La reforma del Estado, por Humberto García Larralde

La reforma del Estado debe asegurar los preceptos constitucionales que resguardan la estabilidad macroeconómica: equilibrio presupuestario plurianual (artículo 311), límites al endeudamiento anual, prohibición del financiamiento monetario del gasto público (Art. 320), y la autonomía del Banco Central para cumplir con la estabilidad de precios y la preservación del valor interno y externo de la moneda (art. 318).

Delcy Rodríguez ya se sabe en campaña electoral. Las expectativas creadas con el regreso de María Corina Machado dejan poco espacio a las evasivas sobre la convocatoria de elecciones. Consciente de que no tiene de otra, se lanzó al ruedo arrogándose la capacidad de resolver problemas que, como vicepresidente de Maduro, contribuyó a crear. Vendrían, para el próximo año, cuatro ajustes salariales, inversiones y la recuperación de servicios públicos. Pongamos en perspectiva estas promesas.

Lo primero que hay que constatar ante estas u otras ofertas, es que Venezuela, arrasada por más de un cuarto de siglo de expoliación chavista, parte de cero. De estar entre los latinoamericanos más prósperos en la segunda mitad del siglo XX, hoy compartimos el sótano junto a Haití, Nicaragua y Honduras.

Como objetivo central de política se impone el desarrollo acelerado de nuestras fuerzas productivas para atender la emergencia humanitaria compleja, generar empleo productivo cada vez mejor remunerado, recuperar los servicios públicos y garantizar las libertades para incentivar la iniciativa privada, atraer capital extranjero y estimular el aporte de todos los venezolanos, incluyendo a quienes, hoy, integran la diáspora.

Debe enmarcarse en una economía de mercado con estabilidad de precios, tipo de cambio competitivo, y con un Estado dedicado a proveer bienes públicos y políticas sociales que respondan a los criterios de justicia social imperantes en el país. Requiere, como tanto se ha insistido, instituciones sólidas y eficientes que las sustenten.

Su degradación y desmantelamiento durante los últimos 27 años obliga a una reforma integral del Estado venezolano. Entre otras cosas, significa privatizar empresas convertidas en desaguadero de recursos públicos y fuente de corruptelas, sanear las cuentas públicas, remunerar mejor a los empleados públicos con criterios de meritocracia, asegurar la calidad y cobertura de los servicios públicos, y dotar a las dependencias públicas para que puedan cumplir con sus funciones y para que contribuyan a fomentar la reactivación de la economía.

Tales reformas demandan dinero que el país no posee. Tampoco puede obtenerlos con financiamiento externo, al estar en default desde 2017 y pesar sobre él una deuda imposible de pagar, dada la caída en la exportación de crudo. Por tanto, el Estado está obligado a recuperar su acceso a los mercados financieros internacionales, y ello solo ocurrirá si logra reestructurar su deuda pública externa.

Distintas estimaciones sitúan su valor (nominal) en más del doble del PIB venezolano y seis veces el monto de sus exportaciones de 2025. La diversidad de pasivos financieros en juego, las condiciones disímiles de su concertación y dudas sobre su legitimidad o legalidad, hacen que la reestructuración sea muy compleja.

Requiere, además, la dispensa de la licencia 58 de la OFAC para transar papeles de deuda. Debe evitar ser vehículo para corruptelas y/u operaciones de lavado de dinero para no dar pie a reclamos judiciales que trabarían su negociación.

Un proceso tan complejo debe contar con un equipo negociador altamente calificado y con asesoramiento del FMI. Su análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) debe servir para fundamentar la obtención de años de gracia, la extensión de plazos, rebajas del principal y de los intereses, y acceso a nuevos financiamientos, de forma que Venezuela pueda cumplir con los nuevos compromisos y enfrentar, a la vez, los ingentes problemas de hoy.

El apoyo del FMI obliga a Venezuela a cumplir con el examen de sus políticas macroeconómicas –equilibrios fiscales, externos, estabilidad de la moneda– contemplado en el artículo IV de su convenio constitutivo. Se asegura, así, su capacidad de pago de sus compromisos externos.

Condicionado a ello, se abren posibilidades de financiamiento preferencial que ayudarán a solventar importantes necesidades. El aval del FMI contribuirá, asimismo, a restablecer la confianza de la inversión privada internacional en Venezuela al apuntalar su apego a un orden internacional amparado en reglas.

Ello también posibilitará acuerdos con otros países. Igualmente, allana financiamientos por parte de otros multilaterales –Banco Mundial, BID, CAF– y la participación en convenios bilaterales de protección recíproca de inversiones, así como en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi, adscrito al Banco Mundial) que piden los inversionistas.

Pero, el gobierno de facto contrató, en términos onerosos y poco claros, a CenterView Partners para la reestructuración, vinculado, presuntamente, a personeros del gobierno de EEUU, marginando al FMI.

La reinserción provechosa de Venezuela al intercambio financiero y comercial del mundo se ampara en su industria petrolera, su fuente principal de ingresos. De ella depende asegurar el reembolso de los préstamos de los entes multilaterales, así como el respaldo a la reestructuración de la deuda externa y la recuperación de sus reservas internacionales.