Gobierno saliente radicará proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en Colombia

El próximo 20 de julio, en lo que será una de sus últimas acciones legislativas, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente radicarán ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el territorio nacional. El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien señaló que la iniciativa se construyó de manera conjunta con la bancada del Pacto Histórico y se fundamenta en evidencia científica sobre los riesgos ambientales, sociales y de salud pública que genera esta técnica de extracción.

La fecha elegida no es casualidad: coincide con la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030 y antecede la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Con esto, la administración saliente de Gustavo Petro busca dejar blindada la propuesta antes de entregar el poder. "Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas", afirmó Palma, criticando además los intentos de gobiernos anteriores por implementar esta práctica.

El futuro del proyecto de ley quedará en manos de un Congreso renovado y enfrentará un panorama político complejo. La administración entrante, liderada por Abelardo de la Espriella, tiene una visión opuesta: su meta es reactivar el fracking para potenciar la producción de hidrocarburos, que representan la principal fuente de ingresos por exportaciones del país. No obstante, el presidente electo se ha comprometido a no intervenir páramos ni zonas protegidas, asegurando que se respetarán las normas ambientales vigentes.

El ministro Palma también se refirió al proceso de empalme, lamentando que la administración entrante decidiera no continuar con los espacios de articulación institucional, por lo que el ministerio mantendrá los canales abiertos para que el país conozca el estado real de la gestión energética.

El anuncio de la ley antifracking se dio durante la entrega de 2.494 paneles solares en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar. Este proyecto de energía limpia contó con una inversión de 36.000 millones de pesos y beneficiará a más de 4.300 habitantes de la región.

Según la cartera minero-energética, esta infraestructura generará 1.870 MWh de energía al año y evitará la emisión de 340 toneladas de dióxido de carbono, sirviendo como balance de la apuesta del gobierno actual por la "democratización de la energía" en los territorios históricamente excluidos.