Análisis | El regreso del fujimorismo al poder

Qué significa la llegada de Keiko Fujimori para la estabilidad política y el papel internacional de Perú

La política peruana inicia una nueva etapa marcada por el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno. Tras casi una década de sucesivas crisis institucionales, cambios presidenciales, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, protestas sociales y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la victoria de Keiko Fujimori representa mucho más que una alternancia política. Simboliza el retorno de una de las corrientes políticas más influyentes, controvertidas y duraderas de la historia reciente del país, con la promesa de recuperar la estabilidad institucional, reforzar la seguridad y reactivar una economía que, pese a mantener importantes fortalezas macroeconómicas, ha visto debilitada su capacidad para atraer inversión por la incertidumbre política permanente.

La llegada de Fujimori también tendrá consecuencias más allá de las fronteras peruanas. Perú ocupa una posición estratégica en la costa del Pacífico sudamericano, mantiene estrechas relaciones económicas con Asia, Estados Unidos y la Unión Europea y constituye uno de los principales productores mundiales de minerales esenciales para la transición energética, como el cobre, la plata o el zinc. La orientación internacional del nuevo Gobierno será observada con atención tanto por Washington como por Pekín, en un momento en que América Latina vuelve a convertirse en un espacio de creciente competencia geopolítica.

Más allá del debate ideológico que siempre ha acompañado al apellido Fujimori, el verdadero desafío será comprobar si el nuevo Ejecutivo logra devolver previsibilidad política a un país que, durante los últimos años, ha vivido prácticamente instalado en una crisis institucional permanente.

Desde 2016, Perú ha protagonizado una de las etapas más convulsas de su historia democrática reciente. La sucesión de presidentes, las destituciones parlamentarias, las mociones de vacancia, las investigaciones judiciales, la confrontación permanente entre poderes del Estado y las movilizaciones sociales deterioraron progresivamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Pese a mantener durante años algunos de los mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, el país fue incapaz de traducir esa fortaleza económica en estabilidad política.

La incertidumbre terminó afectando a la inversión privada, ralentizando importantes proyectos mineros y generando dudas entre los inversores internacionales sobre la capacidad del Estado para ofrecer un marco jurídico y político previsible.

El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un país cuya prioridad ya no es únicamente crecer, sino recuperar la normalidad institucional.

La estabilidad política se ha convertido en el principal activo económico que Perú necesita reconstruir.

Uno de los principales compromisos del nuevo Ejecutivo consiste en reactivar el crecimiento económico mediante un clima más favorable para la inversión.

Perú dispone de importantes ventajas estructurales. Su riqueza minera, una deuda pública relativamente contenida, un sistema financiero sólido y una economía tradicionalmente abierta al comercio internacional constituyen una base sólida sobre la que impulsar una nueva etapa de crecimiento.

Sin embargo, el potencial económico del país ha permanecido parcialmente bloqueado por la incertidumbre política.

El Gobierno de Keiko Fujimori previsiblemente apostará por acelerar grandes proyectos de infraestructuras, desbloquear inversiones mineras, reforzar la seguridad jurídica y recuperar la confianza del sector privado.

La explotación de minerales críticos adquiere además una dimensión geopolítica creciente. El cobre peruano resulta esencial para la electrificación mundial, la industria tecnológica y la transición energética, lo que convierte al país en un actor cada vez más relevante dentro de las cadenas globales de suministro.

La seguridad será otro de los grandes ejes del nuevo mandato.