El insoslayable problema de la deuda pública, por Humberto García Larralde

La forma en que se maneje la deuda pública externa de Venezuela determinará sus posibilidades de recuperación. De ser cierta la cifra que publica el Financial Times (USD 240 mil millones), duplicaría con creces el valor de su Producto Interno Bruto (PIB) actual. Un monto imposible de pagar.

La deuda propiamente financiera la componen bonos de la República, de Pdvsa y de la Electricidad de Caracas. Su valor nominal (capital) asciende a más de USD 96 mil millones. Sin embargo, la capitalización de los intereses acumulados desde el default de 2017 hacen que la cifra total se sitúe, hoy, por encima de los USD 110 mil millones.

Según Transparencia Venezuela, para finales de 2024 existía, como deuda no financiera, unos USD 4 mil millones con los multilaterales, casi USD 20 mil millones de deuda bilateral –en la que destaca la contraída con China–, litigios y laudos arbitrales con inversionistas extranjeros y una deuda del BCV de más de USD 6 mil millones. Sumarían más de USD 60 mil millones adicionales. En total, superaría los USD 170 mil millones.

El FT no aclara porqué su cifra es bastante superior. Podría deberse a acuerdos confidenciales con Rusia, China y/o Irán, para la adquisición de armamentos o equipos de seguridad del Estado, sin descartar ilícitos «legitimados» a la sombra. También puede que el FT simplemente se haya equivocado, ya que no cita fuentes.

Sea como fuere, tan gigantesco monto de ninguna manera debe interponerse a la prioridad indiscutible que tiene, hoy, atender a los afectados por los devastadores terremotos del 24 de junio y reparar los inmensos daños materiales ocasionados. Éstos se calculan entre 19,6 (Banco. Mundial) y 37 mil millones de USD (Oficina de las NN.UU. para la Reducción del Riesgo de Desastres).

¿Cómo puede un país devastado doblemente, primero por el chavismo y luego por los terremotos, afrontar tan abrumadores compromisos? ¿Cuál es su capacidad real de pago?.

El FT publicó el 22 de julio que la Tesorería de EEUU había recaudado, desde comienzos de año, unos USD 13 mil millones por exportaciones petroleras venezolanas. No ha dado información sobre cuánto de este monto se lo ha quedado para cobrar deudas y otros compromisos asumidos –Trump alardea haber recuperado varias veces los gastos de la operación «Resolución Absoluta»–, cuánto le ha entregado al interinato, ni tampoco cómo se ha gastado.

Los sueldos de los empleados del Estado continúan muy deprimidos, los servicios públicos muy precarios y Pdvsa sigue requiriendo del financiamiento monetario del BCV para cancelar sus cuentas con el fisco. Son indicativos del escaso margen (espacio) fiscal existente. Además, la base tributaria interna se ha achicado mucho y la corrupción merma las alforjas públicas.

Con el default de 2017 y las sanciones de la OFAC, Venezuela es paria en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo asumir los impostergables gastos de reconstrucción luego de los terremotos? En tales condiciones, servir la deuda externa es un disparate.

Es obvio, entonces, la necesidad de Venezuela de negociar con sus acreedores la reestructuración de estos compromisos. Negarse a pagar, aduciendo que buena parte de esa deuda es ilegal y/o que fue contraída de manera irresponsable y criminal, si bien puede avalarse por razones éticas y de justicia, debe evaluarse contra la negativa de acceder a dinero fresco, tan necesitado en este momento. Nadie le presta dinero a quien, de entrada, dice que no pagará las deudas que se le atribuyen.

Pero acceder a los mercados financieros internacionales, no puede ser a costa de las necesidades imperiosas de reconstrucción y recuperación del país. Lo que se acuerde debe ser consistente con sus posibilidades reales de pago en las actuales condiciones. Implica negociar un período amplio de gracia, extensión de plazos, rebaja de intereses y una reducción (“quita”) significativa de los montos adeudados.

El análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) es, por tanto, imprescindible. Pero exige aclarar las cuentas sobre variables fundamentales de la economía nacional y de la sostenibilidad intertemporal del presupuesto público, así como programas de estabilización y reforma que auguren el cumplimiento de los compromisos asumidos sin sacrificar la atención a las necesidades imperiosas de la población.

En este marco, la postura ética, de justicia, tiene mucho sentido si logra fortalecer la posición negociadora de la nación frente a sus acreedores, sobre todo, de cara a la terrible tragedia actual. Pero el camino escogido por el interinato para abordar la reestructuración parece ir en dirección contraria.

Contratar a la firma, Centerview Partners, por USD 150 millones y pagos mensuales por USD 750.000, más una comisión de éxito equivalente al 0,1% del monto reestructurado, preocupa. Compromete ingentes recursos que representan un altísimo costo de oportunidad para la recuperación del país en estos momentos, sin que transmita certeza alguna de que vale la pena.

Circulan versiones de que este contrato lo gestionó Maurice Claver Carone, quien ocupó la presidencia del BID entre 2020 y finales de 2022 –el único estadounidense en haber ejercido ese cargo, tradicionalmente reservado a América Latina– y es ahora, en la segunda presidencia de Trump, Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, vinculado, por tanto, con Marco Rubio.