‘Los Primos’ Farías Laguna operaban nombramientos en aduanas para red de huachicol fiscal: FGR

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán e identificados como “Los Primos”, presuntamente intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas y de la propia Secretaría de Marina para operar una red de huachicol fiscal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, reveló que Manuel Roberto Farías Laguna gestionaba directamente nombramientos y promociones de personal, con lo que la organización habría construido una estructura de complicidades para facilitar la entrada ilegal de hidrocarburos al país.

Como parte de las investigaciones, la FGR cateó una bodega que Farías Laguna arrendaba en la Ciudad de México, donde encontró listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, así como documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.

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En el inmueble también quedaron localizados objetos de lujo y armas sin el debido registro, de acuerdo con Godoy, quien señaló que los datos de prueba recabados contra los hermanos Farías Laguna se encuentran actualmente bajo valoración del Poder Judicial.

La fiscal detalló que la red operaba mediante buques que zarpaban principalmente desde Texas cargados con hidrocarburos, declarados al ingresar a México como aceite o aditivos para modificar su tratamiento fiscal y evitar el pago correspondiente.

Para permitir cada embarque, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos, mientras que las inspecciones eran simuladas mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para conseguir que el combustible quedara liberado sin una revisión efectiva.

La organización, según las investigaciones, también establecía calendarios de arribo de los buques en coordinación con integrantes de la cadena de complicidades y ordenaba desactivar cámaras para impedir que quedara registro de las descargas.

Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de compañías fachada y triangulaciones financieras servía para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por su comercialización.

“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero” constituían, de acuerdo con Godoy, el ciclo mediante el cual funcionaba el negocio ilegal atribuido a los hermanos Farías Laguna y sus cómplices.

La FGR aseguró que las investigaciones permitieron identificar operaciones relacionadas con la misma estructura criminal en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, así como seguir el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces involucrados en las distintas etapas de la cadena.

La indagatoria se originó en 2024, cuando el entonces secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, denunció ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.

A partir de esas investigaciones, las autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, operación que, según Godoy, permitió descubrir que detrás del cargamento no se encontraba un contrabandista aislado, sino una compleja organización con capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución.

La titular de la FGR rechazó que el involucramiento de integrantes de la Marina implique responsabilidad de toda la institución y destacó que el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones.

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