunos casos, permanecieron prácticamente estancados.
Esta situación propició el aumento de la movilización social y la sindicación en el campo y en las ciudades, bien alimentada por los discursos de anarquistas y socialistas que vieron una buena oportunidad para hacer la revolución o ganar influencia. La competencia entre las izquierdas fue muy dura. Mientras la CNT seguía siendo fuerte en el mundo campesino, con una estrategia basada en la acción directa, la huelga y la violencia sobre patronos y autoridades, la UGT y el PSOE intentaron ampliar su influencia mediante una política reformista de mejoras concretas.
La competencia entre socialistas y anarquistas hizo que ambos alimentaran la insatisfacción recurriendo a las emociones y a la promesa de la resolución de todos los problemas, unos a través de la violencia y otros de las reformas. La culpa de todo, decían, la tenía el capitalismo asentado en España en una monarquía oligárquica y burguesa. Ambos hablaban de la lucha de clases como motor del cambio histórico que haría justicia con los trabajadores. En realidad, era un discurso de odio social que se cultivó hasta la Guerra Civil con consecuencias desastrosas.
Las formas violentas se extendieron por muchos rincones de Andalucía desde 1918. En el campo hubo sabotajes, destrucción de bienes, incendios de cosechas, matanzas de animales y sustracción o inutilización de aperos de labranza. Estas prácticas se concentraban a menudo en momentos clave del calendario agrícola, como la siega o la siembra, cuando el impacto económico de la interrupción del trabajo podría ser mayor.
En los núcleos urbanos, por su parte, hubo huelgas y enfrentamientos violentos entre sindicalistas y fuerzas del orden con muertos en algunos casos. Sevilla y Málaga fueron escenarios especialmente significativos de este tipo de conflictividad, donde los huelguistas hablaban de usar «la bomba y la pistola». De hecho, asesinaron a un industrial sevillano en 1921. Córdoba fue el epicentro del llamado Trienio Bolchevique con 117 huelgas en 1918 y 141 en 1919. En total, se estima que se produjeron 322 huelgas en esta provincia durante todo el periodo. Cifras similares hubo en Jaén, Málaga, Sevilla y Granada. También hubo coordinación, especialmente en noviembre de 1918, cuando decenas de pueblos se pusieron en huelga al mismo tiempo.
La respuesta del Estado y de los sectores patronales también fue contundente. El Gobierno recurrió en repetidas ocasiones a la suspensión de garantías constitucionales, a la declaración del estado de guerra en determinadas provincias y a la actuación de la Guardia Civil y del Ejército. En agosto de 1918, se declaró el estado de guerra en Jerez de la Frontera como respuesta a la intensidad de las protestas jornaleras. El 29 de mayo de 1919, el Gobierno declaró el estado de guerra en toda la provincia de Córdoba para sofocar las huelgas agrícolas que afectaban a 33 municipios. Esta declaración supuso la ocupación militar de la zona bajo el mando del general La Barrera, el cierre de asociaciones obreras y la detención sistemática de sus dirigentes. En todo el territorio se procedió a la clausura de centros socialistas y anarquistas, la prohibición de reuniones, las detenciones de líderes sindicales y su alejamiento forzoso de los focos de conflicto.
Junto a la acción del Estado, también se desarrollaron mecanismos de defensa patronal y de movilización conservadora. Por ejemplo, se favoreció la expansión del sindicalismo católico, como la Confederación Nacional Católico-Agraria, fundada en 1917. El Somatén, que era una milicia voluntaria de ciudadanos para ayudar a la fuerza pública, funcionó como un instrumento auxiliar de orden y vigilancia en manos de sectores conservadores, con el respaldo implícito o explícito de las autoridades locales en determinados contextos.
El agotamiento del ciclo de movilización comenzó a hacerse visible hacia 1920. La represión, las divisiones internas entre socialistas y anarquistas, que se disputaban el protagonismo, y la dificultad para sostener huelgas prolongadas limitaron la continuidad de la protesta. La experiencia acumulada en estos años modificó el repertorio de acción colectiva que reapareció de forma diferente en 1923, ya que la UGT colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y fue prácticamente el sindicato oficial de la Segunda República, mientras que la CNT siguió la senda revolucionaria contra todo régimen político.
No puede verse el episodio de Andalucía como un hecho aislado en Europa, lo que en parte explica la reacción del Estado español. Al mismo tiempo, en Italia tenía lugar el Bienio Rojo, que fue también un periodo de intensa conflictividad social entre 1919 y 1920. Surgió en un contexto de crisis económica posbélica, inflación descontrolada, desempleo masivo y desmovilización de millones de soldados tras la Primera Guerra Mundial. La combinación de frustración social, radicalización política y expectativas revolucionarias generó un clima que muchos contemporáneos interpretaron como revolucionario.
El epicentro del movimiento estuvo en el norte industrial italiano, especialmente en Turín y Milán, donde surgieron los «consejos de fábrica», inspirados en los soviets rusos. Estos organismos representaban una forma de democracia obrera directa, elegidos por los propios trabajadores y orientados a controlar la producción, supervisar la gestión empresarial e incluso sustituir a la dirección de las fábricas. El primer consejo nació en la planta de FIAT en 1919, extendiéndose rápidamente por el Piamonte y la Lombardía. No fue un movimiento pequeño, sino coordinado y revolucionario. En 1919 se registraron 1.663 huelgas industriales, con más de un millón de trabajadores implicados. En 1920, la cifra ascendió a 1.881 huelgas, acompañadas de ocupaciones de fábricas y experimentos de autogestión obrera. En el campo, especialmente en la llanura padana, se multiplicaron las huelgas campesinas, los disturbios rurales y los choques entre milicias de izquierda y grupos paramilitares de derecha. El punto culminante llegó en septiembre de 1920, cuando decenas de miles de obreros ocuparon fábricas enteras —incluidas las de Alfa Romeo en Milán— y las pusieron a producir bajo control obrero. Aunque el movimiento mostró una enorme capacidad de movilización, careció de una dirección política unificada: el Partido Socialista Italiano y la Confederación General del Trabajo (CGL) no apoyaron plenamente la vía insurreccional. Esto demuestra que los andaluces no estuvieron solos, aunque su Trienio poco tuvo que ver con el Bienio italiano.
